Valderas confía en que la Ley de Memoria Democrática entre en vigor antes de las próximas elecciones municipales.
Diario de Sevilla | Europa Press | Sevilla | 15-12-2014
Así se ha pronunciado Valderas tras desplegar la bandera de Andalucía que cubría la placa que señaliza este lugar, un acto en el que ha estado acompañado por el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, y por los concejales del Ayuntamiento de Sevilla Beltrán Pérez (PP) y Josefa Medrano (IU), entre otros.
Valderas ha señalado que este momento supone para el Gobierno de la Junta que los hombres y mujeres “de nuestra tierra” víctimas de la “barbarie” que supuso la Guerra Civil nunca serán víctimas del olvido, cumpliendo con el objetivo del Ejecutivo andaluz de dar respuesta desde el Estado democrático a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familias. “Es este un importante y simbólico acto memorialista de señalizar un lugar de la Memoria de Andalucía, como es esta antigua cárcel, donde se produjo represión, tortura, fusilamiento y todos los aspectos que conllevó esa larga noche oscura del franquismo”, ha comentado el vicepresidente de la Junta. Para el vicepresidente, el discurso democrático necesita conocer la verdad, del mismo modo que lo han hecho países europeos de nuestro entorno que sufrieron regímenes dictatoriales, “sociedades que supieron afrontar lo ocurrido condenando la barbarie, incorporando al discurso del Estado los planteamientos democráticos y haciendo posible pasar página después de haberla leído colectivamente”.
En cuanto a la nueva Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que será aprobada en breve, Valderas ha asegurado que se encuentra en “su última fase” y que todo el proyecto está en estos momentos en manos del Consejo Consultivo, “que en los próximos días dará sus últimas opiniones y consejos” para hacer posible que “antes de las elecciones municipales esté en vigencia total”. Ha señalado que el Gobierno andaluz con esta nueva norma se coloca en la primera línea en la defensa y la recuperación de “nuestra memoria histórica, nuestra memoria democrática, de nuestra memoria como pueblo, para devolver y sacar del olvido los nombres de las personas que durante muchos años han estado injustamente olvidadas y recuperar la dignidad para sus familias, que han visto silenciado el recuerdo de los suyos”. Una norma que, según ha indicado, ha contado en todo el proceso de elaboración y trabajo con el apoyo de las familias y los colectivos sociales memorialistas, esenciales en un proceso que no podría “de ninguna manera” desarrollarse al margen de ellos y ellas.
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