La Cámara Alta remite al consistorio, a propuesta de Compromís, una batería de requerimientos para que la aclare que está haciendo o dejando de hacer en relación con la ley de Memoria, que sobre el papel le obliga a renombrar las calles dedicadas a sublevados, dirigentes y colaboradores de la dictadura
Eduardo Bayona
Zaragoza
24.05.2020
publico.es
El Senado ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Zaragoza por mantener catorce calles y plazas de la ciudad dedicadas a franquistas, tanto militares que participaron en la sublevación militar contra la Segunda República como personajes destacados del régimen y su iconografía, y le ha instado a eliminar esas nomenclaturas de su callejero.
Esa circunstancia supone, doce años después de su aprobación y pese al trabajo memorialista desarrollado por el consistorio en las alcaldías de Juan Alberto Belloch y Pedro Santisteve, que el consistorio zaragozano sigue incumpliendo la Ley de Memoria de 2007, lo que ha llevado a la Cámara Alta a interesarse por esa circunstancia y a reclamar su corrección a instancias del senador de Compromís, Carles Mulet, que en los últimos tres años ha conseguido por este procedimiento que cientos de consistorios españoles hayan eliminado más de 2.000 referencias franquistas de sus callejeros.
Hace años que sabemos que la Ley de Memoria Histórica está fallando y que no existe ninguna instrucción para que se cumpla ni desde las delegaciones ni desde las subdelegaciones del Gobierno”, denuncia Mulet, que considera “triste que tenga que ser un partido como el nuestro y desde el Senado el que se preocupe” de esas lagunas.
Militares, políticos e impulsores de purgas
Zaragoza conserva calles y plazas dedicadas a los jefes de la División Azul, Agustín Muñoz Grandes y Santiago Amado Lóriga, este último también hijo adoptivo de la ciudad; a los dos primeros alcaldes franquistas y al último de ellos, Juan José Rivas Bosch, Francisco Caballero y Mariano Horno; al último preconstitucional, Miguel Merino, y al presidente de la Diputación Provincial entre agosto de 1936 y marzo de 1937, Miguel Salvador Allué.
El listado incluye a Antonio de Gregorio Rocasolano, primer presidente de la Comisión para la Depuración del Personal Universitario, que comenzó a operar desde Zaragoza a nivel estatal; a José María Albareda, secretario general del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) desde su creación en 1939 hasta su muerte en 1966; a Gonzalo Calamita, rector de la Universidad de Zaragoza y diseñador de las normas de la enseñanza franquista, y a Rigoberto Doménech, uno de los arzobispos de cabecera del dictador.
Completan el grupo el jurista Rudensindo Nasarre, la enfermera requeté Agustina Simón, fusilada en Belchite, y Pedro Lázaro el primer vecino del Arrabal que murió en las tropas sublevadas y cuyo nombre sustituyó en el callejero al del capitán republicano Fermín Galán.
La Mesa del Senado aprobó hace unos días requerir al ayuntamiento zaragozano “copia de los expedientes municipales en los cuales se comunica al INE el cambio de denominación” de esas catorce calles y plazas “para cumplir con la ley de Memoria Histórica” y, también, de los procedimientos “en los que se acuerda retirar el título de hijo adoptivo de la ciudad a Santiago Amado Lóriga” con esa misma finalidad.
Los expedientes paralizados por PP y Ciudadanos
Ocho de esas catorce figuras ya no figurarían en el callejero zaragozano si PP y Cs, que gobiernan el ayuntamiento bajo la supervisión de Vox, no hubieran paralizado hace unos meses el expediente para sustituirlas por las de mujeres que destacaron en la ciencia, las letras y las artes que había impulsado el equipo de gobierno de ZeC antes de acabar la pasada legislatura, y que también preveía dedicar una calle a Emilio Gastón, poeta y jurista con el que la comunidad recuperó y modernizó la institución del Justicia.
El anuncio de la constitución de un grupo de trabajo que no había llegado a reunirhse antes de la pandemia le permitió al ayuntamiento eludir una demanda del abogado memorialista Eduardo Ranz que reclamaba que fuera obligado a elaborar el catálogo de vestigios franquistas de la ciudad que prevé la Ley de Memoria y a retirarlos de las vías públicas.
Otros formaban parte de las propuestas remitidas al consistorio hace unos meses por la Fundación 14 de Abril, que también ha llevado al juzgado la paralización de los trámites por el actual equipo de gobierno alegando la falta de informes históricos que sustenten los cambios.
Un tercer grupo, por último, ha aflorado como consecuencia del trabajo de rastreo y localización de vestigios franquistas en los callejeros que Mulet viene realizando a través del INE (Instituto Nacional de Estadística) desde hace tres años.
El coronavirus retrasa la eliminación de vestigios en Aragón
“Esto debería haberlo resuelto el ayuntamiento por iniciativa propia, pero cuando no lo ha hecho es porque no tiene voluntad política”, indica el senador, que reclama una nueva ley de Memoria estatal, o la reforma de la actual, “en la que la retirada de los vestigios esté reglamentada, con plazos y normas para llevarla a cabo”. “Falta mucho trabajo de documentación y de identificación, y también falta una normativa clara”, añade.
En el caso de Aragón existen tanto la norma como el límite temporal, y están determinadas las consecuencias de incumplirlos. Según la Ley de Memoria Democrática, el 22 de agosto finalizaba el plazo para limpiar los espacios públicos de la comunidad de vestigios del franquismo y para que sus protagonistas dejaran de tener títulos honoríficos y menciones. De no hacerlo, ayuntamientos y otras instituciones se exponían a perder “subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas” de la comunidad por “atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática”.
El Gobierno autonómico había activado la cuenta atrás para hacer cumplir la ley con la elaboración de un censo de elementos franquistas y con el envío de cartas a instituciones civiles y eclesiásticas en las que solicita colaboración para su retirada.
Sin embargo, y aunque las comunicaciones se han seguido produciendo en las últimas semanas, la finalización de ese proceso va a verse pospuesta como consecuencia del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, confirmaron fuentes de la Consejería de Cultura. La suspensión de plazos administrativos la traslada al 14 de noviembre salvo que nuevas prórrogas amplíen los 84 días de duración actualmente previstos.
