► Andalucía dotará a la ley memorialista con un presupuesto de 10 millones de euros para su desarrollo.
►La “nueva política pública acorde con el derecho internacional” pasa el corte y encara el trámite parlamentario en plena crisis por el posible adelanto electoral en la región.
►El texto legal extiende el concepto de víctima a familiares, niños robados e internados en campos nazis y amplía el horizonte temporal desde el 14 de abril de 1931 a enero de 1982, incluyendo así la Transición.
eldiario.es | Juan Miguel Baquero | 21-01-2014
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que pasará a ser debatida en el Parlamento andaluz. La normativa establece un régimen jurídico para las víctimas del franquismo y llega abrazada a dos claves: que ninguna fosa quede sin abrir y un presupuesto de 10 millones de euros para su desarrollo. La futura ley pasa el corte en plena crisis por el posible adelanto electoral y finiquitará el trámite parlamentario… si la “estabilidad” del Gobierno regional lo permite.
El texto “supera y adapta a Andalucía la legislación estatal en vigor”, según el Ejecutivo autonómico. Con una idea fija: “que cicatricen las heridas, no pretende reabrirlas sino cerrarlas definitivamente para todos”. Así, con esta “nueva política pública acorde con el derecho internacional” Andalucía responde “a los derechos humanos de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
“Ninguna fosa en suelo andaluz quedará sin abrir ni ningún cuerpo sin rescatar si así lo piden las familias”, señala el vicepresidente autonómico, Diego Valderas. Es la primera vez que el Estado, a través de la Junta de Andalucía en este caso, asume la exhumación directa de los asesinados por el franquismo. Y amplía el “compromiso” al plano del presupuesto con una memoria económica que alcanza 10 millones de euros en cinco años, a diferencia “del Gobierno Central que ha dejado de aplicar de facto la Ley de Memoria Histórica de 2007 al suprimir las dotaciones presupuestarias para su desarrollo”.
¿Hay fecha de aprobación, plazos, llegará la culminación del proceso antes de las municipales, dará tiempo si hay adelanto electoral? “No tiene por qué llegar a mayo –el trámite parlamentario–, entre febrero y abril hay el tiempo suficiente para que el Gobierno de Andalucía apruebe ésta y otras leyes”, responde Valderas. ¿Colma la ley las aspiraciones depositadas al inicio del proceso? “Hubiera preferido ir más allá pero tenemos el marco máximo que la Constitución y el Estatuto de Autonomía nos permite”, sostiene.
Memoria democrática en todos los niveles educativos
Para Valderas, se trata de una ley “potente” fruto del acuerdo de Gobierno PSOE e IU que cumple “demandas del movimiento memorialista” y “puede verse mejorada en el Parlamento con la aportación de todos los grupos políticos”. Ahí, en el debate en la Cámara andaluza, habrá una “participación máxima, con asociaciones y personalidades del mundo de la memoria”.
Entre otras novedades, el texto extiende el concepto de víctima a familiares, niños robados e internados en campos nazis. También el horizonte temporal, que abarcará desde el 14 de abril de 1931 –día de la proclamación de la II República– e incluirá la Transición, hasta el 11 de enero de 1982. E impulsará, la Junta, actuaciones para hacer partícipes de “medidas de reconocimiento a las organizaciones beneficiadas” por la realización de “trabajos forzados”.
La elaboración de un mapa de fosas –en Andalucía existen alrededor de 620 y se ha actuado en apenas una décima parte– es otro punto principal de la apuesta legislativa. Como la ampliación a todos los niveles educativos de la incorporación de la Memoria Democrática, con contenidos basados “en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica”. O un censo de víctimas de la represión en Andalucía, que tendrá carácter público, un Catálogo de Lugares de Memoria Democrática, un banco de ADN o el reconocimiento al trabajo de los colectivos memorialistas.
El régimen jurídico que reconocerá a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista llega con el “respaldo” del Consejo Consultivo de Andalucía que, sin embargo, establece varias “recomendaciones”. Caso de la eliminación del apartado de la desaparición forzosa “para evitar confusiones con el término genérico de víctimas” y la eliminación de la expresión “anulación de sentencias” de los tribunales franquistas, que no es posible por “obstáculos jurídicos” según el Consultivo aunque la ley estatal declare su “ilegitimidad”.
Régimen sancionador y simbología fascista
“Se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo”. La futura ley es clara en cuanto a la sanción de la exhibición de simbología fascista que se amplía “a cualquier tipo de manifestación”, apuntaba el vicepresidente andaluz.
