Puerto Real (Cádiz). El Parlamento se asoma a las fosas del franquismo

He aquí una imagen complicada: un veterano diputado del PP andaluz saca su móvil del bolsillo del pantalón y apunta con él hacia el interior de la fosa común que tiene a sus pies: click. Fotografía un cráneo con un agujero de bala, un esqueleto que sobresale de la tierra con la mandíbula desencajada, los restos de una persona torturada, fusilada y enterrada hace 70 años junto a docenas de cuerpos. Una víctima del franquismo. El diputado, con rostro serio, mira la foto, vuelve a mirar en el interior de la fosa y se aleja. La escena llama la atención de uno de los miembros del equipo de exhumación, que pregunta a su compañero: «¿A quién le enviará esa foto? ¿Al presidente de su partido? ¿Al presidente del Gobierno?».

Es miércoles, son las cuatro de la tarde y el sol está alineado en perpendicular sobre el cementerio de Puerto Real (Cádiz), así que ni las cruces de mármol ni los cipreses proyectan sombra. Hace calor y el camposanto está vacío. Junto a la tapia principal, por fuera, se erige una torre metálica, sobre la torre un nido y sobre el nido una cigüeña que rompe el silencio haciendo chocar rápidamente la parte superior del pico con la inferior. Cla, cla, cla, cla, cla… La cigüeña parece marcar el paso de la comitiva de 20 personas que acaba de entrar en el cementerio. La consejera Rosa Aguilar ha invitado a los diputados de la comisión de Cultura a venir a conocer en persona la fosa común de Puerto Real, la segunda más grande de las más de 600 localizadas en Andalucía, tras el cementerio de San Rafael (Málaga). Aquí han hallado 120 esqueletos en tres fases de exhumación, y en julio, cuando culminen los trabajos, la cifra llegará a 160. Todas son víctimas del franquismo, como las 115.000 personas que yacen en sepulturas ilegales en España. La mayoría de las halladas aquí debían ser de Puerto Real, un pueblo de 40.000 habitantes, donde existe una lista oficial de 124 desaparecidos en los primeros años de la Guerra Civil. Pero en la fosa la cifra de cuerpos será mayor. Los esqueletos también pertenecen a víctimas de otros pueblos de la bahía –San Fernando, El Puerto, Chiclana, Cádiz–. «Los sacaban por Matagorda, en los astilleros, y los traían aquí en camiones salineros», cuenta Paco Aragón, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria de Puerto Real.

PSOE, PP, IU y C’s han enviado a sus parlamentarios, Podemos no (dicen que les representa el alcalde del municipio, Antonio Romero, de Sí Se Puede Puerto Real, que acompañó a la comitiva). De estos hombres y mujeres dependerá, en primera instancia, el futuro de la ley andaluza de Memoria Democrática. La norma está en tramitación parlamentaria, sus señorías calificaron esa misma mañana 94 enmiendas al texto original del proyecto de ley, pactado en la pasada legislatura por el gobierno PSOE-IU. Luego salieron de la Cámara en microbús hasta Puerto Real.

Se supone que esta visita, la idea de acercar a los diputados a la fosa, enseñarles los esqueletos mutilados y amontonados, los huesos rotos a golpes, los cráneos con agujeros de bala, la posición de las manos atadas a la espalda, las mandíbulas abiertas comiendo tierra… se supone que conocer y escuchar a familiares de las víctimas, que han venido al cementerio para recibirlos, les ayudará a entender y añadirá empatía al juicio que harán los partidos a la hora de decidir si apoyan la ley. La parte mollar de esta norma, y la más costosa, es la que tiene que ver con las exhumaciones de los asesinados y represaliados por el franquismo: desenterrar a los muertos que se apilan en fosas comunes, identificarlos y volver a enterrarlos dignamente, para que sus familiares sepan donde llevar flores.

El cementerio de Puerto Real no es distinto a los otros: una cuadrícula de calles perpendiculares, y entre ellas, hileras de tumbas, cruces de mármol, lápidas inscritas. Las tuberías del alcantarillado van por debajo de las calles, excepto de una, casualmente la más ancha del camposanto. Esa franja de tierra, ni la cubrieron con tumbas ni la escarbaron para meter tuberías. Y si lo hicieron, dice Aragón, «encontraron lo que encontraron, volvieron a taparlo y se lo callaron otros 40 años».

