Un hombre torturado y la familia de un asesinado se unen a la querella argentina contra el franquismo

► El Consulado de Argentina en Madrid recibirá este miércoles sendos escritos acusatorios para su inclusión en la causa que investiga los crímenes franquistas

► A Ángel González lo torturaron en la sede de la Brigada Político-Social de Barcelona: “Fui colgado con esposas de los barrotes de la celda, con las muñecas vendadas y tocando el suelo con la punta de los pies. Así permanecí toda la noche”

► La familia de Vicente Cervera relata la ejecución en 1942 del militar leal a la República por su “actuación durante el dominio rojo en Menorca”, la isla que no pudo ser conquistada por Franco en tres años de guerra

ELDIARIO.ES | JUAN MIGUEL BAQUERO | 18-10-2016

“Me dijeron que nos íbamos allá para ejecutarme. Lo deseé profundamente. Deseé que todo acabara y así se lo dije”. Es el testimonio de Ángel González, torturado tras su detención en 1975. Su caso, y el de Vicente Cervera, ejecutado en 1942 por su “actuación durante el dominio rojo en Menorca”, suman nuevas denuncias en la querella argentina. Las víctimas del franquismo responden así al bloqueo anunciado por la Fiscalía General del Estado.

Los escritos acusatorios, a los que ha tenido acceso eldiario.es, serán presentados en el Consulado General de la República Argentina en Madrid el 19 de octubre en el marco de la causa 4591/10, por genocidio y crímenes contra la humanidad, que instruye desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1 de Buenos Aires la magistrada María Servini.

Para su inclusión en el único proceso abierto en el mundo sobre la represión franquista, los querellantes acompañan las denuncias de una “amplia documentación”. Caso de “consejos de guerra, pruebas de torturas y asesinatos” o de los “juicios-farsa” que montaba el régimen nacido del golpe de Estado militar de julio del 36.

Las víctimas cuestionan el “régimen corrupto e impune de la transición, erguido sobre los cimientos nunca depurados de los que se autoproclamaron vencedores”, según apunta en nota de prensa La Comuna Presxs del Franquismo como miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

Una primera denuncia alude a la ejecución de Vicente Cervera Grau el 9 de julio del 42. Capitán republicano en la Batería de Costa de San Felipe en Mahón (Menorca), natural de Valencia, y al que los golpistas “nunca perdonaron” que la isla se mantuviera leal al Gobierno de la II República “durante los tres años de la guerra civil”.

El segundo escrito relata la detención de Ángel González García el 11 de octubre del 75 en Portbou (Girona). Y la inagotable tortura a la que fue sometido “durante 11 días” en la sede de la antigua Brigada Político-Social (BPS) en la Via Laietana de Barcelona. O la “prisión sin juicio ni prueba alguna durante dos años”, hasta su puesta en libertad el 19 de octubre del 77. Justo 39 años más tarde llega la denuncia por aquellos hechos.

Golpeado “hasta hacerme sangrar por la boca”

“Cuando volvía a España después de haber participado en una reunión de la dirección nacional del PCE, del que era miembro, fui detenido en la frontera”, declara González. Las fuerzas policiales le hicieron bajar del tren “en el que venía desde Lyon (Francia) hasta mi destino en Barcelona”.

Antes, en el cuartel de la Guardia Civil del puesto fronterizo de Porbou dudan de la veracidad del pasaporte. “Mi documentación era falsa porque estaba en busca y captura”, expone. “Al no plegarme a sus exigencias, fui desnudado y empezaron a golpearme con puños y porras hasta hacerme sangrar por la boca”.

Ángel González continúa en el escrito de acusación el relato, desgarrador, de las torturas infligidas por los funcionarios franquistas: “A continuación se me trasladó a una celda donde fui colgado esposándome a los barrotes de la misma, con las muñecas vendadas y tocando el suelo con la punta de los pies. Así permanecí toda la noche”.

A la mañana, traslado al Cuartel de San Pablo en Barcelona. “Y de allí a la temida comisaría central” de la BPS, donde aplican al detenido “la ley antiterrorista en vigor”, acusado del asesinato de un Policía Nacional. Arrancaron un puñado de días “imborrables”. Sometido “a diario y con pequeños descansos en calabozos” a la “tortura de la barra”: colgado entre dos mesas, “empezaban a golpearte con porras en las nalgas, las plantas de los pies, la zona lumbar… hasta que se cansaban, te dejaban un rato y volvían a lo mismo”.

Un día, cuenta, le anuncian “el paseíllo” al Campo de la Bota, “lugar de fusilamientos sin juicio tras la entrada de los franquistas en Barcelona”. “Recuerdo que cuando por fin por la noche me metieron esposado en un coche camuflado con cuatro policías y me dijeron que nos íbamos allá para ejecutarme, lo deseé profundamente, deseé que todo acabara y así se lo dije”. Antes de llegar a destino, el vehículo regresa. “Volvimos a Laietana y continuaron torturándome con más ganas”, culmina.

El asesinato de un militar “leal” a la República

“Mi tío abuelo Vicente Cervera Grau fue asesinado mediante fusilamiento el 9 de julio de 1942 a las 6 de la mañana en las Glasis de Isabel II de la ciudad de Mahón a los 34 años de edad”. El escrito es de Isabel Cervera, familiar del militar “leal a la causa republicana” describe la muerte a tiros “durante la insurrección fascista”. Una más, subrayan, “de las 148 ejecuciones que se llevaron a cabo en La Mola de Mahón desde 1939 hasta 1945”.

La causa 1488 “en esclarecimiento de la actuación durante el dominio rojo en Menorca”, es la sentencia de Cervera Grau. El juicio sumarísimo dicta 30 años de reclusión mayor como “autor de un delito de adhesión a la rebelión”, como consta en documento de la Auditoría de Guerra de Baleares. Pero el militar al mando “manifiesta disconformidad con el fallo” y estima procedente imponer la pena de muerte.

La noticia del asesinato “nunca se comunicó a la familia”, insisten. El padre de Vicente conoció el suceso “en la barbería del pueblo”, a través de “un vecino enterado por la prensa”. Y falleció pocos días después. “No pudo soportar el dolor ni la injusticia, murió sin poder ver ni enterrar a su hijo”, que había acabado en una fosa común en el segundo país con más desaparecidos forzados.

La denuncia pide al juzgado argentino que requiera a las autoridades españolas la documentación oficial existente, la inhumación de los restos y extracción de muestras de ADN y “la depuración de responsabilidades” y el juicio a los responsables “que puedan quedar vivos”.

Ángel González, absuelto en aplicación de la Ley de Amnistía del 77, solicita de su parte la “identificación de los torturadores” para su imputación, extradición y dictado de una orden internacional de detención. Aporta, con este fin, datos, fechas, documentación… y hasta rasgos físicos de “quienes estaban a cargo y de guardia” en aquellos días “imborrables”, como el jefe de la BPS: “Hombre de unos 50 años, bajito, con pelo castaño-canoso y algo calvo, con bigotito, gafas y trajeado”.

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