La exhumación de la mayor fosa común rural de represaliados de la guerra civil está pendiente de financiación para terminar los trabajos.

Fernández Martín cuenta con una larga trayectoria. Ha abierto decenas de fosas comunes en localidades andaluzas en las que ha trabajado desde hace más de una década. Pero aquí, en el cementerio de la ciudad minera de Nerva, en la provincia de Huelva, le llama la atención que en los cerca de 40 metros de fosa común haya un montón de cadáveres arrebujados con una continuidad macabra. “Lo normal es que haya un par de cuerpos en una fosa, cinco, seis o diez y, a continuación, haya otro enterramiento”.

Todo ello indica que el agujero donde se lanzaban los cuerpos inertes de las víctimas del golpe fascista de 1936, al parecer, permaneció abierto durante meses: “Después de los trabajos, como conclusión preliminar, argumentamos que se excavó una zanja ex profeso y que fue utilizada en diferentes fechas de fusilamientos.” Incluso bajo los baños del cementerio podría haber víctimas. Y esta es solo la fosa que se encuentra entrando a la izquierda, tras la pared de piedra que aún presenta agujeros de los disparos. A la derecha hay otra.

En el trabajo previo que su equipo de tres investigadores llevó a cabo hay meses de catas en las fosas, visitas a los archivos y conversaciones con los pocos testigos que quedan de la barbarie que tuvo lugar en este sitio hace 80 años y que fue una represión encarnizada contra aquellos que defendieron la primera democracia española. Más de 1.500 personas desaparecieron en el asedio al pueblo. Así, los historiadores llegan a la conclusión de que más de 220 cuerpos estarían enterrados aquí, con lo cual esta sería la mayor fosa de represaliados en territorio rural del país.

La razón del ensañamiento de los fascistas en este territorio estaría en la resistencia que organizaron los trabajadores de la mina de Rio Tinto y que en Diagonal conocimos de la mano del doctor en historia Miguel Ángel Collado. La represión a los mineros servía al principio de la guerra como ensayo general y al tiempo como mensaje propagandístico de terror para el resto del país. De ahí que las cifras de asesinados enterrados en Nerva no sean definitivas. El arqueólogo asegura que “nunca sabemos qué hay antes de abrir una fosa, pero si seguimos a este ritmo podríamos encontrar más de lo esperado”.

Esa imprevisibilidad también supone un problema para presupuestar un trabajo de estas características, pero no es la razón por la cual la excavación se encuentra a día de hoy paralizada. La empresa Aratispi Patrimonio SL recibió un contrato de tan solo tres meses para un trabajo que se calcula duraría entre año y año y medio. Juan Barba Robles, coordinador de la Asociación de la Memoria Histórica de la Cuenca Minera, a cuya iniciativa se comenzó el estudio previo a la exhumación, explica a El Salto que el problema está en la Junta de Andalucía. El informe para la financiación estaba pendiente de un trámite de la Junta que no llegó por motivo de las elecciones de 2018. De ahí que el Ayuntamiento y la Diputación de Huelva, en los que gobierna el PSOE, “hicieron un esfuerzo” para financiar los tres primeros meses de la excavación, ya que dicho plazo terminó en agosto.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO FINANCIA LA EXHUMACIÓN

Uno de esos familiares es el exconcejal de Izquierda Unida en Nerva, Alejandro Santos Silva. Bajo el entoldado que cubre la fosa de Nerva el joven historiador movía la tierra con una espátula y un pincel con cuidado en agosto en medio del calor estival. Era uno de los voluntarios que ayudaron al equipo de arqueólogos a extraer unos huesos muy deteriorados por la acidez del suelo de la mina, lo cual entorpecerá el trabajo de identificación posterior mediante pruebas de ADN.

Junto a huesos, que presentan impactos de bala, y otros objetos como un mechero o una suela de zapato, Santos Silva espera poder encontrar los restos de su bisabuelo, Eusebio Silva Naranjo, que era delegado de la UGT en la mina de Rio Tinto cuando estalló la guerra.

