La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, visita la fosa común del cementerio de San Fernando, donde ya hay más de 900 restos localizados
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, ha anunciado en Pico Reja (cementerio de San Fernando), uno de los lugares “más simbólicos de lo que representó la represión más sangrienta”, que el Gobierno de la Nación se implicará en los trabajos de exhumación e identificación de los cuerpos que se encuentran en esta fosa común, donde se calcula que hay más de 1.100 personas represaliadas. Lo hará con una aportación económica de 250.000 euros que se sumarán a los ya comprometidos por el Ayuntamiento de Sevilla (680.000 euros), Junta de Andalucía (265.000 euros) y Diputación de Sevilla, con otros 265.000 euros.
Rodeada de familiares que confían en que los trabajos emprendidos por la empresa Aranzadi den sus frutos después de años de silencio y espera, Calvo ha confirmado que, en semanas, llevará al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Memoria Democrática con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere “subir un peldaño más en las obligaciones y garantías” de que se continuará con los trabajos de exhumación. De hecho, ha señalado que la intención del Gobierno es aprobar un plan nacional con recursos públicos.
Familiares como Ángel Rodríguez, de 87 años y que perdió a su padre, trabajador de la Cartuja, con tan sólo dos años y medio, no pueden esperar mucho. “Me preocupa que abandonen este mundo con esa tristeza en el corazón”, ha señalado Calvo en la visita organizada a la fosa de Pico Reja en la que ha estado acompañada del alcalde de la ciudad, Juan Espadas; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, entre otras autoridades.
“En mi casa era un tema tabú”, recuerda Ángel, al que con 14 años un cura lo denunció por comunista al reconocerle que no se sabía los mandamientos. “Le dije no me interesaban porque el quinto era el de No matarás, y a mí a padre lo habían matado”, relata.
“Para poder mirar al futuro, tenemos que tener resuelto el pasado”, ha manifestado Carmen Calvo, que ha defendido la memoria histórica como “algo más que un recuerdo. Es el hilo conductor de la democracia que tenemos”. “Ustedes –ha dicho, señalando a los familiares- se han batido el cobre” por lo que “haremos todos los esfuerzos que se requieran” por la memoria democrática, “que es una política obligatoria de Estado”. “Los que no lo compartan tienen que dar explicaciones”, ha puntualizado en alusión a las fuerzas políticas del arco parlamentario nacional que cuestionan la Ley de Memoria Histórica.
La fosa común de Pico Reja está considerada como una de las de mayor envergadura de todas en las que se está trabajando en el conjunto de España. Según los estudios realizados, podría albergar los restos de 1.103 personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura.
Los trabajos comenzaron en 2017. Un año después, en 2018, se inició la recogida de muestras de ADN de los familiares de los represaliados de Sevilla capital y provincia, así como de otras provincias españolas e incluso de Francia.
Hasta el momento, los trabajos de la empresa Aranzadi, encargada de la exhumación, están al 20%. Ya han sido localizados más de 900 restos humanos, de los cuales 130 presentan signos de violencia, como orificios de bala. Estos casos han sido puestos ya en conocimiento de la Policía Nacional en virtud de lo recogido en la Ley de Memoria Histórica.
Los historiadores creen que en esta fosa están enterrados miembros de la Corporación municipal de la época, y de la Diputación de Sevilla, incluso hay estudios que apuntan a que, entre las víctimas, podría estar el Padre de la patria andaluza, Blas Infante
https://andaluciainformacion.es/andalucia/910995/el-estado-se-implica-con-250000-euros-en-los-trabajos-de-pico-reja/
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La vicepresidenta Carmen Calvo visita la fosa de Pico Reja.
La vicepresidenta primera del gobierno y responsable de memoria democrática, Carmen Calvo, visita hoy Sevilla donde va a reunirse con el alcalde, Juan Espadas, y visitar junto a él la fosa Pico Reja del cementerio de San Fernando donde se estima que hay mil cuerpos de represaliados por el franquismo, entre ellos el de Blas Infante.
