El historiador David Ballester pone nombres y apellidos las víctimas de la violencia policial entre 1975 y 1982
Hace tiempo que se sabe que la Transición no fue un cuento de hadas. Hubo violencia. Mucha. Aun así, es un capítulo lleno de claroscuros porque cuesta mucho tener cifras y datos sobre las muertes y sobre cuáles fueron las consecuencias para los perpetradores, porque es casi imposible acceder a los archivos policiales y penitenciarios. “Consultar estos archivos es una batalla que ya he dado por perdida”, dice el historiador. En este sentido, Ballester ha hecho una tarea ingente para documentar todas estas muertes y al final del libro adjunta un anexo con fichas individualizadas de los que tuvieron la mala suerte de cruzarse con la policía. “Son ciudadanos que perdieron la vida de manera absurda, en un control, en una discusión, en una persecución…”, afirma Ballester. Aquellos años ir a una manifestación era arriesgarse a morir, a perder un ojo o a ser apaleado. Hubo muertos en las calles pero también en controles policiales, víctimas del llamado gatillo fácil: primero dispara y después pregunta, y también personas que no sobrevivieron a las torturas. Tantas muertes, según el historiador, se explican porque, muerto el dictador, hubo continuidad en la estructura, la composición y el funcionamiento de la policía.
Continuidad de la policía franquista
El hecho de que no hubiera depuración ni cambios tuvo graves consecuencias. “Eran malos profesionales, mal pagados y mal comandados. Los mandos eran militares hasta que les obligaron a salir en 1986”, explica el historiador. No había mucha “sensibilidad democrática”: “Después de la muerte de Franco se promovieron miembros de la Brigada Político-Social [la pesadilla de muchos antifranquistas por las torturas que perpetró] y no se va ni plantear una depuración –asegura el historiador–. La unidad antidisturbios creada por los franquistas y que protagonizó auténticas barbaridades no se disolvió, no la cambiaron hasta finales de los años 80, cuando se tenían que hacer los Juegos Olímpicos y les preocupaba la imagen”.
La impunidad de los perpetradores
Entre las víctimas también hay niños. Juan Félix Domínguez tenía dos años cuando, en 1983, volvía con la familia de una comida en Valmojado (Toledo) y la Guardia Civil, que había establecido un control en la carretera, los ametralló. Ballester distingue entre víctimas de tortura, víctimas en la calle y víctimas del gatillo fácil. Uno de los casos que más han impactado al historiador es uno que sucedió en Almería en mayo de 1981. Tres jóvenes –Luis Montero, Juan Mañas y Luis Cobos– viajaban desde Cantabria hasta Pechina, un pueblo almeriense, para ir a la comunión de Francisco Mañas, el hermano pequeño de Juan. El 9 de mayo, ya hacia la tarde, los detuvieron en una tienda de Roquetas de Mar. Al día siguiente aparecieron los tres dentro de un coche, calcinados, desmembrados y con múltiples orificios de bala. De los guardia civiles implicados en la muerte de los tres jóvenes solo tres fueron a juicio: el teniente coronel Carlos Castillo Quero, que fue condenado a 24 años de prisión por homicidio (no por asesinato), y el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas, condenados a quince y doce años con el atenuante de obediencia debida. Ninguno de ellos cumplió la totalidad de la condena, salieron mucho antes, y los primeros años no los pasaron en una prisión sino en un cuartel militar. Cuando este trato de favor se denunció a la prensa, los trasladaron a un centro penitenciario, donde igualmente tuvieron condiciones especiales. “Si no hubiera sido por la prensa, todo este caso se habría tapado”, opina Ballester.
“Las familias quieren que se les declare víctimas del terrorismo del Estado y que se juzgue a los culpables, pero no lo veo posible, ningún juez reconocerá que la policía es terrorista. Pero con toda la información y los datos que doy en el libro se pueden dar más argumentos para que la ley ampare a estas familias, se las indemnice y haya un reconocimiento explícito, cosa que ya hacen algunas comunidades autónomas”, concluye Ballester.
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