El Gobierno de Susana Díaz se compromete con las asociaciones a impulsar esta norma sin introducir cambios al proyecto aprobado por IU, que decayó tras la ruptura del pacto político
Elconfidencial.com/Isabel Morillo. Sevilla / Fecha09.07.2015 – 05:00 H.
La consejera de Cultura del Gobierno andaluz, Rosa Aguilar, ha incluido como una de las líneas prioritarias de su departamento el impulso de la ley de memoria democrática aprobada de la mano de Izquierda Unida el pasado enero y que decayó tras la ruptura del pacto político con el PSOE en Andalucía.
La exministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y exdirigente de IU reestructura su cartera para que estas competencias, que en el último Ejecutivo de Susana Díaz han pasado a adscribirse al área de Cultura, se convierta en una de “las áreas fundamentales”, según fuentes de su consejería. Algunas de las principales asociaciones y colectivos más relevantes de Andalucía confirman que ya han tenido contactos con la Junta y se les ha asegurado que la ley verá la luz sin modificaciones respecto al texto que llegó al Parlamento andaluz meses atrás. Habrá “diálogo” y no será una ley “contra nadie sino para todos”, insisten desde la Junta.
La pugna con la Iglesia por la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba es otro de los asuntos espinosos que heredará Aguilar, que igualmente ha mostrado su interés en abrir cuanto antes el diálogo para llegar a un acuerdo que no pudo alcanzar su antecesor en Cultura. Quien fue alcaldesa de la ciudad, entre 1999 y 2009 bajo las siglas de IU, cuenta esta vez con la socialista Isabel Ambrosio en la alcaldía de la ciudad cordobesa, tras desalojar del Gobierno al PP con un pacto con IU y el apoyo de Ganemos, marca blanca de Podemos. El referente político de más relumbrón nacional fichado por Susana Díaz para su Ejecutivo ya ha lidiado con la dimisión de la directora de la Alhambra por la denuncia de la Fiscalía, que alerta de un desvío de 5,4 millones de euros en fondos públicos a través de la empresa a la que se adjudicó las audioguías del monumento más visitado de Andalucía.
La norma andaluza de memoria democrática, abanderada por el entonces vicepresidente Diego Valderas, vio la luz en el Consejo de Gobierno a finales de enero y llegó al Parlamento andaluz, donde decayó en el último minuto tras la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas. Fue, junto a la creación de una banca pública en Andalucía, uno de los proyectos legales que generó más tensiones en el seno del Gobierno andaluz entre los socios de PSOE e IU. Finalmente los socialistas asumieron el texto legal hasta el punto de que Susana Díaz incluyó esta propuesta en su programa electoral. La ley contemplaba una memoria económica de 10 millones de euros para su despliegue en los próximos cinco años y contó con el voto en contra de los representantes del Partido Popular a su paso por el Consejo Consultivo.
Sanciones y expropiaciones de terrenos
Entre las principales novedades, la ley prevé un catálogo de sanciones para que en el plazo de doce meses desde su entrada en vigor se retiren todos los símbolos del franquismo en Andalucía. Las multas van desde los 150.000 a los 200 euros. La mayor sanción multará la construcción sobre fosas comunes, que pasarán a ser consideradas como Bienes de Interés Cultural (BIC), por lo que deberán ser tratados como yacimientos arqueológicos. La negativa a retirar símbolos franquistas también será multada, penando tanto a los ayuntamientos como a las comunidades privadas de vecinos.
Habrá también un censo público de víctimas de la represión en Andalucía y la mayor parte de la dotación económica de la ley andaluza estará destinada a abrir fosas y recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. La Junta actuará de oficio, se deberán autorizar las expropiaciones a titulares privados y habrá un mapa que identifique las, al menos, 620 fosas donde yacen unos 60.000 desaparecidos en Andalucía, según estimaciones oficiales. El hecho de que el Gobierno andaluz reserve a la iniciativa pública y como potestad de la administración la apertura de fosas no ha estado exento de polémica. Muchas de las asociaciones de víctimas, que en los últimos años han actuado por su cuenta y con sus propios medios para recuperar restos de familiares, se oponen a este punto de la ley.
Se recogerán muestras de ADN de familiares de las víctimas que entrarán a formar parte de un banco público biogenético para facilitar el reconocimiento de los restos que sean exhumados. La ley también llegará a las aulas andaluzas. Aunque en un principio solo se regulaba la “enseñanza de la memoria democrática” en Secundaria y Bachillerato, la norma en su última redacción también incluye las clases de Primaria. Los contenidos curriculares no se ceñirán a la Guerra Civil sino que abarcarán desde 1931, con la II República, hasta 1982, año de aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Exhumaciones de la columna minera de Riotinto
La consejera de Cultura dará cuenta de la memoria histórica como prioridad de su departamento durante su comparecencia en el Parlamento andaluz prevista la próxima semana. Después, posiblemente el 16 de julio, Aguilar prevé una comparecencia pública con asociaciones y representantes de este movimiento en Andalucía.
Entre sus primeras actuaciones, indican fuentes de la Consejería de Cultura, habrá novedades relacionadas con la exhumación y recuperación de los nueve mineros enterrados en el antiguo cementerio de la localidad sevillana de Camas. Un proyecto impulsado en 2011 y que actúa en la fosa común que trata de recuperar los cuerpos de los mineros de Riotinto desplazados a Sevilla para luchar por el gobierno de la República y que perecieron en una emboscada de los golpistas en julio de 1936.
En abril se iniciaron los trabajos para la exhumación de estos cuerpos que iban acompañados de un estudio antropológico para identificar uno a uno los restos. La Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática prepara un homenaje el 19 de julio, en el 79 aniversario de la columna minera de Riotinto.
Rafael López, responsable de la gestora de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia, en fase de disolución tras doce años de vida por desacuerdos internos, confirma que el Gobierno andaluz se ha comprometido a impulsar la norma “en breve” como una de las “prioridades”, de acuerdo con las asociaciones más representativas y sin modificaciones de calado respecto al texto que llegó al Parlamento. No obstante, los colectivos aspiran a que se introduzcan modificaciones durante el trámite parlamentario dirigidas a aclarar las sanciones o que doten de mayor presupuesto el banco de ADN previsto. Las asociaciones confían en un mayor impulso en la apertura de fosas y aseguran que solo se ha actuado sobre una veintena de las más de 600 catalogadas en Andalucía. La iniciativa pública que la ley reserva a la Junta para las exhumaciones no convence a estos colectivos.
La Junta defiende que durante estos meses y a pesar de que la norma quedó en un cajón, las actuaciones en este campo no han cesado. De hecho, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), informó el pasado 10 de junio de actuaciones para la exhumación en fosas de diez municipios andaluces, con implicación del banco público de ADN en dos de ellos. Tras la salida de IU del Gobierno se designó a Javier Giráldez como director general de memoria democrática. Desde la Consejería de Cultura no aclaran aún si seguirá en este puesto o habrá un nuevo nombramiento, insistiendo en que todavía no se ha culminado la reestructuración de este departamento.
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