Carmen Calvo visita hoy la capital andaluza para reunirse con el alcalde Espadas con el que luego visitará el cementerio de San Fernando de Sevilla para inspeccionar los trabajos de inhumación en la fosa Pico Reja. En ella se estima que hay unos mil cuerpos de personas represaliadas por el franquismo y también en esta fosa está enterrado el considerado como el padre de la patria andaluza, Blas Infante, asesinado en la carretera de Carmona en 1936.
En esa visita estará acompañada también por la consejera de cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y también por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, así como familiares de las víctimas y miembros de asociaciones memorialistas.
La fosa común de Pico Reja está considerada como la fosa de mayor envergadura de todas en las que se está trabajando en el conjunto de España y que, según los estudios realizados, podría albergar los restos de 1.103 personas represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura, entre ellos los mencionados de Blas Infante.
Los trabajos comenzaron en 2017 y un equipo de historiadores se encargó de las tareas de localización y delimitación. Un año después, en 2018, se inició la recogida de muestras de ADN de los familiares de los represaliados de Sevilla capital y provincia, así como de otras provincias españolas e incluso de Francia.
Ese mismo año comenzó la tramitación de los trabajos de exhumación de los restos enterrados en la fosa común y ya en enero de 2020, tras ejecutar diversos trabajos preparatorios, se abría de nuevo la fosa. De hecho, en este marco, el Ayuntamiento informaba hace una semana de que se había encontrado “un fosa clandestina de víctimas del franquismo, con decenas de cuerpos con claras señales de violencia”, algo que se puso en comunicación de la Policía Nacional.
Una vez que concluyan los trabajos de exhumación se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de la fosa común de Pico Reja.
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La incógnita de la fosa de Pico Reja en Sevilla: ¿Cuántos asesinados por el franquismo esconde?
A principios de 2020 comenzó la exhumación de una de las fosas más grandes de todo el Estado. Los trabajos del historiador José Díaz Arriaza situaban en esta fosa alrededor de 1.103 cuerpos. Sin embargo, el equipo de expertos de la Sociedad de ciencias Aranzadi señala que podría albergar hasta el doble de víctimas de lo esperado.
madrid 08/07/2020 22:56 / alejandro torrús
¿Cuántos asesinados por el franquismo hay en la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla? 84 años después del golpe de Estado militar del 18 de julio de 1836 y del inicio de una feroz represión en las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba nadie tiene una respuesta concreta. Tampoco de las personas que fueron enterradas allí dentro. Por fechas, puede ser que la fosa guarde los restos de Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza, pero no se sabe a ciencia cierta. También puede que guarde los restos del abuelo de María Luisa Hernández, mujer que sigue luchando a día de hoy por encontrar a su pariente asesinado un 24 de agosto de 1936. Pero tampoco se sabe.
A principios de este 2020 un equipo de profesionales de la Sociedad de Ciencias Aranzadi comenzó la exhumación tras el concurso público del Ayuntamiento de Sevilla en un proyecto que también contaba con la financiación de la Diputación y de la Junta de Andalucía. La base para decidir esta exhumación está en la titánica tarea desarrollada por el historiador José Díaz Arriaza, que en su obra Ni localizados, ni olvidados estima que en esta fosa común podría haber, al menos, 1.103 víctimas de la represión franquista, además de otros miles de enterrados no relacionados con el franquismo. Su trabajo, como él mismo explica a Público, era el primer paso. Sus cálculos están basados en el registro del cementerio y en las fechas documentadas de apertura y cierre aproximado de la fosa.
“Esta fosa se abrió en 1925 y está en uso el 18 de julio de 1936, día del inicio del golpe de Estado. Sin embargo, hay documentación que muestra que el mismo 8 de agosto el cementerio se dirige al Ayuntamiento para decirle que la fosa está alcanzando el límite, por lo que calculamos que fue cerrada entre finales de agosto y principios de septiembre. Por lo tanto, es en esta fosa donde se entierran las víctimas del primer mes y medio de represión franquista en Sevilla”, explica Díaz Arriaza a Público.
