Ninguneos, administraciones y sociedad civil. A propósito de la señalización de la fosa común del cementerio de Medina Sidonia (Cádiz).

Ninguneos, administraciones y sociedad civil.
A propósito de la señalización de la fosa común del cementerio de Medina Sidonia (Cádiz)

Comunicado del grupo de trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” (RMHSA de CGT.A). 05/07/2017

A finales de enero del presente año se realizaron en el cementerio de Medina Sidonia (Cádiz) las tareas de localización de los restos de los dos guerrilleros ―Bernabé López Calle y Juan Ruiz Huércanoenterrados en él tras morir acribillados por la Guardia Civil en el monte. Era la culminación de un largo y tortuoso camino en el que no habían faltado movilizaciones y desencuentros con la administración municipal. Lamentablemente la exhumación no culminó con el hallazgo de los restos. Todo apunta a que, en fechas indeterminadas, el espacio señalado como lugar en enterramiento había sufrido intervenciones no registradas y apenas conservadas por contradictorios testimonios orales.

Aún así, como también interpretamos lo que ha ocurrido recientemente con los resultados negativos de las pruebas de ADN de los restos exhumados en la vecina localidad de Paterna de Revira, no tenemos la sensación de haber fracasado. Por supuesto que nos hubiera satisfecho que los cadáveres de los guerrilleros hubieran sido localizados y, posteriormente, identificados genéticamente como ellos. Sobre todo porque de esa manera las familias habrían podido cerrar por completo el duelo tantas décadas inconcluso. No ha sido posible, pero sí lo es que el espacio sea señalizado y, de esta manera, recuperar la dignidad que, como sociedad, no hemos sabido mantener durante estos últimos cuarenta años.

Desde que pedimos por primera vez autorización al Ayuntamiento asidonense incluimos la solicitud de colocación de una placa, monolito o lo que fuera, que indicara que en aquel lugar habían sido arrojados los cadáveres de López Calle y Ruiz Huércano e hiciera referencia a su condición de luchadores por la libertad y un mundo nuevo como anarquista y comunista que eran. Así que recibimos con satisfacción que el Ayuntamiento de Medina Sidonia y el Partido Comunista de Andalucía también participaban de la idea y proponían realizar un único recordatorio conjunto. Nos pareció lógico que en lugar destacado fuera el municipio, como administración más cercana y, en última instancia, pagano.

Durante varias semanas mantuvimos correspondencia telefónica y electrónica para organizar la elaboración de la placa y los actos que se desarrollaran. Primero se pensó que la inauguración se celebrara a fines de abril. Sin embargo, una inoportuna indisposición del alcalde los suspendió cuando ya estaban, incluso, preparadas para su difusión las tarjetas. Después vino el silencio, hasta que la semana pasada recibimos una llamada de la concejala de Cultura asidonense para informarnos de que el acto de inauguración de la placa iba a realizarse el próximo 15 de julio y decirnos que «por falta de espacio» se habían caído las referencias al PCE y a este grupo de trabajo.

Nuestra sorpresa fue mayúscula. Sobre todo porque nada se nos había dicho durante el proceso de elaboración y, ahora, se nos presentaban los hechos consumados. De nuevo aparecen conductas incomprensibles y unilaterales que no terminamos de entender. A lo largo de estos años hemos dado muestras más que sobradas de que no nos guiaba ningún afán de protagonismo. Hasta llegamos a ironizar sobre el poder multiplicador que tenían los 1500 euros que presupuestábamos para exhumaciones. Bastaba que anunciáramos un destino para que surgiera alguna administración que se hacía cargo de todo y pasáramos a segundo plano.