Además, a diferencia de la Ley de Memoria Histórica, no considera que puedan concurrir “razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura”. De lo contrario, la Junta de Andalucía efectuará la retirada “subsidiariamente” de esos símbolos. El régimen sancionador afecta también a las “excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas”, con multas de 10.001 a 150.000 euros.
La Junta establece un protocolo para la exhumación, traslado y custodia de los restos hallados en fosas comunes, de obligado cumplimiento y en concordancia, señalan, “con lo establecido por Naciones Unidas”. La apertura de fosas llegará “a petición de los familiares y con la colaboración de las instituciones”, subraya Diego Valderas. En estas localizaciones e identificaciones, la Administración Autonómica denunciará “ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad”.
http://www.eldiario.es/andalucia/Ley-Memoria-Democratica-Parlamento-quedara_0_347866212.html
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La Ley de Memoria Democrática de Andalucía contará con un presupuesto de diez millones de euros y da un plazo de 18 meses para la eliminación de la simbología franquista. Incluye sanciones de hasta 150.000 euros y convierte las exhumaciones en política pública
Localización, exhumación e identificación de todas las víctimas en Andalucía de la represión franquista . Este es uno de los objetivos de la Ley de Memoria Democrática, cuyo proyecto fue presentado este martes por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU). La ley, que contará con una memoria económica de diez millones de euros, convierte por primera vez en España la exhumación en una responsabilidad que recae en la administración, como política pública. Según Valderas, quedará aprobada en unos meses, “sobre marzo o abril”, después de su tramitación parlamentaria.
“Este es uno de los proyectos más sentidos de la consejería, nos sentimos orgullosos y felices”, indicó Valderas durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a este proyecto de ley, y que fue recogido en el acuerdo de gobierno de PSOE e IU.
“Ninguna fosa localizada en el territorio andaluz quedará sin abrir y ningún cuerpo sin exhumar”, indicó Valderas, aunque sin precisar el plazo de tiempo en el que este objetivo se llevará a cabo y matizando que será a “petición de las familias”. Por el momento, tampoco se sabe qué porcentaje del presupuesto irá destinado a las exhumaciones. La Junta también asumirá las pruebas genéticas que permitirán identificar los restos de las víctimas y se creará un banco de ADN.
En caso de que los restos aparezcan en un lugar de titularidad privada, “se procederá a la ocupación temporal del uso de los terrenos” si fuese necesario.
CENSO DE VÍCTIMAS
La ley también recoge la elaboración de un “censo de víctimas” de la represión en Andalucía. Valderas no supo explicar de qué forma y quién se encargará de realizar dicho censo, que requeriría un muy considerable despliegue de medios técnicos y humanos.
Otra de las novedades de la ley es la inclusión como víctimas de los niños y niñas robados durante el franquismo, además de los andaluces que pasaron por las campos de exterminio nazis.
Además, la futura ley también va más allá en el tiempo. Abarcará desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (1931-1982).
INFRANCCIONES Y SANCIONES
La norma andaluza, a diferencia de la ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007, establece sanciones, entre 2.001 y 10.000 euros, para el que incumpla la orden de retirada de simbología franquista, calificada en el proyecto como infracción “grave”. Las referidas a “muy graves”, que acarreará sanciones entre los 10.001 y 150.000 euros por “la construcción o remoción de terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas”.
La retirada tendrá que realizarse en un plazo de 18 meses tras la aprobación de la entrada en vigor de la norma y no se podrán alegar “razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura”, como sí ocurre con la ley estatal de 2007.
Por último, y como infracción “leve”, se sancionará, con entre 200 y 2.000 euros, la exhibición de “placas, escudos, insignias y otros elementos”. En esta categoría también se sanciona los daños e impedir la visita de los Lugares de Memoria.
14 DE JUNIO, DÍA DE LAS VÍCTIMAS
En cuanto a la reparación de las víctimas, se declarará el 14 de junio de cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe y la dictadura. La fecha hace referencia a la primera exhumación que se hizo de manera pública en Andalucía, en el verano de 2003 en Lecrín (Granada). Agustín Góngora buscaba a su hermano, pero falleció sin encontrarlo. Supuestamente, la tumba está debajo de una autovía.
http://www.andalucesdiario.es/politica/la-junta-se-compromete-a-exhumar-todas-las-fosas-a-peticion-de-los-familiares/
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Andalucía: La Ley de Memoria Democrática se extenderá a familiares de víctimas, niños robados e internados en campos nazis
Europa Press | 20-01-2015
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que será remitido al Parlamento y que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en esta comunidad, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
El texto supera y adapta a Andalucía la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha expuesto que esta ley —que parte de una dotación económica de diez millones para un periodo quinquenal— amplia la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de símbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.
El proyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas y con los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía andaluza. Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.
Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En esta jornada se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.
