Romper el silencio: la lucha por la memoria histórica en San Fernando.

Desde 2016, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE), defiende la memoria histórica como pilar de la democracia, habiendo recuperado más de cien cuerpos de represaliados de la fosa común de la ciudad.
Cristina Vila / 26 sep 2021 06:00

“Escuchábamos los tiros por la noche”. Esa fue, sin saberlo, la primera vez que oí hablar de la represión franquista en San Fernando. Nunca lo había escuchado, ni en el colegio ni en mis círculos cercanos, pero mi abuela, que vivía frente a la tapia del cementerio donde solían tener lugar los fusilamientos, aquel día me transmitió por primera vez el terror que se desplegó en la Isla de León en 1936.

Al menos 229 personas fueron asesinadas por el franquismo en la localidad: 108 de ellos, militares; el resto, concejales, afiliados a sindicatos y partidos o, simplemente, sospechosos de ser rojos. Con el golpe de estado de julio de 1936, arrancó una ola de violencia en la ciudad, llegando a todos sus rincones y creando un ambiente de miedo generalizado.

Desde 2016, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) lucha por recuperar la memoria de estos represaliados; una memoria que, durante años, permaneció reservada a los núcleos familiares, y que apenas ha recibido protección por parte de las instituciones públicas, a pesar de que la localización de las fosas era de conocimiento general en la ciudad. En 2017 comenzó el proceso de exhumación de cuerpos en el cementerio y, según prevé Javier Pérez Guirao, antropólogo y presidente de AMEDE, será en este año 2021 cuando por fin puedan darse por finalizadas, salvando algunas intervenciones parciales que, seguramente, se realicen en 2022. Actualmente, el número de exhumados es de 118, y cuatro de ellos han podido ser identificados a través del hallazgo de objetos personales o por las propias circunstancias de enterramiento.

En las fosas comunes no solo se encuentran cuerpos de víctimas del franquismo, ya que sirvieron también como fosas de caridad

Sin embargo, a pesar de lo exitoso que ha resultado el proceso desde su inicio, también se ha topado con retos que han puesto a prueba a técnicos y voluntarios. Una de las principales dificultades viene de la propia localización de los enterramientos en el cementerio. Víctimas del paso del tiempo y, sobre todo, de la ausencia de medidas de preservación, sobre parte de las fosas se construyeron nichos, lo cual impide a AMEDE trabajar a menos de metro y medio de ellas, dificultando su labor y, probablemente, causando que algunos de los restos no puedan ser recuperados.

Además, en estas fosas no solo se encuentran cuerpos de víctimas del franquismo, ya que sirvieron también como fosas de caridad para enterrar a aquellas personas que carecían de recursos o de familiares que se hicieran cargo de sus cuerpos.

No obstante, distinguir unos cuerpos de otros, según Pérez Guirao, no resulta complicado: “La diferenciación se realiza a partir de signos que evidencian una muerte violenta: orificios de proyectil en cráneos, fracturas post mortem o [fracturas] conminutas, presencia de elementos balísticos, posiciones anómalas de enterramiento con objetos personales asociados o en grupo de forma sincrónica”.

Al menos 229 víctimas del franquismo yacen en la fosa común de San Fernando. A día de hoy, 118 ya han sido exhumadas, y cuatro, identificadas

Para Laura Prieto, voluntaria en las exhumaciones y secretaria de AMEDE, uno de los momentos más duros tuvo lugar, curiosamente, antes de las intervenciones. Fue el primer mes de trabajo, cuando se realizaron los sondeos para localizar la fosa y confirmar dónde, efectivamente, había restos. Disponían solo de un mes para realizar estas labores y llevaron a cabo ocho sondeos con el objetivo de encontrar resultados positivos. Prieto lo recuerda como un proceso satisfactorio, pero extenuante: “Recuerdo haber ido prácticamente todos los días de una misma semana. Incluso había veces que nos quedábamos mañana y tarde. Trabajábamos los sábados también”.