Bajo esa calle está la fosa común: un pasillo de cien metros de largo por unos 30 de ancho. Para entrar, primero hubo que levantar a golpes una capa de cemento. Los primeros esqueletos aparecieron a menos de un metro de profundidad. Lo que los diputados encontraron en su visita fue un enorme agujero rectangular de un metro ochenta de profundidad. Al asomarse al fondo del agujero, la consejera y los diputados ven un amasijo de esqueletos agarrados a la tierra, mezclados, en posiciones humillantes. La fosa da cabida a unos 160 cadáveres apilados unos sobre otros en ocho niveles de altura. «¿Qué es eso verde que sobresale de aquel cráneo?», pregunta un diputado socialista. Dentro del agujero está Juan Manuel Guijo, uno de los antropólogos que trabaja en la exhumación. Se agacha y extrae una esquirla de bala del cráneo roto. «El plomo y el estaño del proyectil dejan un color verdoso», explica. Guijo les cuenta que el 90% de los cuerpos exhumados muestra algún episodio de violencia previa a la muerte, signos de tortura o de maltrato anterior al fusilamiento. «Los huesos hablan. Nos dicen si les rompieron las rodillas antes de matarlos o si el fémur se fracturó por un balazo. Una rama seca se parte más fácilmente que una rama verde, y el color por dentro es distinto. Con los huesos pasa igual», dice.

Bajo este intenso sol de mayo, sus señorías escuchan en silencio, parecen estar soportando una carga enorme sobre los hombros. «Son vecinos que mataron a vecinos, y ahora están aquí buscando la dignidad de los muertos. Hay que cerrar esta herida», dice Sergio Romero, diputado de C’s. La consejera pregunta si han encontrado objetos personales que identifiquen a alguna víctima, y así es: la ropa y el tejido humano se descompone, pero entre los huesos hay botones, medallas religiosas, caramelos mentolados, una estilográfica, una lámina de grafito que debió formar parte de un lápiz, gafas, papel de fumar dentro de una cartera… Pero es difícil identificar a alguien con estos objetos, se necesitaría una prueba documental irrefutable, por ejemplo, una foto de la víctima con la medalla encontrada en la fosa.

Los antropólogos determinan la altura, el sexo, la edad en el momento de la muerte, pero la prueba final depende del ADN (generalmente se usa una muestra dental y una rodaja de fémur o de tibia). Los familiares depositan toda su esperanza en la identificación genética. En Puerto Real, hay 70 familias que han aportado su ADN (muestra de saliva) para que en el futuro lo cotejen con el de los huesos desenterrados. Pero certificar la correspondencia exacta es complicado, sobre todo porque la mayoría son nietos o bisnietos (sólo 16 son hijos directos de las víctimas). La prueba del ADN es costosa (cada análisis cuesta unos 3.000 euros), y el porcentaje de éxito es moderado. Los años y el tipo de tierra deterioran los cuerpos, y si el colágeno se ha extinguido, el hueso ya no dirá nada. Sólo quedará su memoria.

«Me avergonzaría si en el PP hacemos bandera contra la ley de Memoria»

El diputado del PP que se asomó a la fosa común de Puerto Real e hizo la foto se llama Antonio Garrido, un histórico de la comisión de Cultura, al que Javier Arenas había reservado el puesto de consejero en su gobierno fantasma. El PP votó en contra de la Ley estatal de Memoria Histórica, en 2007, y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy la norma quedó derogada de facto, sin dotación económica en los presupuestos generales. Por eso las palabras de Garrido a pie de fosa impactaron a muchos: «Esto me produce un gran dolor. Sacar de las cunetas a las víctimas y enterrarlas es devolverles la dignidad. Debimos hacerlo en los años 80, pero entonces el ruido de sables estaba reciente. Aquí no debe haber lecturas políticas, hacer bandera de una tragedia es una indignidad. Espero que la ley andaluza de Memoria Democrática se apruebe por unanimidad, nadie en el PP está en contra de esta ley y si mi partido hiciera bandera en contra de ella, me avergonzaría». El socialista José Luis Sánchez Teruel, presidente de la comisión de Cultura, escucha sus palabras y confía en que el Parlamento andaluz sea «el primer Parlamento autonómico en aprobar por unanimidad una ley de Memoria». La diputada de IU Inmaculada Nieto espera que la tramitación parlamentaria «no vacíe el proyecto» que diseñaron junto al PSOE. IU incluyó en la ley la obligatoriedad de que la Junta se persone de oficio en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de víctimas. El diputado de C’s, Sergio Romero, advierte de que la ley «no puede contener ningún signo de venganza o revanchismo, ni volver la mirada al pasado».

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