«Ya es hora que vuelva a casa». Tras la primera victoria judicial, familiares de otros fusilados también exigen sacar a sus muertos del Valle de los Caídos

Interviú | Ana María Pascual | 16-5-2016

Nadie diría que este prado calmo, casi idílico, cubierto de amapolas y genista, alberga en sus entrañas la sangre de una matanza. Manolo Lapeña Lapeña, zaragozano de 92 años, visitaba de niño el Barranco de la Bartolina, a las afueras de Calatayud (Zaragoza), para hablarle en silencio a su padre, Manuel Lapeña Altabás, veterinario y dirigente de la CNT. Fue fusilado por los fascistas en agosto de 1936 en la Bartolina y enterrado allí mismo, en una fosa común, que pudo albergar, según los historiadores, unos seiscientos cadáveres de republicanos fusilados de la comarca de Calatayud.

                El tío de Manolo Lapeña también fue a parar a la fosa de la Bartolina. Antonio Lapeña Altabás era el herrero de Villarroya de la Sierra, a 20 kilómetros de Calatayud, el pueblo de la familia Lapeña. Tras permanecer escondido, después de la detención de su hermano Manuel, Antonio se entregó a las autoridades rebeldes y fue fusilado en la tapia del cementerio bilbilitano en octubre de 1936.

                Sin embargo, hace ya casi sesenta años que ni Manuel ni Antonio Lapeña yacen en la Bartolina ni en ninguna tumba digna. En 1959, una parte de esos restos fueron trasladados al recién erigido Valle de los Caídos, en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, en el paraje de Cuelgamuros. Los hermanos Lapeña son los primeros represaliados a los que un juez les reconoce su derecho a una sepultura digna. El Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial ha ordenado que se inicien los trámites para recuperar del Valle de los Caídos los restos de los dos hombres porque “existe alta probabilidad de que se encuentren allí”, indica el juez José Manuel Delgado.

                La Bartolina se ha convertido, así, en un símbolo; en la llave que abre los miles de columbarios amontonados en las tripas del mausoleo de Franco. Tras el auto del juez Delgado, otros familiares de represaliados ya están movilizándose para seguir la misma suerte.  En especial, las víctimas de la comarca de Calatayud, que conocen de cerca la lucha de Manolo Lapeña y de su hija Purificación, e incluso comparten el mismo abogado, Eduardo Ranz. “He intentado seguir varias vías –explica el letrado–. La única que ha dado frutos, de momento, es la vía civil. Lo malo es que los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la que me acogí para la reclamación de Purificación Lapeña fueron derogados seis meses después de que la demanda fuera admitida”. Por este motivo, esa vía queda cerrada para los demás demandantes. No obstante, Eduardo Ranz cree que si llega a buen puerto la exhumación de los restos de los hermanos Lapeña Atabás, otras víctimas podrán exigir de alguna manera que les devuelvan también a los suyos.

                Sagrario Fortea Herrero, funcionaria jubilada del Gobierno de Aragón, se enteró en 1977 de que el alzamiento militar segó la vida de su abuelo. Desde entonces lucha para recuperar sus restos y enterrarlos dignamente. Manuel Herrero Martínez, natural de Torrijo de la Cañada, en la comarca de Calatayud, fue fusilado a finales de octubre de 1936. Sagrario ha perdido la batalla judicial; incluso llegó, sin éxito alguno, hasta el Tribunal Constitucional: “Con la victoria de los Lapeña creo que ya no son necesarias más sentencias. Sencillamente tienen que salir de allí los restos de los republicanos ejecutados y deben ser entregados a las familias que lo pidan. Los políticos y la sociedad tienen que exigirlo; es una prioridad”, pide Sagrario.

                Las cifras oficiales hablan de 33.872 personas de ambos bandos de la Guerra Civil sepultadas en la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que acabó siendo la tumba de Franco. Salvo el dictador y José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, el resto de los inhumados figuran como “desconocidos”. Sin embargo, en los archivos del Valle de los Caídos sí que constan los lugares de donde procedían los restos; la mayor parte, fosas comunes de toda España. A las familias de los fusilados no se les pidió consentimiento para el traslado de sus seres queridos al mausoleo franquista: fue forzoso.

En el vertedero

En el libro de registro del Valle de los Caídos consta que fueron trasladados hasta la cripta del monasterio de Cuelgamuros un total de 988 cadáveres procedentes de Zaragoza. Según información facilitada por Patrimonio Nacional –de quien depende el Valle de los Caídos–, los restos de 80 fusilados de Calatayud se repartieron en ocho columbarios, del 2061 al 2069, que están ubicados en el tercer piso de la Cripta del Sepulcro.

