El 18 de Julio de 1936, tras destituir por la fuerza al jefe de la Segunda División Orgánica, Queipo de Llano lanza el ilegal bando de guerra que abre el periodo de terror caliente o matanza fundacional del franquismo, cuyo testimonio material en el presente siguen siendo las más de 46.000 víctimas sepultadas irregularmente por las fuerzas golpistas en las fosas comunes de Andalucía, de las que sólo han sido exhumadas hasta la fecha algo más de 6.700. Una de esas víctimas desaparecidas fue Blas Infante, asesinado por aplicación del bando de guerra la madrugada del 11 de agosto de 1936 en el km 4 de la carretera de Carmona.

A este periodo de terror que anegó en sangre y llenó de dolor a la mitad occidental de Andalucía más la capital granadina –esto es, todo el territorio donde triunfó el golpe- lo denomina el breve texto salido del Centro de Estudios Andaluces (CEA) “una consecuencia de la quiebra de la convivencia y la democracia liberal” y a todas las víctimas, incluido Blas Infante, como personas que tuvieron la desgracia de sufrir las consecuencias de dicha quiebra.

En este sentido, resulta esclarecedora la coincidencia del uso en el Twitter del CEA del mito de la “quiebra de la convivencia” con el argumento similar esgrimido en el bando de guerra del 18 de julio por el general golpista:

“Las circunstancias extraordinarias y críticas por que atraviesa España entera; la anarquía que se ha apoderado de las ciudades y los campos, con riesgos evidentes de la Patria, amenazada por el enemigo exterior, hacen imprescindible el que no se pierda un solo momento y que el Ejército, si ha de ser salvaguardia de la Nación, tome a su cargo la dirección del país…”.

Este nuevo paso en el sendero del revisionismo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una política pública impulsada desde la Junta de Andalucía que intenta desmontar los precarios avances obtenidos en el campo de la Memoria Democrática

¿No estamos hablando aquí también de “la quiebra de la convivencia entre españoles” como elemento justificativo de la rebelión armada contra la Segunda República? El negacionismo de la Junta de Andalucía en 2023 enlaza así con las razones de los generales golpistas. En definitiva, se trata de exculpar a los responsables del golpe y de la guerra, proyectando la responsabilidad histórica sobre el periodo republicano que condujo, según este mito central del franquismo, al caos social y la división fratricida entre españoles. Da igual que el relato historiográfico contrastado desmienta rotundamente esta visión, caracterizando a la Segunda República como una democracia de entreguerras, similar en muchos sentidos a la República alemana de Weymar o la Tercera República francesa.

Este nuevo paso en el sendero del negacionismo y el revisionismo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una política pública impulsada desde la Junta de Andalucía que intenta desmontar los precarios avances obtenidos en el campo de la Memoria Democrática. Recordemos la celebración en febrero de 2022 de las Primeras Jornadas de Letras para la Concordia, donde se intentó igualar a las figuras de Alberti y Pemán a partir de una foto descontextualizada, o el empeño desde el entorno ideológico de la derecha gobernante de poner en cuestión las cifras y las dimensiones del Crimen de la carretera de Málaga a Almería, rememorado anualmente en la marcha de la Desbandá.

La renuncia a desarrollar y aplicar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía se plasma en cuestiones tan serias como el abandono y la no reposición de las señales y monolitos que marcan los Lugares de Memoria, catalogados oficialmente como tales, pero que están siendo destruidos impunemente por grupos neofascistas en todas las provincias andaluzas sin que se proceda a la obligada reparación, además de la denuncia antes los juzgados de estos delitos contra el patrimonio público.

La recuperación de los peores mitos del franquismo para negar las evidencias históricas, blanquear la dictadura y condenar la democracia republicana forman parte de un empeño más amplio y profundo de desligitimación de las prácticas y los valores democráticos que las propias fuerzas reaccionarias que lo impulsan reconocen como lucha cultural. Por esto, es muy grave la opinión expresada desde el Centro de Estudios Andaluces, que no puede ser tratada como una simple metedura de pata ni despachada con una excusa rutinaria y vacía. No solo los colectivos memorialistas y de víctimas, sino el conjunto de la ciudadanía democrática andaluza, merecen una respuesta política contundente desde la Junta, que contemple al menos la destitución de los responsables del texto y el compromiso público de que no se repetirán hechos como este en el seno del Centro de Estudios Andaluces.