La Sala de lo Contencioso explica que «el interés general exige una estabilidad en la denominación» y recuerda que la Constitución atribuye la competencia exclusiva en esta materia al Estado
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región estimó la suspensión cautelar del acuerdo que el Ejecutivo regional adoptó para conceder ese nombre a la terminal, a la espera de que se resuelva el recurso contencioso interpuesto por la Administración General del Estado. La petición de esta suspensión cautelar, formulada en su recurso por el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, impide, al menos de momento, que los aviones aterricen en un aeropuerto con el nombre del inventor. Sin embargo, la Comunidad, dispuesta a continuar peleando por esa denominación, ya ha anunciado su pretensión de formular recurso contra esta decisión del TSJ -a la espera de que los tribunales se pronuncien también sobre el primer y principal recurso-.
En el auto, las tres magistradas que conforman la Sala -con María Consuelo Uris a la cabeza- no ahondan en el fondo del asunto, una cuestión que deberá resolverse en el proceso principal. Las juezas no se pronuncian sobre si el nombre estaba bien o mal elegido ni sobre si Juan de la Cierva estuvo o no vinculado al golpe de estado del 36. Sí explican, sin embargo, que deben hacer verificar si, conforme a la pendencia del recurso y el retraso en la emisión del fallo definitivo, se produce algún peligro de daño al derecho que el Estado reclama. Tras hacer una valoración de los intereses en conflicto, las magistradas concluyen que «el interés general exige una estabilidad en la denominación oficial de un aeropuerto, afectante a multitud de trámites y documentos». Las componentes de la Sala de lo Contencioso Administrativo argumentan, además, que «de no accederse a la suspensión, si finalmente se estimara el recurso, se daría el caso de tener que volver a modificar un nombre que ya podría haberse consolidado».
La Sala, en su auto, recuerda además que -de conformidad con el artículo 149.1.20º de la Constitución Española- el Estado tiene competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves, por lo que la solicitud de suspensión viene avalada por «una apariencia de buen derecho». La Comunidad cuenta ahora con cinco días para esbozar un recurso que anunció este martes, nada más conocer el fallo.
El Ministerio alega que el Gobierno regional invade competencias estatales
La discusión sobre si el aeropuerto regional debe recibir el nombre del inventor Juan de la Cierva viene de lejos, aunque el acuerdo del Consejo de Gobierno que se encuentra en el centro de la batalla es del pasado 12 de mayo. En julio de 2017 la Asamblea regional ya dio luz verde a una moción para otorgarle esa denominación, pero la Dirección General de Aviación Civil le puso diferentes trabas desde el comienzo.
En junio del año pasado el Ministerio de Transportes y Movilidad dio carpetazo definitivo a la denominación. Lo hizo basándose en un informe que vincula al inventor del autogiro con el alzamiento militar de 1936. Dicho dictamen fue solicitado por el Gobierno central a Ángel Viñas, catedrático emérito de Historia y militante del PSOE. Este atribuye a De la Cierva «su papel en el alquiler del avión más famoso de la historia contemporánea de España, el ‘Dragon Rapide’, que utilizó Franco».
La Comunidad, ante esta oposición, anunció que abriría una batalla administrativa, académica y judicial para reconocer la figura del ingeniero murciano. Envió a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática un informe del profesor Roberto Villa, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en el que se niega la participación del ingeniero en la sublevación militar de 1936.
A comienzos de verano, el Ministerio decidió presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para tratar de tumbar la denominación de Juan de la Cierva. Alegó que la Comunidad carece de competencias para decidir por sí sola la denominación de una infraestructura «de interés general». El argumento guerracivilista es el que subyace, sin embargo, sobre esta polémica. El Gobierno estatal insiste en que esta denominación supondría una vulneración de la Ley de Memoria Histórica. Esta parte cree, además, que la Comunidad invade competencias estatales y causa confusión a las compañías aéreas, y a otros usuarios.