                Los restos que quedaron en el Barranco de la Bartolina acabaron desapareciendo en medio de la basura. En 1999, Fernando Martín, el entonces alcalde de Calatayud, del PP, mandó extraer tierra de la fosa para sellar el cercano vertedero municipal. “Ningún político se opuso –clama Miguel Ángel Capapé, presidente de Arico (Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido)–. Todo el mundo sabía lo que se estaba haciendo: masacrar la memoria de los vencidos y eliminar la prueba de un genocidio”.

                Manolo Lapeña, que fue cartero en Zaragoza hasta su jubilación, no termina de creerse que vayan a entregarle los restos de su padre. “¿Será verdad que por fin podré enterrarle en la tumba de mi madre, en Villarroya de la Sierra? –se pregunta el anciano emocionado –. Ya es hora de que todos los que fueron asesinados y están en el Valle de los Caídos regresen a casa, para ser enterrados con los suyos. Ya es hora”, repite Manolo mientras fija la mirada, absorto, en el barranco donde mataron a su padre.

                Sagrario Fortea abraza al anciano. Le ha acompañado en su visita a la Bartolina para celebrar la victoria judicial. Ella piensa en el drama de su familia. Su abuelo, Manuel Herrero Martínez, era padre de cinco hijos, jornalero y concejal de Izquierda Republicana en Torrijo de la Cañada. La Guardia Civil lo detuvo el 27 de octubre de 1936 junto con otro compañero de partido.Cuando su hermano fue a preguntar por él al cuartel, le informaron de que había sido fusilado en Munébrega, un pueblo cercano. Según Patrimonio Nacional, nueve personas asesinadas en aquella localidad descansan en el columbario 2072 del Valle de los Caídos. “Esta información es la prueba de que mi abuelo está en Cuelgamuros junto con sus vecinos y amigos –explica Sagrario Fortea–. En la comarca de Calatayud no hubo guerra alguna. Los falangistas y los sublevados se hicieron con el poder y aniquilaron a los republicanos”.

Los doce de Ateca

Francisco Cansado Blesa, ebanista zaragozano de 52 años, conserva la última carta que su abuelo envió a su abuela desde el mercado de abastos de Calatayud, convertido en una cárcel en los primeros meses del alzamiento. Ya auguraba José Cansado Lamata que su vida corría peligro: “Manuela, (…) tener serenidad y valor que como todo el pueblo sabe mi manera de proceder creo que pocas quejas han podido dar de nosotros”. José, de 43 años, era jornalero y concejal socialista y secretario general de la UGT en el pueblo zaragozano de Ateca. “También fue corresponsal del semanario ‘Vida Nueva’, órgano propagandístico de la UGT. Esos debieron ser sus delitos”, ironiza su nieto Francisco. La familia de José Cansado siempre supo que sus restos yacen en el Valle de los Caídos, los de él y los de otros once que le acompañaron en la muerte. Se los conoce como los doce de Ateca.

                En septiembre de 1936, esta localidad de la comarca de Calatayud fue ocupada por las tropas rebeldes y grupos de Falange. A un grupo de vecinos, entre ellos a José Cansado, les ordenaron que se fueran a casa a cenar y que después se personaran en el ayuntamiento. Por la mañana los subieron a un camión y los llevaron a Calatayud. Tras un mes presos, a doce de ellos, con la excusa de trasladarlos a Zaragoza a declarar, los condujeron a un recodo del camino donde los obligaron a cavar su propia tumba y los fusilaron.

Falanges en una cajita

La fosa común, en Morata de Jalón, fue abierta en abril de 1959. Los familiares recibieron una extraña carta en la que les convocaban a la exhumación de los cuerpos de sus seres queridos. Los restos fueron cargados en un camión, destino a Cuelgamuros. “Mi tío removió la tierra y sacó unas falanges. No sabían si eran de mi abuelo o no, pero aquellos huesos se conservaron en mi familia como un tesoro, dentro de una cajita de madera, que enterramos en la tumba de mi abuela cuando ella murió”, relata Francisco Cansado.

                Los doce de Ateca llegaron al Valle de los Caídos el 8 de abril de 1959, tal y como quedó inscrito en los libros de enterramiento, que dan fe de la entrada de una docena de cuerpos anónimos, que recibieron los números 9.454 al 9.465, procedentes de Ateca. “Se sabe exactamente dónde están, así que no pueden basarse en que los restos no son identificables para no acometer las exhumaciones”, apunta Francisco Cansado.

                Las dos Españas que representa el monumento franquista vuelven con fuerza a escena. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos se niega en redondo a que se toque ningún columbario. Incluso ha anunciado que recurrirá judicialmente las exhumaciones que puedan producirse a partir del auto de San Lorenzo de El Escorial. El osario, la gran fosa común que es en realidad el Valle de los Caídos, debe permanecer inalterable, opina esta entidad, entre cuyos fines se encuentra el de promover el conjunto monumental como un símbolo de reconciliación entre los españoles. Sin embargo, para las familias de los republicanos que yacen en Cuelgamuros, su permanencia allí sigue siendo un escarnio, no una reconciliación.