Según se desprende del libro El canal de los Presos (1940-1962), coordinado por Gonzalo Acosta y Cecilio Gordillo, el presupuesto con el que contaron los trabajos en la zona sevillana ascendió a más de 207 millones de pesetas, si bien la cantidad hubiera sido bastante superior si las obras se hubieran llevado a cabo según los salarios estipulados en la época y no en régimen de esclavitud.
Entonces, sin embargo, los presos políticos y los delincuentes de poca monta que terminaron trabajando gratis ni siquiera se cobraron la mala conciencia de sus verdugos, pues redimían sus propias presuntas penas con aquel trabajo que los libraba de la cárcel y del pecado, aunque ni siquiera ellos supiesen que los penales franquistas estaban al borde de la saturación, con 250.000 internos, ni que la mayoría de sus compañeros, una vez cumplida sus condenas –los llamados libertos–, iban a ver mejor salida que continuar trabajando en el canal, aun por un sueldo miserable. Un día de trabajo equivalía a tres de condena, explican en la Confederación General del Trabajo (CGT).
En otros campos de concentración como el del El Arenoso, la dolorosa vida del represaliado era también monótona en cualquiera de sus facetas, porque también los hubo cumpliendo funciones de mecánico, médico, listero, sastre, zapatero o encargado del economato. Paulatinamente, se les fueron acercando las familias, aunque solo supieran de ellas a través de las vallas y la vista gorda de algún capataz. Al escritor Alfonso Grosso le requemó la estampa durante toda su vida: «2.000 hombres con turnos de día y turnos de noche. Recuerdo haberlos visto trabajar solo con taparrabos y custodiados por la Guardia Civil. Al pasar con el tren camino a Málaga, nos asomábamos a las ventanillas para mirarles. Una vez, un hombre que iba conmigo en el departamento dijo: ‘Miren cómo trabajan los rojillos. Así aprenderán a no insultar a los señores’», dejó escrito.
Sin el Canal del Bajo Guadalquivir, «no existirían barrios como el de Torreblanca», asegura taxativo Gordillo, de la CGT, el sindicato que desde el año 2000 ha venido investigando y divulgando el caso, con homenajes a represaliados, libros, documentales, cursos universitarios, proyectos de investigación, artículos, conferencias, jornadas y congresos incluso de ámbito internacional. Ni se hubieran enriquecido grandes terratenientes de la época que no pagaron el riego hasta 1986, explican historiadores como Antonio Miguel Bernal (Premio Nacional de Historia), pues «lo que habían sido vastas extensiones de tierras de secano de escasa capacidad competitiva, se convirtió en una inmensa llanura de cultivos de regadío con uno de los niveles de más alta productividad de la agricultura desarrollada en España y Europa en la segunda mitad del siglo XX». «No habría algodón ni arroz en nuestros campos, ni probablemente se hubiera realizado el plan del colonización del Bajo Guadalquivir», insiste el historiador palaciego Fernando Begines. Precisamente en Los Palacios y Villafranca se inauguró este miércoles uno de los hitos que la Junta de Andalucía ha colocado a lo largo del recorrido del canal para señalarlo como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía con el subtítulo de Canal de los Presos en vez del oficial Canal del Bajo Guadalquivir.
En la documentación oficial, no obstante, el nombre del canal seguirá siendo el del Bajo Guadalquivir, lo que lamentan en la CGT, una década después de estar intentando que se cedan los terrenos de Los Merinales para un gran centro de interpretación de la memoria; 16 años después de su esfuerzo continuado para constituir el grupo de trabajo Recuperando la Historia de la Memoria Social de Andalucía, que presentó la propuesta del cambio de nombre en 2011, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta en diciembre de 2013, aunque no sea hasta este domingo cuando se terminen de colocar los letreros en Sevilla capital, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Los Palacios y Villafranca. Ahora que ya no queda vivo ni uno solo de aquellos esclavos del canal.
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