Sevilla. Camino del millar de exhumaciones desde 2019

Camino del millar de exhumaciones desde 2019 en Andalucía

TERESA LÓPEZ PAVÓN / Sevilla / Viernes, 13 agosto 2021 – 19:12

La Junta reivindica su gestión sobre la recuperación de restos de represaliados de la Guerra Civil, aunque las asociaciones memorialistas y el PSOE denuncian que el presupuesto de 2020 apenas se ejecutó al 17% y reclaman ayudas para nuevos estudios

La fosa común de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla, se podría convertir en una de las más grandes de cuantas se han excavado en España para recuperar los restos óseos de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo. El trabajo de los investigadores ha permitido localizar y exhumar restos de casi dos mil personas, aunque esa cifra podría crecer hasta los tres mil. Muchos de esos huesos presentan vestigios de una muerte violenta, lo cual confirmaría que, en más de 500 casos, los sepultados fueron víctimas de la represión, según los datos ofrecidos por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), en el Parlamento el pasado mes de julio.

Entre todos esos huesos rescatados en Pico Reja podrían encontrarse los restos de Blas Infante, el notario de Casares (Málaga), ensayista y político, reconocido en el Estatuto autonómico como Padre de la Patria Andaluza por sus aportaciones al ideario andalucista y por haber identificado, definido y reivindicado las señas de identidad del pueblo andaluz. Las posibilidades de que sus restos sean encontrados son remotas, porque en cada exhumación apenas se consigue identificar el 18% de los huesos hallados. Pero eso no merma el empeño de las asociaciones memorialistas.

No será la única fosa abierta en Andalucía sobre la que se va a trabajar a lo largo de 2021. Del Pozo anunció también que para el último trimestre del año se empezará a trabajar en las fosas de Cala (Huelva) y Víznar (Granada), con fondos aportados por el Gobierno central (28.000 euros) y la Junta (150.000 euros), que utiliza los recursos presupuestarios igualmente transferidos por el Estado.

En octubre, por otro lado, se espera que se firme un convenio para continuar trabajando en los dos cementerios de Córdoba, según anunció también la consejera, que hizo igualmente balance de lo avanzado en 2020 en materia de identificación genética de los restos en Adamuz, Guadalcanal, Huelva, Cártama, Pinos Genil, Benacazón, Salteras, Alcalá del Río, Benamahoma, Álora, Hinojos o Higuera de la Sierra.

Los fondos transferidos garantizan que se mantendrá a medio plazo el ritmo de las exhumaciones, sobre un mapa de fosas en el que se tienen ya localizados 708 enterramientos con 45.566 víctimas de la represión. Las coordenadas de este mapa fueron elaboradas en 2018, con el anterior gobierno socialista, aunque el Gobierno del PP y Cs se ha comprometido a continuar con los trabajos de exhumación e identificación. De hecho, a fecha del pasado 11 de julio, Del Pozo reivindicaba que su Consejería había ejecutado ya el 43% del presupuesto para las políticas de la Memoria Democrática del año. Desde que está al frente de la Consejería, insistió se han exhumado 890 cuerpos y “hay ya más de 914 muestras identificándose en Granada”.

Coincidiendo con el 85 aniversario del fusilamiento de Blas Infante, el diputado socialista Antonio Ramírez de Arellano denunciaba esta semana, sin embargo, que, de los fondos consignados para cumplir con la Ley andaluza de la Memoria Histórica en 2020, apenas se había ejecutado un 17%. El parlamentario se hacía eco de la queja trasladada por la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, que exigió a la Consejería, en una carta remitida a su titular en mayo, más diligencia en la ejecución de los proyectos. Las asociaciones memorialistas recordaban que, de los créditos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, Andalucía había recibido 507.813,46 euros, la partida más importante de todas las distribuidas por comunidades autónomas.

Las discrepancias entre el balance que realiza la Junta y el que hacen las asociaciones se debe, probablemente, a que unos y otros ponen el foco en aspectos diferentes dentro de las mismas políticas de Memoria Histórica. Cecilio Gordillo, portavoz del proyecto Todos los Nombres (impulsado por el sindicato CGT y la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia), reconoce que el trabajo en las exhumaciones no ha cesado, gracias en buena medida a los convenios firmados con los ayuntamientos. Pero sí se han paralizado todas las convocatorias de ayudas para estudios e investigación. “La Junta se está limitando a ejecutar los proyectos que se ha encontrado, heredados de anteriores gestores. Pero, si se para la investigación, si no se eliminan las ayudas a los historiadores y a las asociaciones locales, que son quienes mejor conocen la localización de las fosas, difícilmente ese trabajo puede tener una continuidad en el futuro”, afirma Gordillo.

La consejera de Cultura se comprometió con el Parlamento a firmar convenios con las universidades públicas para “llevar a cabo trabajos de investigación, estudios de viabilidad de las posibles exhumaciones, memoria económica sobre las mismas e incluso actividades de exhumación”, que se financiarán “con los recursos para Andalucía en el marco del plan cuatrienal del Ministerio de Presidencia“.

Cecilio Gordillo echa en falta en esa declaración de intenciones un apoyo expreso a las asociaciones memorialistas locales, que investigan sobre el terreno y que necesitan recursos, por ejemplo, para publicar el resultado de sus indagaciones. También denuncia cómo la Junta ha abandonado la divulgación de los informes que elaboran los expertos tras cada exhumación y que deberían publicarse sin demora a través de las plataformas institucionales de la Consejería de Cultura, como se venía haciendo hasta el cambio de gobierno.

Tanto el PSOE como Adelante Andalucía (ahora Unidas Podemos Andalucía) creen que la presión de Vox se ha dejado sentir en la gestión de la Consejería de Cultura en torno a las Memoria Histórica. De hecho, uno de los compromisos firmados con Vox por el actual Gobierno andaluz al inicio de la legislatura fue el de derogar la actual Ley de Memoria Histórica para sustituirla por una Ley de Concordia. De momento, sin embargo, el Consejo de Gobierno no ha impulsado esa reforma y la Consejería ha garantizado que solo se aprobará una nueva ley cuando haya un consenso de la Cámara mayor al que respaldó la ley de 2017, que no obtuvo ningún voto en contra y recibió de algún modo el plácet del PP en forma de abstención. En ese momento, Vox aún no tenía representación en el Parlamento andaluz.

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