Sevilla. Memoria y compromiso democrático

El Correo de Andalucía | Colectivo SENDA, 23-5-2015

En 1961 el Ayuntamiento de Sevilla, presidido por el entonces alcalde Mariano Pérez de Ayala y Vaca, concedía la Medalla de Oro de la ciudad al comandante Antonio Castejón Espinosa, en ese momento además Capitán General de la Segunda Región Militar, en el marco del XXV aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

No está de más recordar que el mismo año en que este sanguinario militar era condecorado por el Ayuntamiento de Sevilla, en Israel, el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann era sentenciado a muerte; que en Estados Unidos era elegido presidente el demócrata John F. Kennedy; y que en Reino Unido, en el Cavern Club de Liverpool, actuaban por primera vez The Beatles.

El pasado 28 de abril el Pleno Municipal de Sevilla acordó por unanimidad de los tres grupos políticos con representación –PP, PSOE e IU– y a propuesta de este último, que fuese «retirada la Medalla de Oro de la ciudad a Antonio Castejón Espinosa». Se trataba del conocido llanamente como comandante Castejón, participante en primera línea del sangriento golpe de los sublevados del 36 contra la legal, legítima y democrática II República Española y cuyas acciones sembraron de cadáveres numerosos pueblos de Andalucía occidental y la baja Extremadura.

La retirada de la medalla se aprobaba en aplicación de la conocida como Ley de Memoria Histórica –cuyo nombre oficial es largo y prolijo– aprobada en 2007 por el Congreso de los Diputados. Junto a este acuerdo se tomaron otros relacionados con lo que también fija esta Ley como susceptible de retirada de espacios públicos: la simbología relativa al golpe y posterior dictadura del ilegal, ilegítimo y represor régimen franquista.

En 2008, el gobierno municipal de coalición PSOE-IU constituyó en el Ayuntamiento de Sevilla un grupo técnico para la elaboración de un listado de calles de nuestra ciudad cuyas nomenclaturas fuesen referencias del régimen franquista o de los grupos violentos que acompañaron al régimen criminal en su recorrido. Como resultado de aquel trabajo, bajo la responsabilidad del entonces primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, el 18 de julio de ese mismo año se tramitaron cambios en 41 calles con nombres militares y políticos franquistas que rememoraban su papel en la sublevación, o que rememoraban batallas que el franquismo convirtió en hitos de su alzamiento. Diecinueve de aquellos expedientes tuvieron su culminación en mayo de 2009 con la aprobación de los nuevos nombres en un Pleno Municipal y el resto continuó su tramitación.

En ese mismo Pleno Municipal se aprobó por unanimidad retirar el título de Hijo Adoptivo y la Medalla de Oro de la ciudad al general Gonzalo Queipo de Llano. En conjunto, además del voto unánime referido a Queipo, votaron a favor de todas las propuestas los grupos PSOE e IU, mientras que el grupo del PP votó veinticinco propuestas a favor y se abstuvo en quince.

Estas dos situaciones que recordamos aquí tienen un denominador común: en ambas legislaturas han sido los grupos de izquierdas, en el gobierno o en la oposición, los proponentes de estos necesarios cambios que eliminen los vestigios del franquismo represor y sus protagonistas. Las excepciones se saldan con escasos cambios propuestos por el PP para sustituir nomenclaturas franquistas de menor importancia por nombres de titulares de hermandades religiosas, aparte del bochornoso caso de la retirada del nombre de Pilar Bardem, tan sólo dos años después de haber sido aprobado, para sustituirlo, cómo no, por el de una imagen religiosa cuya hermandad lleva el nombre de la esposa de Queipo de Llano.

Si en materia de nomenclátor y simbología franquista el PP juega al despiste, en materia de fosas comunes hay una casi absoluta unanimidad –también en este aspecto hay excepciones– respecto del rechazo a facilitar desde la administración local los trámites y medios necesarios para intervenir. Aunque lo sufrague la administración autonómica. Aunque les obligue la Ley de Memoria Histórica. El PP mantiene una actitud difícilmente justificable en una España democrática, perteneciente a una Europa igualmente democrática, cuyos países más cercanos a nosotros conmemoran la derrota de los fascismos y no toleran veleidades de ensalzamiento de esa ideología criminal. No sabemos cuánto rédito electoral le aporta al PP el mantenimiento de esa ambigüedad política, en la que lo mismo se le llena la boca de «democracia y libertad» que ataca de manera miserable y sin conmiseración a quienes, con edades muy avanzadas unos o muy jóvenes otros, reclaman la recuperación de sus asesinados y desaparecidos.

No nos alegramos de que el PP se sitúe en esa pose de empatía con el pasado, agarrados a esa manida frase, a ese latiguillo, de «no reabrir heridas». Si el PP es un partido democrático, que lo es –aunque algunos gestos y actitudes hagan que a veces se ponga en duda– debe soltar amarras con cualquier atisbo de comprensión o justificación del régimen franquista. No debieran olvidar que la represión y el asesinato golpista y franquista no sólo se ejercieron sobre hombres y mujeres de izquierdas sino sobre cualquier persona de ideología democrática que hubiese defendido la República constitucional y se hubiese opuesto a los planes de los traidores sublevados. También a partidarios de opciones centristas o centro-derecha, que dicen representar ellos en la política actual.

Quienes más saben de esto, las asociaciones memorialistas e historiadores reputados, tienen muy claro que en el objetivo de recuperar la Memoria Histórica nadie sobra. Si un alcalde se muestra dispuesto a colaborar en un proyecto de exhumación no se mira a qué partido político representa. Quizás el caso más sobresaliente, por la envergadura del proyecto desarrollado, sea el caso del Cementerio de San Rafael, en Málaga capital. Los motivos legítimos que tuvo el alcalde de esa ciudad, del PP, para colaborar en el ingente proyecto de exhumación pasan a un segundo plano cuando el resultado es la recuperación de más de dos mil cadáveres de republicanos fusilados.

No deja de resultar chocante, por tanto, que haya sido en este último pleno de la actual legislatura cuando el gobierno de Zoido haya aceptado formar parte de nuevo de la deseable unanimidad en el rechazo al golpe sangriento y represor de 1936 que implícitamente suponían las propuestas aprobadas. Tanto si los electores deciden otorgarle mayoría suficiente como si no, Zoido y el grupo Popular tendrán ocasión de demostrar, ante la previsible y deseada actividad pro-memorialista, si el voto afirmativo efectuado en el pleno del pasado 28 de abril fue un gesto de rectificación sin solución de continuidad o, por el contrario, se trató de un guiño electoral de última hora para atraer algunos votos despistados.

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