Las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista siguen siendo la asignatura pendiente de España. “Aquí se ha vetado la investigación de crímenes cometidos durante la guerra y el franquismo y, en particular, de desapariciones forzadas. Esta imposibilidad se concreta con la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012”, rememora Daniel Canales, portavoz de Amnistía Internacional.
Existen unas 114.000 desapariciones forzadas en el franquismo
Aunque el derecho internacional remarca que la desaparición forzada es un delito permanente, esta sentencia se respalda en la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos, y el fallecimiento de los autores responsables como variables suficientes para bloquear cualquier investigación.
Amnistía Internacional apunta que, con datos de 2005, existen unas 114.000 desapariciones forzadas en el franquismo. Pero esta cifra, por impedirse las investigaciones, no representa un censo oficial. “Este número supera al total de las denuncias de desapariciones forzadas en el conjunto de las dictaduras latinoamericanas”, explica Canales. Denuncia que, aunque la ley de Memoria Histórica produjo algunos avances en la localización de fosas y exhumación de restos, son las propias familias las que deben liderar las búsquedas y “apenas se produce labor estatal, cuando debería ser mayor”. Por ello, la única solución ha sido recurrir a jurisdicciones de otros países como Argentina o México.
“La situación actual en España es de imposibilidad, de parón. Conocer qué ocurrió con esas desapariciones, aunque sólo fuese el paradero, debería ser una obligación para el Estado, con independencia de la resolución judicial. Y la fiscalía no ha impulsado ninguna medida al respecto”, concluye Canales.
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