La Asociación Salamanca Memoria y Justicia solicita al Estado que se haga cargo de las exhumaciones para dar «una sepultura digna» a las víctimas
El Norte de Castilla | Daniel Bajo | Salamanca | 21-8-2015
La Ley de la Memoria Histórica levantó en su momento una gran polémica y probó que algunas heridas están lejos de cicatrizar. La Asociación Salamanca Memoria y Justicia es una de las entidades dedicadas a investigar la represión franquista en la provincia, así como a localizar y exhumar los restos de los represaliados por la dictadura, a pesar de las dificultades para realizar dichas tareas.
Su vicepresidente, David Hernández, afirma que la localización de los enterramientos es «un problema de Estado» del que deberían ocuparse las administraciones públicas. Calcula que en Salamanca hubo «unos 1.200 desaparecidos y muertos por la represión» y que actualmente puede haber más de un millar de cuerpos perdidos en las fosas comunes de la provincia. A nivel nacional habría «más de 120.000», lo que convertiría a España en el segundo país del mundo con más muertos en fosas comunes tras Camboya.
Las asociaciones coinciden en que la «situación ideal» sería que el Estado se hiciese cargo de las investigaciones y las exhumaciones. «Y darles un entierro digno y cerrar heridas, no reabrirlas». Hernández denuncia que en algunos casos se ha hecho una «manipulación torticera» al respecto. «Sólo queremos que se recuperen los restos, que no estén tirados y que se les dé una sepultura digna».
A la espera de que el Gobierno de turno se haga cargo («Tratamos de desideologizar la situación, pero con el PP es imposible», explica Hernández), las agrupaciones en pro de la memoria histórica se ocupan de hallar las fosas y, llegado el caso, de recuperar los restos.
Nueva excavación
Salamanca Memoria y Justicia tiene planteada una nueva excavación «a finales de septiembre», aproximadamente. La fecha definitiva dependerá de que los familiares de los represaliados puedan visitar Salamanca en esas fechas.
David Hernández explica que hay «procedimientos muy variados» para localizar las fosas, aunque habitualmente «se suele saber por informantes del pueblo». En este caso la fosa está «bien ubicada» en un paraje de San Pedro de Rozados y saben «quién está dentro. Son cuatro jornaleros de Vecinos, asesinados en agosto de 1936». También han hallado las actas de defunción en dicha localidad. Con el permiso de la familia exhumarán los cuerpos, los identificarán mediante técnicas antropológicas y gracias al ADN de parientes vivos y, finalmente, los entregarán a los allegados.
El mayor desafío para Salamanca Memoria y Justicia, «como para la mayoría de las asociaciones», es que «no hay fondos» públicos para acometer estos trabajos. Tras la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica sí se concedieron ayudas, pero actualmente no hay respaldo de ningún tipo. La excavación de San Pedro de Rozados se costea gracias a la donación de una compañía de teatro, que organizó una función benéfica para recaudar fondos. No contar con medios económicos «limita sobremanera» la labor de las agrupaciones. El resto del año «organizamos muchos homenajes e investigamos, en nuestro tiempo como voluntarios. Las exhumaciones se realizan durante las vacaciones».
Ante la carencia de fondos, desde Salamanca Memoria y Justicia comentan que, más que contar con recursos, lo que les gustaría sería «no tener que existir» porque el Estado se ha hecho cargo de encontrar a los fusilados. «No queremos que el Estado nos dé dinero, queremos que se ocupe» de sacar los cuerpos de los enterramientos irregulares, zanja David Hernández.
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