El Gobierno de España ha dado inicio a las conmemoraciones por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, un ciclo de actividades encabezado por el presidente Pedro Sánchez que busca destacar los logros democráticos del país desde 1975. Sin embargo, la ausencia de las principales asociaciones memorialistas en este primer acto ha generado un profundo malestar entre quienes llevan décadas luchando por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo.
“Poner en valor el esfuerzo de los que han contribuido a ello”
Durante el acto inaugural, celebrado en el Museo Reina Sofía de Madrid, el presidente Pedro Sánchez afirmó: “Nadie viniendo de tan atrás ha llegado tan lejos como la España democrática”, y subrayó la importancia de “poner en valor el esfuerzo de los que han contribuido a ello”.
Sin embargo, estas palabras resultan profundamente contradictorias si se tiene en cuenta que el propio acto ha ignorado a quienes, precisamente, han desempeñado un papel decisivo para que España avance en términos de memoria histórica, justicia y reparación. Asociaciones como la Federación de Foros por la Memoria, Ceaqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria, la Asociación Todos los niños robados son también mis niños y muchas otras asociaciones memorialistas han sido excluidas de la ceremonia inaugural. Esto supone un flagrante olvido hacia quienes han dedicado, y continúan dedicando, décadas de esfuerzo incansable a esta causa.
¿Cómo se puede “poner en valor” el esfuerzo de los que han contribuido a construir la democracia si se margina a los verdaderos protagonistas de esa lucha? Estas asociaciones han trabajado arduamente para documentar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, luchar contra la impunidad y garantizar que no se repitan los horrores del pasado. Su exclusión no solo les priva de un reconocimiento merecido, sino que también invisibiliza la memoria histórica que el propio Gobierno asegura querer preservar.
Las palabras de Sánchez, lejos de ser un homenaje, evidencian una desconexión entre el discurso oficial y las acciones reales. Reconocer el “esfuerzo de los que han contribuido” no debería quedarse en una frase grandilocuente, sino reflejarse en un compromiso tangible con quienes han dedicado su vida a hacer justicia y memoria.
¿Cuáles han sido los criterios de invitación?
Pese a que el acto inaugural contó con la presencia de todos los ministros del Gobierno, representantes de las Cortes y diversas figuras de la sociedad civil, los criterios seguidos para las invitaciones no han sido explicados públicamente. Si bien se sabe que organizaciones como Amnistía Internacional fueron incluidas, resulta llamativa la ausencia de los colectivos más comprometidos con la lucha por la memoria histórica. Es particularmente sorprendente que partidos como Podemos, que ha sido parte del Gobierno en coalición y ha trabajado de manera activa en la defensa de la memoria histórica, tampoco hayan sido invitados.
Esta exclusión de quienes han sido aliados fundamentales en la construcción de la memoria democrática levanta serias dudas sobre los criterios utilizados y qué tipo de mensaje se busca enviar con esta selección de invitados.
Un marco centrado en el régimen del 78, no en el franquismo
El malestar no se limita únicamente a la falta de invitaciones. Paco Gracia, responsable de memoria democrática en Podemos destaca que el ciclo de actos, bajo el lema “España en libertad”, se centra en celebrar los avances democráticos del régimen de 1978, sin abordar las persistentes huellas del franquismo en la sociedad y las instituciones actuales. Un claro ejemplo de ello son las recientes amenazas del líder de Desokupa, Daniel Esteve, contra Irene Montero, tras anunciar la presentación de su libro, lo que pone de manifiesto la normalización de discursos de odio. Además, persiste la impunidad, como evidencian las más de 100 querellas por torturas, desapariciones y otros crímenes cometidos durante la dictadura, que han sido sistemáticamente archivadas. A pesar de la existencia de la Ley de Memoria Democrática, el derecho internacional obliga a investigar estos crímenes, pero España sigue aplicando la Ley de Amnistía de 1977 como barrera para impedirlo.
El legado de Franco, lejos de ser erradicado, sigue presente en muchos rincones de la realidad española.