“La fecha de su fusilamiento la conocí por el libro de Espinosa Maestre, de su militancia en UGT supe por la publicación en una revista local de los datos básicos del llamado fichero de Mr. Taylor y pude tener su nombramiento como delegado sindical gracias al trabajo de archivo de Miguel Ángel Collado”, explica a El Salto. “Su familia, es decir, mi abuelo y sus hermanos, siempre negaron que él hubiera tenido responsabilidades políticas”.

El abuelo de Santos Silva tenía nueve años cuando su padre “desapareció” para su familia. En realidad fue fusilado tan solo cuatro días después de la llegada de los fascistas a Nerva. Si el cráneo que ha sacado a la luz durante la excavación con sus propias manos es el de su bisabuelo no lo sabrá hasta que se cotejen las pruebas de ADN, de las que están pendientes numerosos ciudadanos de la localidad que han acudido a facilitar sus datos al equipo de arqueólogos.

LA URGENCIA DE LA REPARACIÓN Y LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA

Félix Ramos Toscano, presidente del Foro por la Memoria de Huelva, se acercaba a Nerva este verano a un acto en homenaje a las víctimas del franquismo en la zona y explicaba a El Salto cómo la participación de voluntarios en excavaciones es algo común, no solo en Nerva, sino por todo el país. “Los trabajos se llevan a cabo como si fuesen excavaciones romanas”, criticaba, sin embargo.

Él mismo habría participado en varias exhumaciones, entre ellas las del guerrillero Juan Ramón Maestre Bobero en Valverde del camino, allá por el 2005. El minero, que se había echado al monte, participó en la resistencia contra el dictador y sus tropas sanguinarias al mando del general Queipo de Llano en Andalucía. En dicha excavación, el Foro por la Memoria de Huelva actuó de otra forma a la llevada a cabo por la asociación nervense, explica Ramos Toscano.

La diferencia fundamental es que un familiar interpuso una denuncia por crímenes de lesa humanidad a raíz de la cual se abrieron diligencias y se procedió al levantamiento del cuerpo por orden de la forense del juzgado. El resultado del proceso judicial fue que el juez considerase que, en base a la ley de amnistía de 1977, dicho crimen había “prescrito”. Las autoridades devolvieron los restos a la familia y los enterraron en Valverde tras una ceremonia en su honor.

“Pero hay que seguir insistiendo e instando a que la judicatura actúe conforme al derecho internacional”, insiste el presidente del Foro. La ley de amnistía sigue siendo uno de los principales escollos en la búsqueda de reparación legal, como han dejado de manifiesto las trabas que la jueza argentina María Romilda Servini está sufriendo desde que en 2013 comenzase el proceso para juzgar los crímenes del franquismo. Es por ello que Ramos Toscano apela al Estado: “Ya es hora de que cumplan su deber, porque la apertura de fosas debe hacerse bajo la autoridad judicial dado que nos encontramos ante víctimas y pruebas de delitos de lesa humanidad, delitos que no prescriben”, a lo que añade que las exhumaciones “en otros países se hacen según los protocolos conforme al derecho internacional, como en Bosnia por ejemplo; aquí las que se consiguen exhumar se hacen por vía administrativa sin intervención judicial”.

El presidente de la asociación local, Barba Robles, justifica su decisión porque, aunque reconoce que la argumentación del Foro “tiene cierta lógica”, la apertura es urgente y además asegura que “es de sobra conocido quién es el culpable de la matanza y quién es el responsable de realizar las exhumaciones, que es el Gobierno”. De ahí que, en este momento, además del Ayuntamiento y la Diputación, que no disponen de partidas regulares para trabajos como este, las autoridades y la asociación apelan al Ejecutivo central para que el trabajo que se ha comenzado en Nerva pueda terminarse y los familiares puedan recuperar los restos que se puedan identificar.

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