Con sus investigaciones en la mano, en 2017 se iniciaron los trabajos de localización y delimitación de la fosa. Ahí llegó la primera sorpresa. La fosa mide 671,34 metros de longitud (66 más de la dimensión barajada por los historiadores) y tiene una profundidad de cuatro metros. Ya solo quedaba comenzar a excavar y la Sociedad de Ciencias Aranzadi se puso manos a la obra el pasado mes de enero en un trabajo encomendado por el Ayuntamiento.
Ahora, la apertura de la fosa está revelando nuevas pistas que apuntan a nuevas posibilidades y proyecciones. Cuando una fosa se abre la tierra vuelve a hablar y, ahora, los expertos de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi barajan la proyección de que la fosa de Pico Reja pudiera albergar hasta 2.600 víctimas de la represión franquista, además de otros miles de restos no vinculados con la dictadura franquista. Así se refleja en el informe del mes de junio del equipo de expertos de Aranzadi y lo confirma, en conversación telefónica con Público, Juan Manuel Guijo, antropólogo y responsable del equipo científico de la intervención arqueológica en Pico Reja.
“Hemos hecho una proyección en base al material óseo que hemos ido encontrando. Creemos que puede haber muchas más personas represaliadas de las previstas inicialmente, pero tampoco queremos generar falsas esperanzas a familias que están buscando a los suyos. También puede ser que haya menos víctimas ya que cuando se abre una fosa todo puede pasar. Pero manejamos indicadores que apuntan a que puede haber muchas más víctimas aquí enterradas de las que esperábamos”, aventura Guijo.
El arqueólogo explica que mientras atiende con Público tiene delante de sí “un montón de cuerpos colocados boca abajo”. “Varios de ellos tienen las manos atadas con alambre. Otros tienen la postura, pero ya ha desaparecido el material con el que los ataron. Otros sujetos tienen impactos de bala en el cráneo y uno tiene el proyectil todavía dentro. También son visibles fracturas en brazos que pueden estar ligadas a malos tratos antes de la ejecución”, añade Guijo, que también señala que han aparecido cuerpos en posiciones muy similares a las víctimas que han sufrido una ejecución en disposición del bando de guerra del 18 de julio, que en esta provincia proclamó el General Queipo de Llano, todavía enterrado el interior de la basílica de la Macarena.
Ya han aparecido cuerpos con claros signos de violencia relacionados con la represión franquista
La tarea que queda por delante en esta fosa común es descomunal y se prolongará durante, al menos, cuatro años más para poder exhumar los miles de cuerpos que hay dentro de la fosa, distinguir las víctimas de la represión franquistas del resto de enterramientos y comenzar la complicada misión de identificar a las víctimas. Para ello, ya se están tomando muestras de ADN a familiares que siguen buscando a los suyos 84 años después de su asesinato.
La incógnita sobre el número de asesinados que esconde la fosa de Pico Reja, por tanto, tardará años en resolverse. La contestación a esta pregunta, no obstante, será continuada por otros muchos interrogantes todavía sin respuesta en el propio cementerio de San Fernando en Sevilla. Y es que, tal y como advierte el historiador Díaz Arriaza, la fosa de Pico Reja no es la única que alberga víctimas de la represión franquista en el cementerio sevillano. En total, hay ocho fosas en el cementerio sevillano, entre ellas, la conocida como fosa del monumento, donde se cree que hay más de 2.000 víctimas de la represión franquista.
De momento, tanto el Ayuntamiento como la Sociedad de Ciencias Aranzadi comunicaron el martes a la Policía Nacional la existencia en Pico Reja de “decenas de cuerpos con claras señales de violencia y que se encuadrarían dentro del delito de desaparición forzada tipificada de los textos internacionales y en la legislación penal”. No obstante, la Policía Nacional todavía no se ha personado en el lugar de los hechos.
