El Gobierno quiere pactar la expulsión de los benedictinos para evitar una guerra con los obispos. Se baraja un párroco designado por el Arzobispado de Madrid o una comunidad laica como Sant Egidio
En un principio, hay acuerdo para que el templo no se desacralice, por lo que la basílica y la cruz no se tocarían. Podemos había pedido derribar el monumento de 150 metros de altura y brazos de 24 metros para construir con sus restos un monumento a las víctimas, pero esto no entra dentro de los planes del Ejecutivo. Sobre la mesa hay varias opciones que podrían favorecer el consenso Iglesia-Estado. Más allá del ruido mediático para agitar a su electorado, el presidente quiere mantener buenas relaciones con el Vaticano. Sus ministros son asiduos a Roma, especialmente Bolaños, que ya ha acudido en dos ocasiones. La primera, para una audiencia privada con el Papa. La vicepresidenta Yolanda Díaz también buscó la bendición de Francisco.
Entre las fórmulas que se estudian está delegar en el Arzobispado de Madrid la atención pastoral y litúrgica. De esta forma, el cardenal Carlos Osoro designaría una figura que podría ser la de un capellán o párroco para las labores de culto. Otra de las posibilidades es que se entregue a otra comunidad religiosa de vida consagrada. Una tercera vía pasaría por dejar el recinto en manos de un movimiento de laicos. En este caso, ya se habría dejado caer el nombre de la Comunidad de Sant Egidio, que ya se barajó en la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Su principal aval radica en ser una organización católica de prestigio internacional por abanderar procesos de paz y reconciliación. En definitiva, la Moncloa daría luz verde a una presencia católica “menos facha”, lo que permitiría borrar las misas a Franco. La máxima es que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la dictadura”.
Sea cual sea la fórmula, el equipo de Bolaños hereda de Carmen Calvo el empeño de sacar sí o sí a los benedictinos. De hecho, el Gobierno ya ha dado pasos para preparar la expulsión de los monjes por su beligerancia ante el traslado de los restos del dictador y los ataques del prior, Santiago Cantera, a sus políticas. Con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática se ha derogado el decreto franquista de 1957 que otorgaba la titularidad de este enclave a la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos, que mediante un convenio con los monjes de Silos propició la llegada de la comunidad benedictina.
Esto significa que la comunidad vio congelados en 2019 los 340.000 euros anuales para el mantenimiento del recinto. En el aire queda qué pasará con todo el recinto más allá de la basílica, esto es, con la hospedería y con el internado, donde se forma la escolanía. En principio, el Ejecutivo pretende crear un centro de la memoria democrática que explique el porqué de Cuelgamuros, lo que obligaría a cerrar tanto el colegio como el edificio que actualmente acoge a los peregrinos que acuden para participar en retiros y ejercicios espirituales.
El pasado día 20, en el aniversario de la muerte del dictador, hubo manifestaciones a las puertas del recinto para exigir la inmediata expulsión de los monjes. En el otro bando, se escucharon cánticos fascistas, vivas a Franco y se cantó el Cara al Sol, con la peculiaridad de que este año suponían un desafío a la Ley de Memoria Democrática, que ya está en vigor. El Ejecutivo anunció este lunes que abrirá expedientes sancionadores a las personas y organizaciones que protagonizaron estos actos de enaltecimiento de la dictadura. Para ello, ha solicitado a todas las delegaciones de Gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar conductas contrarias a la nueva norma que pueden acarrear multas de hasta 150.000 euros.