El papel de los voluntarios que participan desinteresadamente en las excavaciones es un pilar fundamental dentro de las actividades memorialistas, ya que en muchos casos permite mantener activas las iniciativas de Recuperación de Memoria Histórica. Las motivaciones para unirse a este tipo de proyectos pueden ser muy variadas, y en un gran número de casos nacen del hecho de ser familiares de represaliados por el franquismo. Aunque, en el caso de Pérez Guirao y Prieto, la motivación proviene principalmente de su compromiso con los valores democráticos de justicia y reparación: “Considero que la memoria histórica es necesaria, es cuestión de justicia social y de reconocimiento a las personas que perdieron su vida defendiendo a la República, defendiendo sus ideas”, sostiene Prieto, para proseguir diciendo: “es algo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo y con la Transición que tuvimos no se hizo (…) No se cuestionaron en ningún momento las estructuras de poder existentes. No se recuperaron sus cuerpos, ni su historia, ni su memoria”. Considera que esto es una deuda pendiente con víctimas y familiares.

Pérez Guirao, por su parte, admite que también tiene un interés profesional y académico. Fue él, junto a un familiar y el arqueólogo director de las excavaciones, quien realizó el llamamiento a los familiares y puso en marcha la iniciativa de AMEDE, buscando conocer y difundir los hechos acontecidos durante la represión en San Fernando, además de “rescatar los valores políticos y sociales de la República que representaban estas personas”, afirma el antropólogo. Pronto se organizaron y contactaron con las distintas instituciones públicas: el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando, y presentaron una solicitud formal para poder abrir las fosas comunes a la Junta de Andalucía.

Del estudio histórico se encargó Miguel Ángel López Moreno, quien investigó en los archivos municipales, buscando documentación que justificara que, efectivamente, cabía la posibilidad de que hubiera represaliados en las fosas del cementerio. Un estudio que se materializó finalmente en el libro República, alzamiento y represión en San Fernando, donde se narra, detalladamente, la represión en la localidad. López Moreno asegura que no existían documentos explícitos que ordenaran ejecuciones extrajudiciales, pero sí hay en los escritos indicios que llevan hasta los asesinatos: “En las actas municipales hay cruces junto a presos sacados y asesinados. Hay fórmulas en los oficios de la policía que se repiten cuando alguien ha sido asesinado, aunque no lo digan expresamente”, explica el autor.

La recuperación de estos documentos no solo fue útil para las labores de AMEDE, sino que, a su vez, permitió a los familiares de los represaliados conocer su propia historia. Para Isabel Fuentes, familiar de Agustín Rodríguez, asesinado en 1936, cada documento nuevo que le entregaban suponía una pequeña victoria, porque evidenciaba algo tan simple como que su tío abuelo existió. Pero este proceso también hizo que tuviera que enfrentarse al hecho de que Agustín no era un héroe, como había creído siempre, sino una persona de carne y hueso: “A veces es más fácil pensar que es un héroe que pensar que es una persona. Humanizarlo es necesario, pero duele” admite.

A la investigación de López Moreno ayudó el hecho de que todas las sacas, por orden del Vicario Capitular del Obispado, se registraran en el llamado Libro Único Secreto, custodiado en la Iglesia Mayor Parroquial, donde se anotaron los fusilamientos del cementerio. Durante años, José Casado Montado, miembro del Partido Comunista de Andalucía isleño, accedió de manera clandestina a este libro y copió todas sus páginas a mano para, en 1992, autoeditar Trigo Tronzado, donde se difundieron públicamente, por primera vez, estas listas. A pesar de estar ya entrada la democracia, el libro fue secuestrado tras haber sido denunciado, y la obra volvió a ser editada en 2016 por el Ateneo Republicano y Memorialista de la Isla.

Así, Casado Montado se convirtió en pionero, apostando por la memoria, dando voz a quienes no la tenían, y poniendo nombre no solo a las víctimas, sino también a los verdugos. Casado Montado abrió camino y puso las primeras piedras para que en San Fernando, actualmente, pueda existir una lucha memorialista.