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Moción para dar cumplimiento a las políticas públicas en defensa de las víctimas del franquismo y a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (Pleno – julio 2020)
Tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936, nuestra ciudad sufrió con toda seguridad el episodio más traumático y terrorífico de toda su Historia y que se prolongó durante toda la dictadura franquista.
IU / 16.07.2020 / iusevillaciudad.org
La aplicación del bando de guerra, los juicios, el uso indiscriminado de la ley contra el bandidaje y el terrorismo crearon un clima de violencia de estado y terror a lo largo y ancho de todo el país.
La verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo es imprescindible para poder pasar página a nuestra memoria histórica, vivida por miles y miles de familias desde el golpe de estado hasta nuestros días. De ahí la importancia de reconocer los Lugares de Memoria Democrática, de conseguir la retirada de toda la simbología franquista, la exhumación de fosas comunes de nuestras desaparecidas y desaparecidos, impulsar la inclusión de la memoria democrática en los programas de estudio escolares y propiciar el reencuentro con sus padres y madres de todos los niños y niñas que un día les fueron robados, una tarea esta última que debe llevarse a cabo con la máxima premura.
Desde este Ayuntamiento se han articulado políticas en esta materia, pero hay que hacer un esfuerzo más por incidir en ello y dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y para poder declarar a Sevilla una ciudad libre de simbología franquista.
Y es que, una Democracia digna de tal nombre, no puede asentarse en la prolongada impunidad de los victimarios, la desconsideración a los derechos humanos de las víctimas de la dictadura y el incumplimiento por parte del Estado de los convenios internacionales que definen los delitos de lesa humanidad y de genocidio como imprescriptibles y no sujetos a posibles amnistías. Sin embargo, el sistema democrático surgido de la Transición ha venido incumpliendo el deber público de Memoria y su responsabilidad histórica hacia los hombres y mujeres que durante décadas sufrieron represión por defender precisamente los valores democráticos.
Ante el desistimiento de los poderes públicos, fue la sociedad civil organizada la que durante décadas sostuvo el empeño por no olvidar lo que supuso el franquismo, luchando por recuperar la memoria y la dignidad de sus víctimas. La Ley 2/2017 de 28 de Marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía supone una superación del modelo estatal, al establecer que corresponde a los poderes públicos la obligación de promover la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Sin embargo, las potencialidades de la Ley no han sido llevadas a la práctica plenamente por insuficiente financiación, ausencia de desarrollo normativo y falta de compromiso por parte del gobierno andaluz.
Así llegamos a la situación actual, con más de 100.000 desaparecidas y desaparecidos en fosas comunes, de los que más de la mitad se encuentran en Andalucía. Sigue vigente la ley de Amnistía de 1977, los juicios sumarísimos del franquismo no han sido anulados, la exaltación pública del franquismo se realiza con impunidad, los archivos que encierran las pruebas documentales del genocidio siguen cerrados o difícilmente accesibles para los investigadores y el expolio económico realizado por la dictadura tras la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, sigue sin ser reparado.
En Andalucía no existe aún un censo oficial de víctimas del franquismo y las exhumaciones que se llevan a cabo tienen un carácter extrajudicial al no haberse elaborado un nuevo protocolo de exhumaciones, tal y como exige la ley de Memoria andaluza. El banco de ADN sigue siendo más una promesa que una realidad, con lo que se dificulta enormemente la identificación de los desaparecidos. El grupo de trabajo equivalente a una Comisión de la Verdad para Andalucía no se ha puesto en marcha. Parte de la simbología franquista aun se muestra en nuestros espacios públicos, empezando por el director del genocidio franquista, Queipo de Llano, cuya tumba sigue ocupando un lugar de honor en un espacio de culto público, en flagrante incumplimiento de la Ley de Memoria andaluza. Más aun, los contenidos historiográficos y los valores propios de la Memoria Democrática no han entrado de modo riguroso y sistemático en el sistema educativo, sin olvidar que el derecho a la justicia –según establece la Ley de Memoria de Andalucía- debe aplicarse también a las víctimas de la violencia ejercida por el Estado durante el periodo de Transición, tras la muerte del dictador.