Ahora el Ayuntamiento de Medina ha dado un paso que no consideramos conveniente ignorar, ni siquiera por una falsa idea de apariencia, de no introducir ningún debate en unos actos en los que deben ser las familias las protagonistas. Lo que ocurre no es un hecho aislado, sino un hito más en un camino que nace en los años setenta del siglo pasado, cuando tras la desaparición del dictador y la transformación de su régimen en una restaurada monarquía parlamentaria, la sociedad española recuperó algunas de sus libertades y derechos durante décadas secuestradas. Entre las grandes carencias que se han señalado de la llamada Transición está el desmantelamiento y el ninguneo de todos los movimientos sociales en favor de las organizaciones, los partidos políticos, que se arrogaron en exclusiva la representación social y decidieron que lo único público era la administración. De aquellos polvos vienen estos barros.

Entonces, y ahora, subyace el temor que esas organizaciones, y quienes en su nombre ocupan los cargos en los entes estatales, sienten en quienes representan, y más si están organizados. Como si tuvieran el monopolio organizativo y representativo. Una visión paternalista, teñida de despotismo, aunque sea ilustrado, y patrimonialista de lo que debe de ser la participación política, en el sentido noble del término. Perspectiva que se pone de manifiesto de la manera más clara en aquellas actuaciones ciudadanas en las que los partidos políticos y las instituciones se han visto sobrepasados por la sociedad y, a las que se han sumado a duras penas y con muchas reticencias. Como es el caso de la memoria histórica.

No es una cuestión de siglas. Tenemos experiencia en el ninguneo por parte de representantes de diversos partidos y cargos institucionales. Incluidos los que se dicen de izquierda y, por tanto, supuestamente más sensibles no sólo a las reivindicaciones memorialistas sino a la propia participación ciudadana. Llámense PSOE o IU. El caso de la gaditana comarca de La Janda es ejemplar. En tres de sus más importantes localidades ―Benalup-Casas Viejas, Paterna de Rivera y Medina Sidonia― hemos sido apartados y ninguneados. Eso sí, de distinta manera y forma. Hay que reconocer que unas veces de forma más «elegante» y otras menos. Pero ninguna de las autoridades municipales, fuera del PSOE o de IU, ha tenido la menor duda en considerar que nuestra presencia no debía pasar el escalón de lo figurativo o de compañeros de viaje. Aunque no quieran reconocerle su papel, bien saben que la memoria histórica es una cuestión política ―repetimos: en el buen sentido― y como tal ―en el peor sentido― la tratan: confundiendo políticas activas con políticas electoralistas.

No es el sitio para extenderse, pero no nos resistimos a referir brevemente lo ocurrido en esas tres poblaciones desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, cuando ni estaba ni se esperaba a esto que ahora llamamos memoria histórica. Fue un día de enero de 1983 cuando unas decenas de militantes anarcosindicalistas se presentaron en Casas Viejas para homenajear a los asesinados cincuenta años antes. Allí quedaron, en la Alameda, su plaza principal, la escultura que Carlos Fraga realizó y el azulejo que señalaba que se había colocado por iniciativa de CNT.A, la actual CGT.A. Unos años permaneció el monumento hasta que, con el pretexto de unas obras de remodelación, desapareció. En ignoto paradero estuvo hasta que se reclamó que fuera repuesto. Y finalmente se hizo, pero en un lugar diferente ―lejos de los escenarios de los sucesos― y sin ninguna identificación. El Ayuntamiento y también repuso el azulejo cuando se le reclamó, pero ocultando las siglas de los promotores. Una situación que todavía continúa a pesar de las diversas peticiones que se han hecho para sacarlo del anonimato y para que regrese al lugar donde se colocó. El dirigente provincial del PSOE, actual senador y alcalde de la población durante años, Francisco Rodríguez Cabaña, siempre se ha negado.

