Como era de prever, gracias al Partido Popular, su extrema derecha llegó al gobierno autonómico de Castilla y León, donde entre otras responsabilidades le cabe la de estar al frente de la Consejería de Cultura. Se da la circunstancia, no ajena quizá a que Vox haya llegado a formar parte de ese ejecutivo, de que más de tres de cada veinte ayuntamientos de esa comunidad rehúsan modificar los nombres del callejero o los monumentos erigidos en honor al falangismo o a los cabecillas golpistas de la dictadura franquista.

De los 280 consistorios interpelados para verificar los cambios requeridos en cumplimiento de la vigente Ley de Memoria Democrática, que sustituyó la anterior y muy poco efectiva Ley de Memoria Histórica, 46 se niegan a ello. Entre las provincias, Salamanca, donde tuvo su primer cuartel general el dictador y en cuya Plaza Mayor estuvo hasta hace unos años su efigie, es la que más peticiones suma en la comunidad (65), si bien 45 ya han efectuado los cambios.

La lista fue elaborada por un senador de Compromís, integrado en el Grupo de Izquierda Confederal, y puede que sea motivo de nuevas polémicas, después de la que el vicepresidente García Gallardo montó a cuenta del latido fetal, y sobre la que su superior en el gobierno autonómico mantuvo una actitud deplorable que mereció un doble requerimiento del gobierno central, hasta el punto de anunciar que declarará incompetente a la Junta de Castilla y León si vulnera el derecho al aborto.

Los 187 elementos que conforman los residuos testimoniales de aquella infausta dictadura, a cuyo Jefe se le dio el título de Caudillo por la gracia de Dios, son para Vox dignos de figurar en el catálogo de bienes culturales de la Junta de Castilla y León. Por ello, lo que se pretende desde la Consejería de Cultura de la que está a cargo el partido de extrema derecha, es declarar esos vestigios de un pasado histórico que pisoteó la cultura Bienes de Interés Cultural, habiendo sido el régimen al que honran el que se inició con la quema de libros, según se haría después en la Alemania nazi, y dio origen al masivo exilio de intelectuales, científicos y artistas que sumió a España en un yermo de cultura y conocimiento. La dictadura franquista tiene en su haber el asesinato y encarcelamiento de poetas como García Lorca y Miguel Hernández, la muerte en el exilio de Antonio Machado y el fusilamiento, persecución o encarcelamiento de miles de personas vinculadas profesionalmente con la educación en escuelas, institutos y universidades.

El balance hasta ahora de los ayuntamientos que no han ofrecido resistencia y sí han aprobado el cambio de nomenclatura de calles y plazas representa el 73,2 por ciento del total, 205. Los otros 29 consistorios interpelados alegaron diversas razones para no realizar el cambio inmediato, tales como su tratamiento previo en el pleno municipal, la pertenencia del monumento al ámbito privado o la inexistencia de una calle o plaza con el nombre requerido para su cambio.

Así las cosas, con la extrema derecha en el gobierno autonómico tratando de calificar los honores a la dictadura franquista como Bienes de Interés Cultural, nos encontramos con el caso de la mismísima Diputación Provincial de León, en donde los retratos de once presidentes franquistas están junto a los de aquellos otros que fueron elegidos democráticamente. Es así como los turistas y visitantes que acuden al Palacio de los Guzmanes pueden encontrar el retrato del último presidente republicano, Ramiro Armesto, asesinado en 1936 por los militares sublevados, junto al de su sucesor franquista, Joaquín López Robles.

Es de hacer constar que al frente del gobierno de esta institución provincial está en la actualidad el mismo partido que impulsó y aprobó en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Memoria Democrática y gobierna en coalición con Unidas Podemos este país.