NUESTRO PARIENTE PEDRO “EL COJETERO”
Pedro Aguilar Vereda “El cojetero”, no murió en ninguna guerra, ni recibió un disparo en ninguna trinchera. Fue apresado, arrancado de su familia, torturado, asesinado y arrojado como un animal a una fosa común en el cementerio de Osuna, junto a siete corraleños más el 16 de junio de 1937.
Pedro había nacido en 1908, era primo de mi padre por la rama materna. Desde niño se crió con mis abuelos, Juan Velasco y Francisca Vereda, porque sus padres vivían en extrema pobreza. Se casó con Francisca Gracia Lozano, se fueron a vivir al número 13 de la calle la Cruz y tuvieron una hija a la que pusieron por nombre Buensuceso, nacida en 1934.
En las elecciones generales del 16 de Febrero de 1936, nuestro pariente Pedro participó como interventor a favor del Frente Popular.
Tras el golpe de Estado Franquista del 18 de julio de 1936 y la ocupación posterior de Los Corrales, a principios de septiembre, huyó junto a varios cientos de vecinos y vecinas a la zona de Málaga, pero ocupada también aquella ciudad en Febrero de 1937 regresó al pueblo, pensando que si ningún daño había hecho, nada tenía que temer. Sin embargo al llegar fue detenido y encerrado en la cárcel del Arco. Tenía 27 años.
Allí pasó unos dos meses, hasta que acusado por varios falangistas, el primer domingo de mayo, coincidiendo con el Día de la Virgen, se lo llevaron a Osuna junto a Juan Valencia Valencia (Juan Cadenas), Salvador Gálvez Ramírez (Salvador Culorroto), Manuel Ruda Oliva (El marido de Isabelita la Sartenes), Juan Eslava Lavado (Juan Caña), Juan Hidalgo Martín (Balazo), Juan Ríos Gutiérrez (El Gordo) y Francisco Trujillo Rueda, para someterlos a un consejo de guerra.
El 12 de mayo, sin saber nadie su delito, los condenaron a la pena de muerte y el 16 de junio todos fueron asesinados a las cinco de la mañana en las tapias del cementerio de aquella localidad. La propia Comandancia Militar los inscribió en el registro del juzgado con el texto: “Muerte a causa de herida de arma de fuego”.
Ahora en Osuna se va a proceder a abrir las fosas comunes en las que yacen los restos de más de 200 personas en las mismas circunstancias.
En Andalucía, según las últimas investigaciones, hay documentadas, con nombres y apellidos más de 50.000 hombres y mujeres, repartidas en 708 fosas, la mayoría sin identificar, dignificar, ni reconocer jurídicamente como victimas de un genocidio.
Durante décadas el movimiento memorialista, familiares y una serie de investigadores, llevamos exigiendo justicia sobre esos crímenes, pero precisamente el gran ausente es el poder judicial para que pueda aplicarse el tratamiento juridico que por ley corresponde. Ningún juez, ni ningún fiscal ha pedido de oficio actuar, como es su obligación.
El Principio 18 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dice textualmente «La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones».
Este mismo organismo, en su Asamblea General aprobó el 12 de diciembre de 1946, una Resolución que declaró también literalmente lo siguiente: «el origen, naturaleza, estructura y conducta general, del régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini».
En base a esto, La Ley de Memoria Histórica Andaluza aprobada el 28 de marzo de 2017 sin ningún voto en contra recogió textualmente en el apartado lll de la exposición de motivos: “Se trata por tanto de un régimen ilegal en virtud de su ilegítima procedencia. En consecuencia, esta ley pretende avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de este régimen ilegal, lo que debe suponer la aceptación del imperio de la ley y del ordenamiento jurídico español en el marco interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución española. La noción de crimen contra la humanidad busca la preservación, a través del Derecho Penal internacional, de un núcleo de derechos fundamentales cuya salvaguardia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional, y cuya preservación constituye en consecuencia una obligación exigible a todos los Estados y por todos los Estados”.
El punto 3 del articulo 10 de la Ley Andaluza dice. “Los hallazgos de restos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes.”
De la misma forma el artículo 14, expone: “La Consejería competente en materia de memoria democrática, directamente o a través del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, denunciará, cuando proceda, ante los órganos jurisdiccionales la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones, identificaciones o en relación con los hallazgos a que se refiere esta ley.”
Por todo ello la pregunta es, ¿donde están entonces los jueces en ésta y las demás fosas, ante tantísimas violaciones y pruebas evidentes de crímenes de lesa humanidad?.
El Movimiento Memorialista, los familiares de las victimas y los historiadores están haciendo su labor, pero sólo pueden condenar “moralmente” los crímenes. ¿Dónde está pues el poder judicial para que los Tribunales de Derecho Internacional condenen al Franquismo como un régimen genocida y violador de los Derechos Humanos?. ¿Por qué los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura, que no prescriben nunca, están quedando impunes ante los organismos internacionales, sin una condena judicial firme de los tribunales españoles?.
Sin justicia, ni reparación jurídica no hay memoria. La sociedad ni los familiares no pueden conformarse con convertir estas y las demás exhumaciones en meros actos humanitarios y administrativos.
No es de extrañar, por tanto, que una de las consecuencias de esa impunidad y del vacío jurídico existente es que hayan aparecido partidos con representación parlamentaria que se sienten herederos de aquel régimen fascista y criminal.
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