► Una muestra en el Archivo Histórico Provincial de Alicante analiza la maquinaria de represión puesta en marcha tras el conflicto bélico
► Las mujeres también fueron juzgadas en Consejos de Guerra y condenadas por varios motivos, algunas también por masonería
EL MUNDO | DANIEL MOLTÓ | ALICANTE | 12-12-2016
El Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) inauguró a finales del pasado mes de noviembre una exposición monográfica sobre la Guerra Civil Española, muestra que podrá visitarse hasta el próximo mes de junio y que surge en colaboración con la concejalía de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Alicante. De hecho, el comisariado de la misma ha sido compartido con el jefe de departamento de Memoria Histórica del consistorio alicantino, Pablo Rosser, quien además se ha encargado de documentar dos apartados concretos de la exposición: Contra la República en Alicante y La investigación de los fondos del AHPA relacionados con la Memoria Histórica y Democrática.
El importante fondo documental con el que cuenta el Archivo sobre este tema ha servido como punto de partida para trazar un recorrido que va desde el origen y desarrollo de la contienda a la instrucción y la educación pública durante el periodo bélico. Destacan, además, capítulos específicos dedicados al último gobierno republicano en Elda o al exilio político de los alicantinos de la II República.
Uno de los asuntos más interesantes y documentados se centra en la represión judicial y social puesta en marcha durante la Guerra Civil y el franquismo, una labor de investigación llevada a cabo también por la comisaria y coordinadora de la muestra, María del Olmo, que se nutre del análisis de varias fuentes. Entre ellos destacan, por ejemplo, los expedientes procesales por responsabilidades políticas transferidos por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias entre los años 1935 y 1956.
También se ha indagado en el fondo de la Audiencia, que cuenta con algunos expedientes correspondientes al Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo; en la documentación de la sección del Gobierno Civil: orden público, presos detenidos y reclamados; y en la relación de detenidas gubernativas del Reformatorio de Adultos de Alicante, entre otras fuentes.
Se refleja de este modo la persecución a la que se ven sometidos al finalizar la guerra miles de hombres por razones políticas, aunque también muchas mujeres.
Estas ostentaron un papel protagonista durante la Guerra Civil pues no únicamente participaron en la contienda como enfermeras o colaboradoras del Socorro Rojo, sino que desde el bando republicano también fueron milicianas en el campo de batalla y adoptaron un papel muy importante de la defensa de la República. Además, inciden los autores, ellas asumieron en muchos casos el trabajo que dejó de hacer el hombre en las fábricas o en el campo.
Con la aprobación de la Ley de Responsabilidades Políticas, cuenta Pablo Rosser en el análisis que acompaña a la muestra, se extiende a toda España la persecución y represalia sobre «todo aquel mínimamente comprometido con la República». Esto afectaba a muchísima gente: refugiados , masones, «extremistas»…
Las mujeres corrían la misma suerte y muchas fueron detenidas desde el mismo 1 de abril por «indocumentadas», como «extremistas de la CNT», «sospechosas» o acusadas de «producir escándalos», ser «maleantes» o «faltar a la moral». A partir de 1941 se contabilizan también muchos arrestos de «mercheras», a las que se arrestaba por 15 días y después se las ponía en libertad, apunta Rosser que seguramente fuera por no pagar impuestos de la venta ambulante.
Consejos de guerra
Como indica María del Olmo, las mujeres pasaban por los mismos Consejos de Guerra que los hombres y fueron víctimas de esta represión sistemática judicial. Cuenta la exposición con documentación de casos como el de Natalia Tendero, una oficinista soltera de 34 años de edad, natural de Cartagena pero residente en Elda, que fue detenida y llevada primero a la prisión de Monóvar y posteriormente al Reformatorio de Adultos. Fue condenada a ocho años de prisión mayor por «excitación a la rebelión», acusada de exaltar la causa roja e insultar al ejército nacional», debido a que se afilió al sindicato UGT antes de la Guerra y al partido comunista, del que fue nombrada secretaria general y en el que presidió varias asambleas.
Hubo juicios sonados, explica la comisaria del Archivo Histórico Provincial, como el que sentó en el banquillo a 18 mujeres, todas de Banyeres de Mariola y de entre 18 y 54 años, que trabajaban como papeleras, alpargateras, tejedoras o ayudantes de cocina.
Casi todas -de origen muy humilde- estaban afiliadas a la UGT. Según el tribunal, algunas pertenecían al Comité de Abastos del pueblo y, según el tribunal «perseguían a las personas de derechas, a las que negaban víveres». A otras se las acusaba de haber propagado «la causa roja», de «repartir propaganda marxista», «prestar servicios de Enfermera» o de «injuriar a las personas de derechas». Fueron condenadas a penas que oscilaron entre los 12 años y un día de reclusión menor, seis años y un día, y tres años y un día.
Entre aquellas sobre las que recayó la pena máxima destaca el caso de Adela Belda Doménech, quien recorrió un verdadero periplo de cárceles. Aunque se calculaba que pasaría en la cárcel hasta 1952 si cumplía la totalidad de su condena, fue puesta en libertad condicional en 1943, aunque desterrada a Castellón. Un año después pudo volver a Banyeres, donde estaba su madre viuda y se le había ofrecido trabajo. Y en 1945, después de pasar al régimen de Libertad Vigilada, se le autoriza la solicitud de cambio de residencia a Manuel (Valencia). No sería hasta 1947 -siete años después de su detención- cuando obtendría la Libertad Definitiva por indulto.
En otro de los expedientes rescatados por el Archivo, destaca un documento firmado por una de las prisioneras, María Galiano, quien le dice al director de la Prisión de Mujeres de Alicante, en la que estaba presa, que «por el presente renuncia a desempeñar destinos en la misma y en su consecuencia, a redimir pena por tal motivo». Por ello, no se le aceptó la libertad condicionada y salió de la cárcel el 18 de septiembre de 1940, después de haber cumplido su condena completa.
Otro de los motivos por los que se produjeron muchas detenciones fue la masonería. En este caso, el Archivo Histórico Provincial destaca la causa instruida contra Carmen Navarro de Caraza, en el Juzgado Nº3 del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. Cuando la juzgaron tenía 45 años y vivía en la calle Teniente Robles. Estaba casada y se dedicaba a «sus labores».
Perteneciente a la logia Constante Alona de Alicante, su marido y su cuñado también eran masones. Durante el juicio, sin embargo, ella declaró que no había tenido ninguna relación con la masonería. Pero la sentencia fue de «delito consumado de masonería» y la condena de 12 años y un día de reclusión menor. No obstante, a los tres días se le conmutó la pena por prisión atenuada en su domicilio y posteriormente se le redujo a la de inhabilitación y separación de cualquier cargo del Estado, según marcaba la Ley de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2016/12/12/5846aedce2704ed5218b45ef.html