A pesar de ello, López Moreno cree que fuera de los círculos memorialistas no existe un conocimiento generalizado en la ciudad acerca de lo ocurrido a partir de 1936. Prieto y Pérez Guirao comparten esta impresión, pero resaltan el hecho de que, al menos, ahora quien tiene interés por conocer la historia puede hacerlo gracias a las iniciativas memorialistas, cosa que hace veinte o treinta años era prácticamente impensable.

Gutiérrez Molina: “Las asociaciones han llegado hasta donde han podido. Hace falta una apuesta decidida de las administraciones, tanto en educación, como en políticas activas de memoria”

José Luis Gutiérrez Molina, historiador y director científico-técnico de la iniciativa memorialista Todos los nombres, cree que no existe concienciación ni conocimiento en toda Andalucía, porque “las asociaciones han llegado hasta donde han podido, pero hace falta una apuesta decidida de las administraciones, tanto en educación como en políticas activas de memoria”. Para el historiador, la Administración es una gran culpable del problema de que la memoria histórica siga estando relacionada con tópicos ya manidos como el de “reabrir heridas”.

Prieto, por su parte, considera que uno de los principales problemas está en la educación: “La historia que nos cuentan sobre la Guerra Civil y el fascismo no está basada en lo que sucede en cada pueblo, sino a nivel general. Entonces, quizás, nuestra historia no tiene nada que ver con la historia de los sitios donde sí hubo un frente de batalla”.

Enrique Díez, profesor de la Universidad de León y autor de La asignatura pendiente, donde analiza el tratamiento que dan los libros de texto españoles al período comprendido entre la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista, muestra una visión similar a la de Prieto. Considera que el enfoque que se da en el ámbito educativo al conflicto bélico y a la dictadura deja mucho que desear por varias razones; en primer lugar, por la extensión que ocupa este período de la historia contemporánea española: “los contenidos se centran excesivamente en la Guerra Civil, la posguerra sigue en la sombra. Los 44 años entre la II República, Guerra Civil y franquismo deberían ocupar cerca del 50% de los contenidos del siglo XX, por estricto tiempo cronológico, y solo ocupa el 9%.” A ello se le suma que la represión apenas se trata en los libros escolares, que se intenta dar una visión “neutral y aséptica” del período y que el temario se basa en una “teoría de la equidistancia, que insiste en afirmar que hubo un enfrentamiento fratricida, como si las dos partes se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. La concepción de que ‘todos fuimos culpables’”.

Una versión trillada del conflicto, que no tiene en cuenta que este comenzó como consecuencia de un golpe de estado, en el que los mecanismos de violencia fueron totalmente premeditados y organizados por un bando, mientras el otro defendía un gobierno elegido en las urnas.

No les falta razón a quienes afirman que en ambos bandos se cometieron horrores. Es lo que ocurre en las guerras: indudablemente, siempre sacan lo peor del ser humano. Pero una de las diferencia entre “los bandos”, reside precisamente en que uno ya había planificado previamente esa represión tan deshumanizadora.

La situación es aún más grave si la violencia se despliega incluso cuando casi no fue posible la resistencia a la sublevación, como fue el caso de San Fernando y de muchos otros lugares de España. Solo algunos sectores de la Marina de Guerra se rebelaron, pero rápidamente fueron acallados. Prácticamente a nadie le dio tiempo a decir nada, porque quien podría haberlo hecho ya había sido detenido, cuando no asesinado. A eso se le suman cuarenta años de silencio, por lo que no es ninguna sorpresa que la sociedad española aún siga traumatizada.

Díez Gutiérrez: “El período entre la II República, la Guerra Civil y el franquismo debería ocupar, por extensión, el 50% del siglo XX en el currículum educativo. Solo ocupa un 9%”

En el terreno educativo, parece que la situación avanza en ciertos aspectos. A pesar del blanqueamiento del régimen aún perceptible en los libros de texto, cada vez es más común la puesta en marcha de actividades extraescolares relacionadas con la memoria histórica, como la visita a fosas comunes o a lugares de memoria. Díez Gutiérrez sostiene que “recorrer el camino que hacían todos los días los presos republicanos, ver el espacio donde se hacinaban en las cárceles, sentir la injusticia y la magnitud de la represión en primera persona supone ponerse en la piel de quienes lo sufrieron”, y ese mensaje cala más que cualquiera que se intente transmitir en un aula.

