Las actas secretas de la muerte de García Caparrós enfrentan a PSOE y Sumar, que estudia recurrir al Constitucional

Una próxima modificación legal

De fondo, hay una disputa por capitalizar la iniciativa en un asunto cargado de simbolismo. En el PSOE ha sorprendido la reacción de Sumar, porque para solventar este bloqueo, que dura casi 50 años, la Mesa ha puesto en marcha una modificación de la norma que regula el acceso a la documentación parlamentaria y el régimen del Archivo del Congreso.

Así lo anunció María Jesús Montero, vicepresidenta y futura candidata socialista a la Junta de Andalucía, el pasado 27 de febrero, en un acto de reparación al que acudieron las tres hermanas del joven asesinado. Fuentes socialistas advierten de que Sumar estaba al tanto de esta iniciativa.

Sumar: “Excusas cada vez más retorcidas”

Sumar no se conforma con esta vía y quiere que la Mesa ampare su iniciativa y desclasifique ya los documentos, amparándose en las leyes de memoria. La coalición de izquierdas subraya que no existe ningún informe de los servicios jurídicos que justifique la negativa a conceder acceso completo, tan solo el de la directora del Departamento de Documentación.

También recuerda que en 2017, la última vez que se concedió anonimizado, no estaba en vigor la Ley 20/2022, que hoy constituye ahora el “marco jurídico central” de todo lo que tiene que ver con la “memoria democrática”. Ese marco obligaría a integrar la aplicación de la Ley de Patrimonio y del Decreto que regula el acceso a los archivos de la Administración en un marco mucho más favorable a la plena transparencia.

En su petición de reconsideración, que este medio ha podido consultar, Sumar recuerda el principio constitucional de autonomía parlamentaria, que concede al Congreso la facultad de autorregularse, lo que incluiría la posibilidad de desclasificar y permitir la consulta de documentos.

Algo que debería hacerse, recuerda la coalición, “en consonancia con los principios constitucionales y los derechos fundamentales”. “Para que pueda garantizarse de forma plena, este derecho [el derecho a la verdad reconocido en la ley] conlleva el acceso a la información completa y veraz sobre los hechos ocurridos”, señala Sumar. De ahí, que este jueves haya lanzado la advertencia de un posible recurso al Tribunal Constitucional.

La andanada también ha sido política. Esther Gil de Reboleño, diputada de Sumar y vicepresidenta tercera de la Mesa, ha criticado los “vaivenes del PSOE sobre la memoria democrática en Andalucía”, lamentando el voto en contra dos semanas después de que Montero prometiera a la familia García Caparrós que “moverá cielo y tierra para destapar los nombres de los asesinos” del joven. Eso “no es tomar en serio la historia, la memoria y la dignidad del pueblo andaluz”, ha señalado la diputada.

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha sostenido que “las excusas del PSOE para votar que ‘no’” a dicha iniciativa “son cada vez más surrealistas y retorcidas”.

Documentación de “carácter secreto”

Algunas personas han accedido en estos años a la documentación de la Comisión que investigó aquella muerte en 1977. Una de ellas fue Eva García Sempere, diputada de IU-Podemos, quien en 2017 revisó los documentos pero encontró los nombres tachados. La secretaria judicial Rosa Burgos sí accedió a esos documentos, aparentemente sin restricciones, en 2007, y los publicó años después en su libro Las muertes de García Caparrós, editado por la Revista El Observador en 2017. El Congreso también concedió el acceso sin anonimizar a Jaime Relanzón, comandante de la Guardia Civil, en su calidad de instructor de un expediente de responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, la Mesa del Congreso argumenta en su último informe, emitido en enero para responder a la petición de Sumar, que para acceder a los documentos se requiere una autorización expresa, y que en todo caso la consulta no puede saltarse la prohibición porque “la documentación cuya consulta se solicita sin anonimizar tiene carácter secreto”.