Avancemos hasta el año 2013. En Casas Viejas, en enero, se tuvieron los primeros contactos con los familiares de varios de los asesinados por los golpistas. Se trataba de poner en pie la exhumación de los represaliados enterrados en la fosa del cementerio de Paterna de Rivera, en la que se supone que se encuentra un gran número de víctimas. Entrado 2014 este grupo de trabajo decidió provisionar 1500 euros para comenzar los trabajos. Para entonces ya se había constituido una asociación de familiares y el Ayuntamiento, con equipo de gobierno del PSOE, había mostrado su interés en colaborar en los trabajos e igualmente la ya constituida Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, por aquellos días en manos de IU, que se había arrogado la potestad de autorizar los trabajos y paralizarlos tras la presentación de una denuncia en el juzgado correspondiente.

Durante el verano de 2014 se realizaron trabajos de cata y localización que dieron resultados positivos. Entonces, por orden de la DGMD y tras la presentación de la correspondiente denuncia, los trabajos se paralizaron. Durante más de un año los familiares tuvieron que esperar la respuesta del juzgado. Nunca habría llegado, a pesar de que ya en el momento de la presentación había comunicado su intención de archivar la denuncia, si no fuese porque un familiar de la asociación se presentó en el juzgado y preguntó si  había resolución. Era agosto de 2015. En octubre comenzaron los trabajos que culminaron con el hallazgo de restos de ocho cadáveres con signos de violencia. Para entonces la asociación nos había comunicado que la DGMD, la Diputación de Cádiz y el propio Ayuntamiento se habían hecho cargo de todos los gastos.

A partir de entonces, salvo las informaciones que nos proporcionaban la asociación y los familiares,  fuimos elegantemente apartados de las actuaciones. Así hasta la reciente entrega de los resultados de las pruebas de ADN, lamentablemente negativos para las familias que habían proporcionado las muestras y que conocimos gracias a informaciones particulares.

Está claro que las entidades memorialistas somos bien recibidas cuando no hacemos sombra al único poder: el de la administración. Podemos rellenar las fotos, sustituirlas en determinadas faenas y ser utilizadas en procesos participativos. La recién aprobada y todavía no nata ley de Memoria Histórica es el más claro ejemplo. La guinda de un recorrido de años y años para encauzar y poner bajo control estatal el proceso memorialista que, solo, o no sabe andar o se puede desmadrar.

Lo ocurrido con el Ayuntamiento de Medina Sidonia es el último ejemplo de esta mentalidad. Ya lo hemos dicho: dos siglos más tarde parece tener vigencia el despotismo ilustrado, ahora bajo la fórmula de una democracia de baja intensidad basada en una representación parlamentaria indirecta que fue fuertemente contestada hace seis años y que, todavía, busca sobrevivir. Quizás no sea casual que quien lo protagonice sea Manuel Fernando Macías, alcalde asidonense y coordinador provincial de IU de Cádiz. No se trata de personas, sino de una mentalidad.

El próximo sábado 15 no estaremos en Medina. No nos sentimos invitados. Eso sí, estaremos con las familias de López Calle y Ruiz Huércano, con quienes nos hemos puesto en contacto para solidarizarnos con ellos.

Además anunciamos que, en su momento, presentaremos ante las autoridades competentes la solicitud de colocación de una placa en el lugar de la fosa, que es lo suficientemente amplio para que no haya problemas de espacio.

Llevamos lo suficiente en la lucha social para no rendirnos, para de un ninguneo sacar fuerzas y seguir con lo que nos tiene que ocupar: en este caso la recuperación de la memoria de los asesinados por el golpismo y el franquismo. Es una cuestión de dignidad personal y colectiva que, hasta ahora, ha recaído fundamentalmente en las organizaciones sociales.

¡Vivan Bernabé López Calle y Juan Ruiz Huércano!

¡¡ Viva el movimiento social por la recuperación de la memoria histórica !!

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+ información:

http://www.publico.es/politica/fosa-del-comandante-abril-y.html

http://www.rojoynegro.info/articulo/memoria/trabajos-localizaci%C3%B3n-los-guerrilleros-bernab%C3%A9-l%C3%B3pez-calle-juan-ruiz-hu%C3%A9rcano-el-ce