Este tipo de actividades ya se han realizado en San Fernando y en otras localidades cercanas y, según cuenta Pérez Guirao, los alumnos quedan impactados al conocer la historia de sus propias ciudades. Se ha creado un nexo entre escuela y movimiento memorialista, antes inexistente: “Creo que conocer el pasado es necesario como elemento de conocimiento de nuestra sociedad, de por qué este tema sigue siendo conflictivo o espinoso, de qué cuestiona esta memoria histórica y por qué no interesa hablar de ello”, afirma el antropólogo.

En Comunidades Autónomas como Aragón o Asturias, la ley apuesta por actividades complementarias memorialistas, y se incluye este tipo de contenido en la formación del profesorado. Y aunque, en estos casos, cueste pasar de las palabras (la ley) a la acción, al menos es visible una voluntad de dar pasos al frente desde las instituciones.

La burocratización de las exhumaciones ha provocado que, actualmente, sea “más difícil exhumar que hace veinte años”

Gutiérrez Molina opina que muchas veces las administraciones ven con desconfianza las actuaciones ciudadanas: “Esto se ve desde el 2000 con el movimiento de recuperación de la memoria histórica, cuando las administraciones, más que desarrollarlo y facilitarlo, más allá de las declaraciones públicas de buenas intenciones, lo han ido marginando para tomar la administración mayor control”. El historiador se muestra de acuerdo con el papel interventor de las administraciones públicas, lo que no permite es un monopolio por parte de estas, por la simple razón de que sus ritmos no suelen ser los más adecuados, y la complejidad de los procesos de burocratización de las exhumaciones ha provocado que, actualmente, sea “más difícil exhumar que hace veinte años”.

Así lo confirma Pérez Guirao en el caso de San Fernando. Los tiempos son muy distintos para las administraciones y para la asociación y los familiares, especialmente si se tiene en cuenta la edad avanzada de muchos de ellos. Y es que no hay duda de que la labor de estas asociaciones sigue sin ser debidamente reconocida socialmente, y la necesidad de exhumar permanece a menudo incomprendida en este país tan polarizado. Un país donde, incluso tras la llegada de la democracia, los altos cargos no se preocuparon de establecer medidas para que las familias cicatrizaran sus heridas y, así, tampoco se transmitió a la población esa necesidad de reparación.

Para Isabel Fuentes, poder enterrar dignamente a su tío abuelo no solo es cuestión de cumplir con lo que le hubiera gustado hacer a sus familiares ya fallecidos. Es también cerrar la herida y, sobre todo, tener la certeza de que el dolor que ella heredó mediante el silencio traumático que sufrió su familia no lo seguirán heredando las siguientes generaciones.

Gutiérrez Molina cree que “la sociedad española, cada vez que una familia encuentra a un familiar, es mucho mejor de lo que lo era un minuto antes. La Memoria es cuestión de salud mental”. Y alguien no puede sanar si no exterioriza qué le pasa, al igual que para una sociedad es imposible avanzar si no se decide a romper el silencio.

Pérez Guirao lo resume así: “La memoria es contraria al relato hegemónico y es subversiva. Romper el silencio permite dar voz a los que vivieron esta realidad de manera bien distinta a como se ha contado desde la historia, permitiendo la construcción de un relato distinto que nos permite comprender y conocer mejor nuestro mundo”. Los problemas no desaparecen solos, los problemas desaparecen cuando se lucha por superarlos. No se puede apuntar al progreso sin conocer el pasado. No se puede avanzar intentando ocultar lo sufrido. Y es ahí donde radica la necesidad de romper el silencio de una vez.

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