El texto legal refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática. Entre otras medidas, se recoge la creación del Inventario de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves. En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo. Plazo de 18 Meses para retirar símbolos Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente. Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores. Cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, se autoriza al Gobierno andaluz a la ocupación temporal de su uso.
Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de AND. Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas.
En este sentido, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de justicia universal, que reclaman los familiares de las víctimas y organismos internacionales como la ONU. Anulación de sentencias Como disposición adicional cuarta, se incluye que la Junta instará al Gobierno central a que tome las medidas que procedan para el reconocimiento y restitución personal como “consecuencia de la ilegitimidad de los tribunales y otros órganos”.
En este aspecto, de acuerdo con las recomendación del Consejo Consultivo, Diego Valderas ha expuesto que se ha decidido suprimir la expresión “anulación de sentencia”, ya que dicho órgano ha recordado que la Ley de Memoría Histórica “declara la ilegitimidad de tribunales y de las condenas y sanciones” y recalca que eso es distinto a la “anulación de las sentencias, que no es posible por obstáculos jurídicos”. Ha agregado que el Gobierno andaluz sí puede “tomar la determinación de exigir al Gobierno central que, de una vez por todas, sean anuladas las sentencias”. Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica.
En el ámbito de la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. De carácter grave, con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, se consideran incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas; no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática; trasladar restos humanos sin autorización, o no informar de su hallazgo casual. Entre las leves (multadas con entre 200 y 2.000 euros) figuran la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública, y dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. La Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.
ANTECEDENTES ►►►
La Junta revisa su ley de memoria historica y suaviza el tono. El Consejo de Gobierno aprueba hoy el texto.
Está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe hoy el texto para remitirlo el Parlamento
ABC | Stella Benot | Sevilla | 20-01-2015
Si no cambia radicalmente el escenario político, el Consejo de Gobierno aprobará hoy el texto definitivo de la Ley con varios cambios sustanciales. En primer lugar, se ha suprimido todo indicio de revanchismo histórico eliminando la petición de nulidad de todas las sentencias del franquismo que tendría que haber solicitado el Gobierno andaluz de mantenerse el anteproyecto de ley. Un capítulo en el que se incluye la propia sentencia a Blas Infante; todavía sin anular y que se dejará al margen de esta normativa.
Desde un punto de vista ideológico, la principal novedad es que se elimina la palabra «represión», las víctimas lo serán a secas, sin entrar en mayores valoraciones, en el mismo sentido que se ha eliminado el calificativo «masivo» al referirse a las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en España durante la Guerra Civil y el franquismo.
También se ha eliminado el concepto desaparición forzada y a las víctimas se las identifica teniendo en cuenta criterios de la legislación internacional, concretamente al Informe Relator Especial elaborado por los organismos internacionales, así como a la legislación sobre la calificación de los crímenes contra la humanidad.
La nueva normativa que deberá aprobar el Parlamento también acota el espacio territorial; a partir de que entre en vigor no se podrá buscar a las víctimas ni perseguir los atentados contra los Derechos Humanos en cualquier ámbito territorial, lo que abría la puerta a investigaciones de causa general en otros países, sobre todo Latinoamericanos.
El anunciado censo de víctimas sí que se pondrá en marcha pero será necesario el consentimiento expreso para incluir a alguien en el mismo, de la misma manera que se pondrá en marcha un inventario de fosas. La inclusión de un terreno en el mismo supondrá la inmediata suspensión cautelar de las obras y de todas las licencias municipales por el plazo de dos meses, hasta que se aclare si tiene o no valor histórico.
http://sevilla.abc.es/andalucia/20150120/sevi-andalucia-memoria-historica-201501192156.html
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La Junta se propone “saldar una deuda” con las víctimas de la represión franquista y con quienes lucharon por la libertad y la democracia.
EFE | Sevilla | 19-01-2015
El Consejo de Gobierno aprobará mañana el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, una de las normativas previstas en el Acuerdo por Andalucía suscrito por los socios del Ejecutivo de coalición.
Con esta normativa, que será aprobada diez meses después de que el Consejo de Gobierno autorizara su tramitación, la Junta se propone “saldar una deuda” con las víctimas de la represión franquista y con quienes lucharon por la libertad y la democracia.
En el orden del día de la reunión del Consejo de Gobierno figura también la aprobación del anteproyecto de ley para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda, normativa impulsada también desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, presidida por Diego Valderas (IU).
Está prevista, según fuentes de la Oficina del Portavoz, la comparecencia del vicepresidente Diego Valderas para explicar el contenido de las dos normativas.
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/consejo-gobierno-aprueba-manana-ley-memoria-democratica-andalucia_933630.html
