Unidas Podemos aplaza por la covid la jornada en que juristas internacionales iban a explicar en el Congreso la Ley de Memoria

Servimedia

16.01.2022

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Unidas Podemos ha aplazado por la sexta ola del covid-19 la jornada que tenía previsto celebrar este miércoles 19 en el Congreso de los Diputados en la cual juristas internacionales iban a explicar la importancia de la enmienda introducidas a la Ley de Memoria Democrática para que la Ley de Amnistía no se sobreponga al Derecho Internacional en los crímenes del franquismo.

“Se aplaza a más adelante por cuestión de prudencia con el covid, a ver cómo evoluciona el tema”, indicaron a Servimedia fuentes del grupo confederal, que pretende que juristas internacionales expliquen a los medios de comunicación, las asociaciones de memoria histórica y a la sociedad en general lo que considera que el PSOE no quiere o no se atreve a poner en valor y que ERC ha menospreciado hasta el punto de decir que el grupo confederal ha engañado a los colectivos con las 30 enmiendas introducidas junto a los socialistas a la Ley de Memoria Democrática.

“No estamos dispuestos a quedar mal con las asociaciones de memoria”, justificaron fuentes de Unidas Podemos, molestas con ERC por haber calificado de engaño lo que para ellas es “un paso trascendental” que “lo resuelve todo”. Se referían, en concreto, a haber logrado “introducir en el último momento una medida que puede acabar con la impunidad” de los crímenes del franquismo y a la cual el PSOE, aseguran, se resistió casi hasta el final por interpretar que Unidas Podemos pretendía cuestionar la Transición.

La enmienda crucial pactada con el PSOE y anunciada el 17 de noviembre por el secretario de Estado para la Agenda 2030 y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, se refería al artículo 2.3 de la Ley de Memoria, que ahora establecerá que toda la legislación española, incluida expresamente la Ley de Amnistía de 1977, se interpretará de acuerdo con el Derecho Internacional, y en particular con el hecho de que los crímenes de lesa humanidad y las torturas, además del genocidio y la guerra, son “imprescriptibles y no amnistiables”.

LOS JUECES

Desde el principio, Santiago ensalzó que esta enmienda acababa con la impunidad, pero achacaba ésta, no a la Ley de Amnistía, sino a los jueces que se escudaron en ella “para permitir la impunidad de crímenes que no pueden quedar impunes” porque el Derecho Internacional no lo permite. En su opinión, los tribunales ya no tendrían esa excusa con el redactado del artículo 2.3. “Esto se va a corregir con esta interpretación expresa”, defendió entonces.

Sin embargo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quiso aclarar al día siguiente en una entrevista que esta enmienda no modificaba en nada la Ley de Amnistía y que la legislación penal “no es retroactiva”, lo que dio lugar a la cascada de deslegitimaciones del acuerdo alcanzado.

En realidad, Santiago no había puesto en solfa la Ley de Amnistía sino su aplicación, y por eso las fuentes citadas de Unidas Podemos se quejan de que ERC interprete que no se puede acabar con la impunidad por aquella norma de 1977, a diferencia del PNV y EH Bildu, que creen que “entienden perfectamente” el valor de lo conseguido.

“Eso es decir que la Transición fue un pacto con las élites. Y es mentira”, reconvinieron desde Unidas Podemos. “Con esa interpretación, le estás dando la razón a la judicatura que no cuenta con la legislación internacional”. En este sentido, se refirieron al Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de 1966, que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, por no remontarse a la Cláusula Maertens que la esableció para los delitos de guerra en el siglo XIX.

En el grupo confederal sí admiten, como ya hizo Santiago en su día, que la modificación no llevará a jerarcas franquistas el banquillo, porque la mayoría de ellos ya están muertos y, si no lo están, la legislación penitenciaria concede beneficios a los condenados de edad avanzada. Pero sostienen que la Ley de Memoria Democrática si establecerá “una verdad judicial” que, aseguran, los juristas internacionales sí captan en todo su valor y así lo explicarán en el Congreso el día en que se retome la jornada aplazada.

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