A Rafael Pacheco, alcalde socialista de El Casar de Cáceres le han sido abiertas diligencias por las que se le acusa de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio. El supuesto delito, por el que también se solicita su inhabilitación para cargo público, sería haber trasladado la Cruz de los Caídos, proceso que se inició siguiendo instrucciones de la Diputación de Cáceres y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007. El citado monumento se encuentra incluido en el catálogo de vestigios franquistas de la provincia concluido y presentado en 2018 por el Comité de Expertos de la Memoria Histórica de Cáceres, presidido por el historiador Julián Chaves, con el que se pretendía culminar la labor sistemática de detección de los restos de exaltación fascista presentes en numerosos municipios de la región extremeña. En su artículo número 15, la citada norma especifica cómo “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
El procedimiento ahora iniciado ha sido puesto en marcha por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cáceres, de resultas de la querella presentada por la organización integrista denominada Fundación Española de Abogados Cristianos, que incluso abrió una petición pública al respecto en redes sociales.
El traslado ―que no derribo― estuvo a cargo de operarios municipales y tuvo lugar el 25 de mayo, transportándolo desde la céntrica calle Larga Alta (donde se encontraba hasta ese momento) hasta el camposanto local. El Partido Popular de la localidad ya se manifestó entonces en contra de la medida, calificando la Cruz como un simple símbolo “religioso y no político”. Fue en julio cuando la mencionada fundación interpuso un primer recurso, inadmitido entonces por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres alegando “falta de legitimación activa”, habida cuenta, según falló el propio Juzgado, que la parte entonces recurrente “ni es titular del derecho a la libertad religiosa, ni invoca o acredita un derecho de acción pública urbanística sobre Casar de Cáceres en relación a las decisiones que afectan al patrimonio monumental de la localidad”.
En ese momento, y agotada la vía del contencioso, se advirtió la posibilidad de la prosecución del procedimiento por vía penal, como finalmente ha sucedido. La Cruz, que a lo largo de varias décadas ha conocido hasta cinco traslados a diferentes localizaciones, se encuentra en estos momentos situada en el recinto del cementerio municipal, integrada en el mismo y sin que en la localidad cacereña se hayan detectado muestras de malestar por el último movimiento del monumento.
La asociación denunciante ha advertido en diversos medios, mientras tanto, que su voluntad es iniciar acciones judiciales siempre que se derriben cruces “atentando contra nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra libertad religiosa”. Su presidenta, Polonia Castellanos (a la sazón esposa del economista Alfonso González Rodríguez-Vilariño, candidato de Vox al Senado y también patrono de la fundación) remarcó también cómo “en Abogados Cristianos no descansaremos hasta reponer todas las cruces que se tiren”.
En el espacio donde se ubicaba el recordatorio franquista objeto de polémica, el Ayuntamiento optó por colocar una escultura dedicada a la figura de los abuelos. En la elaboración de la misma, denominada “Oliva y Olivo, un abrazo ancestral” participaron numerosos vecinos de la localidad cacereña aportando platos de porcelana y vajillas antiguas. Fue presentada por su creador, el actor Santi Senso, el 4 de junio en un acto en la Casa de Cultura de El Casar.