En suma, el impulso aunado de las instituciones democráticas, de las asociaciones memorialistas y de las víctimas nos ha hecho avanzar en los últimos años en el difícil camino del reconocimiento de las víctimas del franquismo, pero aún queda mucho por hacer. Por eso, no podemos aceptar ningún retroceso en la lucha por la consecución plena de los derechos humanos de las víctimas de la dictadura franquista, tal y como exigen las leyes internacionales, nuestra propia Constitución y el Estatuto de Andalucía.
Las y los demócratas tenemos la obligación de defender los derechos humanos de las víctimas del franquismo y el derecho a la verdad del conjunto de la ciudadanía, de todas las personas comprometidos realmente con los valores de la verdad, la justicia y la reparación.
Para ello, se hace necesario la creación de un Consejo Municipal de Memoria Histórica y Democrática reglamentado que, instrumente a la ciudadanía y asociaciones memoralistas representativas en esta materia, con el objetivo de proponer, coordinar y hacer un seguimiento a las políticas públicas de Memoria de nuestra ciudad, frente a la falta de organicidad y convocatoria de la Mesa de Participación y Mesa de Expertos no están funcionando en este mandato.
Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla, viene a proponer, para su discusión y aprobación en Pleno, los siguientes
ACUERDOS
Primero: Crear un Consejo sectorial de Memoria Histórica y Democrática de este Ayuntamiento en el año en curso, para proponer y coordinar las políticas públicas en materia de memoria en defensa de los crímenes de lesa humanidad.
Segundo: Crear el Museo de la Memoria para la conservación, exposición, lugar de recuerdo, reparación e investigación de todo lo relacionado con las exhumaciones y la memoria democrática de nuestra ciudad.
Tercero: El compromiso de este Ayuntamiento para que el edificio de la antigua comisaria de la Gavidia tenga un uso memoralista y albergue el Museo de Memoria de Sevilla.
Cuarto: Celebrar un acto homenaje a los bebés robados, con la colocación de una placa y módulo informativo en un lugar público y emblemático de la ciudad.
Quinto: Dando cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, exigir la exhumación del General Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez, cuyos restos se encuentran en la Basilica de la Macarena, enterrados ambos con honores en este lugar de culto.
Sexto: Poner fin a la retirada de todos los símbolos fascistas que aún permanecen en nuestra ciudad que, hagan referencia u honren al pasado franquista.
Séptimo: Incluir en el callejero de la ciudad de Sevilla nombres de mujeres y hombres que fueron modelo en sus vidas de compromiso con los valores humanistas y democráticos de la II República española y que por ello fueron sufrieron todo tipo de represalias: fueron secuestrados, asesinados, hechos desaparecer, perseguidos, encarcelados, depurados de sus puestos de trabajo, se les confiscó sus bienes, sufrieron exilio, hambre, humillaciones y fueron denostados de por vida, ellos y sus familiares.
Octavo: Continuar con la labor de localización y exhumación de las fosas comunes del cementerio de San Fernando, donde se encuentran después de más de 84 años los restos de personas represaliadas por el golpe de estado fascista de 1936.
Noveno: Promover la declaración como Lugar de la Memoria del cementerio de San Fernando situado en nuestra ciudad.
Décimo: Hacer efectivo el reconocimiento institucional a las víctimas de la ciudad de Sevilla que fueron asesinadas en campos de exterminios de la Alemania nazi, con un memorial a modo de reconocimiento o placa conmemorativa y la nominación de una calle o plaza pública en memoria de estos conciudadanos.
Undécimo: Adquirir el compromiso de esta corporación para ceder a las entidades memorialistas de la ciudad de Sevilla espacios de reunión y reflexión en la antigua cárcel de La Ranilla, como lugar de memoria declarado por la Junta de Andalucía.
