Soria. Adolfo, Gregorio y Alberto, republicanos asesinados hace 85 años, ya están con sus familias

Así se cierra la lucha de estas tres familias que comenzó con la exhumación de los cuerpos en 2019. Un acto en el que participa la sociedad civil será una parte del fin de esta historia, incompleta al demostrarse que uno de los cuerpos aparecidos no corresponde con el que se presuponía.

Guillermo Martínez / Madrid / 03/09/2021

Cuando Francisco Valdenebro vio aquel dedil supo que ese esqueleto era el de su tío Gregorio, detenido cuando estaba segando. Al republicano asesinado le conocían como El Bolito, el mismo mote por el que también ahora conocen a Paco. Solo había que atar cabos. La fosa ya estaba abierta, la única forma de cerrar, si es que se puede, una herida mortal iniciada el 15 de septiembre de 1936, día de la desaparición de las cuatro personas que aparecieron de entre la tierra. Ocurrió en La Riba de Escalote, en Soria, y, tras un arduo trabajo de reconocimiento genético y luchas judiciales, este sábado tres familias recuperan los restos mortales de sus seres queridos.

Sus nombres y los «crímenes» por los que les asesinaron: Adolfo Morales, fundador de las Juventudes Socialistas y militante de la UGT en Soria, comisionista y chófer, 26 años; Gregorio Valdenebro, jornalero, perteneciente a Unión Republicana, 28 años; y Alberto Rodrigo, sastre, casado y con tres hijos, tesorero de Unión Republicana en el municipio de Berlanga, 32 años.

«Ha sido una exhumación que desde el primer segundo ha estado judicializada. Al contrario de cómo se trata a los desaparecidos de la represión militar, casi como si fueran restos arqueológicos, estas personas entraron en una causa penal, por lo que desde el primer momento han sido consideradas como víctimas, un aspecto muy importante», relata Iván Aparicio, miembro de la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad. Esta organización ha sido la propulsora de la exhumación gracias a los testimonios de varios fallecidos de los asesinados: «Cuando aparecieron los primeros restos óseos, vimos que en la cuenca vacía de un ojo había manchas azules dejadas por el proyectil, lo que probaba una muerte violenta».

En el momento del descubrimiento de esta fosa común clandestina, también se encontraba en el lugar la Sociedad de Ciencias Aranzadi, junto a la Guardia Civil y Policía Judicial. Los objetos y restos humanos hallados en la zona fueron llevados al Juzgado de Almazán, donde se ha instruido la causa. En la denuncia, redactada por la agrupación memorialista y abogados de Rights International Spain y la Asociación pro Derechos Humanos, se recogen los asesinatos de otras 582 personas en la provincia de Soria.

La investigación, en entredicho por un juez

Este sábado es un día especial en Soria: «Lo que éticamente levanta la memoria histórica es que las personas puedan disponer de los cuerpos de sus seres queridos para darles la sepultura que decidan. En este homenaje implicamos a la sociedad con ese paseo que haremos para visibilizar que los franquistas mataron unos 600 civiles en la provincia», en palabras de Aparicio. Y continúa: «Es muy importante que sea la sociedad civil quien devuelva los restos mortales después de que fueran secuestrados de alguna manera por la autoridad militar del momento, torturados o no, y enterrados en fosas comunes lejanas para evitar su localización».

La querella que presentaron en un primer momento ya apuntaba a que se podía tratar de crímenes de lesa humanidad. Argumentaban que no eran víctimas de la guerra, sino crímenes cometidos contra la población civil. Del mismo modo, estos asesinatos responden a los patrones efectuados de manera sistemática en toda la provincia y gran parte del Estado a medida que los militares sublevados avanzaban. La querella, además, recoge que los asesinatos se produjeron lejos del frente de guerra y las personas fueron enterradas en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización.

Ya se habían ordenado las pruebas de ADN a los posibles familiares cuando el juez Carlos Ceña Nuel, un navideño 26 de diciembre, dictó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. Tal y como apuntó Público, el magistrado «argumenta en su auto que, por un lado, el delito de detención ilegal estaría prescrito debido a que han pasado más de 80 años desde entonces. (…) También señala que no se puede afirmar que las víctimas estén todavía desaparecidas (lo que implicaría que el delito no ha prescrito), ya que la investigación de la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad asegura que fueron ejecutadas el día 16 de septiembre».

Un cuerpo por identificar

El pasado marzo llegaba la buena nueva: la Justicia, mediante el Instituto Nacional de Toxicología, consiguió identificar genéticamente a tres de las cuatro personas exhumadas en 2019. Los familiares de Adolfo, Gregorio y Alberto podrían recuperar sus restos. La mala noticia iba pareja: los otros restos hallados en la fosa no pertenecen a Silverio Lumbreras, electricista de 25 años de edad y militante en el POUM cuando fue asesinado, tal y como en un primer momento se sospechaba.

En este sentido, Aparicio apunta que hay ciertas contradicciones en los informes del Instituto de Medicina Legal: «Uno de ellos establece que el ADN mitocondrial no se corresponde con el de Silverio Lumbreras, pero en otro nos recomendaban exhumar a sus padres y recoger muestras de ADN para certificar que se trataba de él, y no sabemos por qué en dos informes distintos aparece esa información contradictoria».

Los presuntos asesinos, con nombres propios

Por otra parte, la querella presentada también apuntaba a los culpables de estos asesinatos. En su mayoría, las víctimas estaban bajo custodia de la Comandancia Militar de Soria en el momento de su muerte. Uno de los documentos adjuntos al texto es una publicación del Boletín Oficial de la Provincia por parte del gobernador civil en el que certifica, tal y como ya contó este medio, «que lo relativo al orden público debería efectuarse por agentes de su autoridad portando orden escrita suya o de la Comandancia Militar». Así pues, el gobernador es quien asume toda la responsabilidad de la represión y demuestra el orden jerárquico de los crímenes.

«Yo no me creo que se haya eliminado toda la información acerca de la represión», agrega Aparicio. «Ese documento que presentamos en sede judicial demuestra que las milicias patrióticas, como las llamaban, no podían actuar sin orden del gobernador civil o militar del momento, así que todos estos crímenes llevan su firma», prosigue el memorialista soriano.

Y termina con esta reflexión: «Nosotros estamos de un lado para otro, intentando documentarnos, yendo a archivos, sacrificando nuestro tiempo y dinero cuando el Estado tiene todo lo que hay que tener para saber dónde está esa información y quién fue esa gente que mandaba matar y enterrar en fosas comunes clandestinas. No sé a qué se le teme ahora para no ir más allá, si a sectores del Ejército o de la judicatura claramente posfranquistas y no lo suficiente democráticos para una sociedad avanzada. Esto solo prolonga el sufrimiento de las familias, lo mismo que querían que ocurriera estos sectores de la represión».