Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y varios partidos del Grupo Mixto –EH Bildu, la antigua Convergència y Compromís– han unido fuerzas en el Congreso para solicitar que la fiscal general del Estado español, Consuelo Madrigal, comparezca para explicar los motivos que tiene el ministerio público para «obstaculizar» la investigación de los crímenes del franquismo.
NAIZ | MADRID | 6-10-2016
Las citadas formaciones han reclamado la presencia de la fiscal ante la Comisión de Justicia después de que dictara una «instrucción de obligado cumplimiento» para impedir que la jueza argentina María Servini tome declaración a las víctimas en el Estado español. El primer afectado por esta prohibición ha sido el excoodinador general de Izquierda Unida Gerardo Iglesias, quien iba aportar testimonio de las torturas de las que fue víctima en durante la dictadura pero finalmente no pudo declarar en los juzgados de Oviedo.
Esta suspensión de declaraciones alcanza también a las que deberían hacer la casi veintena de cargos y representantes del franquismo imputados en Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura. La Fiscalía alega para ello la vigencia de la denominada Ley de Amnistía de 1977, la supuesta prescripción de los delitos y el argumento de que el franquismo, en caso de poder ser juzgado, debería serlo en el Estado español y no en ningún otro lugar, como Argentina.
Los solicitantes de su comparecencia quieren que Madrigal explique por qué pretende impedir que los juzgados del Estado tomen declaración a víctimas e imputados en la querella argentina sobre los crímenes del franquismo, que instruye la jueza María Servini.
Vinculación con el poder político
La responsable federal de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, considera «muy grave» la actuación de la Fiscalía que, en su opinión, pone de manifiesto su clara vinculación con el poder político, lo que juzga «insostenible en un sistema constitucional».
En concreto, ha reprochado a Madrigal que «niegue la posibilidad de que los querellantes ejerciten sus derechos en este proceso» y que obstruya una investigación judicial realizada en el marco de los tratados de cooperación y asistencia judicial firmados por el Estado español y Argentina.
Amenaza a los jueces
Para el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, la actuación de la Fiscalía General del Estado «no representa ninguna sorpresa» porque, a su juicio, «el interés de la Justicia española no es otro que dinamitar, sabotear e impedir que prospere cualquier iniciativa que pretenda investigar los crímenes del franquismo».
«Lo que hace ahora la Fiscalía es amenazar los jueces. Es la justicia reprimiendo la Justicia», ha denunciado Tardà, quien ha criticado que se permita la «impunidad». «Eso es lo que convierte al Estado español en una anomalía y demuestra la putrefacción del sistema», ha añadido.
Por su parte, la diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia ha denunciado la «actitud encubridora» del Gobierno de Rajoy respecto de la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura franquista y ha recordado también, que el Ejecutivo no cumple ni tan siquiera la Ley de Memoria Histórica.
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