Una fosa común, en 1936, de presos de Montilla en Castro del Río, por Árcangel Bedmar.

Una fosa común, en 1936, de presos de Montilla en Castro del Río

Una fosa común, en 1936, de presos de Montilla en Castro del Río

El 6 de agosto de 1936, a los pocos días del comienzo de la guerra civil española, una columna militar dirigida por el general José Enrique Varela Iglesias sacó a varias decenas de presos de la cárcel de Montilla, una localidad donde había triunfado la sublevación golpista el mismo 18 de julio. Cuando llegaron a las inmediaciones del pueblo vecino de Castro del Río, los prisioneros fueron fusilados y enterrados posiblemente en una fosa común que podría estar situada en la finca Santa Rita. En enero de 2015, elaboré un informe histórico para avalar la solicitud que realizaron los familiares de algunos de estos fusilados a la Dirección General de Memoria Democrática, con la intención de que este organismo, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, aprobara el inicio de los protocolos de actuación previstos para exhumaciones de víctimas de la guerra civil de acuerdo con la normativa legal vigente. Año y medio año después, el 10 de agosto de 2016, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado que la indagación, localización, exhumación e identificación genética (si procede) de las víctimas enterradas en esta posible fosa común está incluida en las actuaciones que la Dirección General de Memoria Democrática va a llevar a cabo en los próximos meses en 37 localidades andaluzas. Debido a la importancia de esta decisión administrativa y a la repercusión que ha tenido la noticia, he decidido publicar en esta entrada del blog el informe histórico que entregué a las familias. Puede leerse en este enlace. 

Respecto a las exhumaciones de víctimas de la guerra civil, hemos de recordar que los restos de las víctimas de la represión republicana, con dinero público, fueron sacados de las fosas comunes, identificados e inhumados en cementerios, según establecieron al menos dos órdenes de 6 de mayo de 1939 y de 1 de mayo de 1940 del Ministerio de Gobernación franquista. Tras estas fechas, más de treinta mil cadáveres se exhumaron y se enterraron también en el Valle de los Caídos. No ocurrió igual con las víctimas de la represión franquista. Aunque hubo exhumaciones puntuales de fosas comunes durante la Transición, llevadas a cabo por los familiares de manera privada, hasta el año 2000 no se inició la primera exhumación científica de víctimas republicanas en Priaranza del Bierzo (León), donde se identificaron 13 cadáveres. Desde esa fecha y hasta el año 2012, según el recuento global que publicó la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han realizado 332 intervenciones y se han recuperado los restos óseos de 6.300 desaparecidos. En nuestro país hay contabilizadas 2.382 fosas de víctimas de la represión franquista aún sin excavar que albergarían más de 45.000 cadáveres.

En los últimos años, distintos organismos de la ONU han recordado al gobierno de España que el Derecho Internacional Humanitario recoge que la búsqueda, identificación y entrega a sus familiares de los restos mortales de los fallecidos y desaparecidos en un conflicto armado, sea internacional o una guerra civil, es una obligación de los estados, y también establece el derecho de las familias a saber qué les ocurrió, a rememorarlos y a recuperar sus restos. Estas obligaciones de los gobiernos y los derechos de las familias son de carácter universal y no prescriben con el tiempo. La finalidad es acabar con el dolor y la angustia de los familiares hasta que encuentran el cuerpo de su ser querido, que es la única manera de cerrar las heridas que aún permanecían abiertas.

Y como es un deber cerrar las heridas que aún permanecen abiertas y estamos hablando de derechos humanos, estimo que es de justicia concluir esta entrada del blog con la fotografía que viene a continuación, realizada el 9 de noviembre de 2014 por Rafael González. En ella aparezco con Remedios Gómez Márquez, a la que conocí cuando aportó su testimonio para la cuarta edición de mi libro Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1944), publicada en 2009. Con ella, y con algunos de sus hijos, he compartido charlas y he coincidido en múltiples ocasiones en Córdoba en actos de carácter histórico. Nació en Santa Cruz, una aldea perteneciente en 1936 al término municipal de Montilla y hoy al de Córdoba capital. Allí, el 20 de julio de 1936, solo dos días después del golpe de Estado, detuvieron a su hermano Antonio, de 17 años entonces (aparece en la fotografía de arriba) y a su padre, Juan José Gómez Gálvez “Bandurria”, de 46 años. Los dos iban en el grupo de presos sacados de la cárcel de Montilla y fusilados en Castro del Río por la columna del general Varela el 6 de agosto. Remedios tiene 84 años en la actualidad, y es una de las personas que, con una entereza y una dignidad envidiables, aún busca los restos, para darles digna sepultura, de su hermano y de su padre. Sus esperanzas, junto a las de otras familias, están puestas en este momento en que la intervención programada en Castro del Río por la Dirección General de Memoria Democrática culmine con éxito. Si así fuera, sé que sería uno de los momentos más emotivos y felices de su vida.