El proyecto, diseñado y pactado entre socialistas y comunistas, tiene el rechazo del grupo naranja, que sostiene a la Junta. El Parlamento lo debatirá tras el 20-D
El debate en torno a este proyecto puede evidenciar las diferencias ideológicas que separan a los socialistas del partido naranja, unas discrepancias que Díaz ha tratado de gestionar con sumo cuidado para evitar cualquier encontronazo con sus aliados antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2016, y luego antes del 20-D. La ley de Memoria Democrática podría ser la primera norma que el Gobierno andaluz saque adelante en el Parlamento sin el apoyo de C’s, siempre que el PSOE-A logre sumar los 15 votos de los diputados de Podemos y los cinco de Izquierda Unida. De conseguirlo, Díaz habría consolidado el ejercicio de geometría variable que se está imponiendo en esta legislatura, y que permite a la Junta pactar políticas liberales con los conservadores (PP y Ciudadanos), y medidas sociales o de tinte izquierdista con los grupos más progresistas (IU y Podemos). Hasta ahora el Gobierno andaluz se ha servido de esa estrategia de equilibrios para hacer la política que quiere hacer: ha sacado adelante los presupuestos de 2016 con la ayuda de C’s; ha vetado la eliminación del impuesto de sucesiones que estos y el PP le pedían gracias a los votos en contra de Podemos e IU, y también con el respaldo que, sin pedírselo, le dieron los grupos de izquierda, lograron tumbar una enmienda de C’s al presupuesto que implicaba aumentar en medio millón de euros el gasto para la escuela concertada.
La ley de Memoria Democrática llegará al Parlamento después de las generales por una mera cuestión de calendario, a pesar de que IU protestó, porque pensaban que el PSOE lo había postergado hasta después del 20-D para evitar roces con sus socios.
La iniciativa del Consejo de Gobierno entró en registro de la Cámara el pasado 15 de octubre, por tanto la Mesa, órgano rector del Parlamento, no la incluyó en el orden del día del último pleno ordinario (el siguiente fue el monográfico sobre presupuestos). En su lugar se primaron dos propuestas de ley, una del PSOE sobre la ordenación de la Función Pública (que fue aprobada) y otra de IU sobre el Ente Público de Crédito (rechazada). Ambas entraron en registro antes que la citada norma, la primera el 5 de octubre y la segunda el día 8. Después del debate de presupuestos, el siguiente pleno ordinario se celebrará los próximos días 22 y 23, justo después de las elecciones. La Mesa decidirá el miércoles si introduce el debate sobre la ley de Memoria. C’s está en contra de la política de exhumaciones de víctimas del franquismo, piedra angular de la ley, aunque no presentó enmiendas para retirar del presupuesto el millón de euros que recoge para exhumaciones.