Nuevo archivo a la querella contra el presidente de la Diputación de Cáceres por la retirada de cruces

Tras testificar cinco alcaldes, el juzgado no aprecia vinculación entre la concesión de subvenciones y la retirada de cruces, como denunció la Asociación de Abogados Cristianos

ÁNGELA MURILLO

Segundo revés judicial para la Asociación de Abogados Cristianos en su proceso contra el presidente de la Diputación de Cáceres. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres ha vuelto a archivar la querella por la que se ha investigado si Carlos Carlos cometió un delito de prevaricación y otro de odio. El citado colectivo denunció que el presidente provincial presionó a alcaldes cacereños asegurándoles que no recibirían subvenciones si no quitaban cruces colocadas durante la dictadura de Franco. Este órgano judicial de primera instancia archivó es caso al no encontrar acreditados los hechos denunciados, pero, tras un recurso de Abogados Cristianos, la Audiencia Provincial ordenó la reapertura, que ahora concluye con otro sobreseimiento.

El pasado martes el alcalde cacereño, Luis Salaya, y los regidores de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado testificaron en el juzgado. Los cinco alcaldes, todos ellos socialistas, negaron que Carlos Carlos les hubiera presionado de alguna manera. Seis días después el juzgado emite su auto de archivo.

Tras las pruebas documentales y testificales practicadas, acuerda el archivo de las diligencias previas. «No se ha encontrado existencia de presiones presuntamente ejercidas por el presidente de la Diputación a diversos ayuntamientos para que retirasen las cruces de sus respectivos municipios, vinculándolo a la recepción o no de subvenciones de la institución provincial».

Tal como indica el juzgado, de la documentación remitida por la Diputación no se aprecia «la existencia de actuación alguna por parte del investigado tendente a vincular la conexión de subvenciones a la retirada de las cruces». Además, añade que se aportan «diversos oficios dirigidos por el Comité de Expertos a los municipios de la provincia, en los que se respeta la competencia que la respectiva corporación local tiene para elaborar el catálogo de vestigios franquistas y para dar cumplimiento a lo

dispuesto en la Ley 1/2019 de Memoria Histórica, incidiendo en el carácter meramente consultivo y de asesoramiento de dicho comité. «Aún menos consta que se hubiese impuesto sanción alguna, en su modalidad de privación de subvenciones, a los ayuntamientos», indica el organismo provincial.

El auto indica que «no se aprecia tampoco indicios de comisión de los hechos objeto de querella, debido a que todos declaran que no han recibido presiones del querellado, ni de ninguna otra persona, ni verbalmente ni por carta; añadiendo que siguen cobrando las mismas subvenciones que cobraban antes, lo que resulta corroborado por la documental aportada, e, incluso, en algunos casos no han quitado los símbolos y aún así siguen cobrando las subvenciones».

Cabe recordar que Abogados Cristianos denunciaba que en los cinco pueblos las cruces fueron resignificadas, es decir, «que perdieron su anterior significado de exaltación de uno de los bandos y pasaron a ser simples cruces, como la de Cáceres que ahora tiene una inscripción totalmente democrática e incluso tiene un escudo de España que es el constitucional».

Frente a esta resolución cabe recurso.

https://www.hoy.es/caceres/juzgado-archiva-querella-20220627144819-nt.html?fbclid=IwAR0VV1qSQ3aJ8J0lMa–kJL1EcsvcE6AjD1i91DVKHDOzvxS8JADd9d8Bw4#vca=web-push&vso=hoy&vmc=RETIRADA_DE_CRUCES_EN_C%C3%81CERES_&vli=_