Supervivientes de la represión y sus familiares exigen que a la programación por el aniversario de la muerte del dictador se sumen unas políticas públicas efectivas en torno a la verdad, la justicia y la reparación.
“Españoles, Franco ha muerto”. Hace ahora 50 años, las ondas de Radio Nacional de España así como el blanco y negro de los televisores de miles de hogares recibieron, a través de la voz de Carlos Arias Navarro, la noticia del fallecimiento de aquel “hombre de excepción que, ante Dios y ante la historia, asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España”.
“Ya no está entre nosotros, pero nos deja su obra. Nos queda su ejemplo”, suspiraba el que fuera el último presidente del régimen y el primero de la monarquía borbónica. Hace ahora 50 años, unos lloraron el plácido óbito de la figura que había decretado el rumbo del Estado durante casi cuatro décadas; algunos sonrieron para sus adentros, todavía en silencio, todavía con miedo. Otros, los desterrados de España que tenían los ojos abiertos a los sueños, y que –escribió María Teresa León– estaban cansados de no saber dónde morirse, celebraron el último estertor del dictador como aquella victoria usurpada lustros atrás.
Desde la perspectiva que aporta el paso del tiempo y sin perder de vista los peligros que el mismo supone para la deterioración –intencionada o no– de la memoria, la historiadora y antropóloga Andrea Moreno destaca que la programación quiere marcar entre sus metas “la conmemoración de una lucha ciudadana que comienza mucho antes de la muerte del dictador y, tras ella, se institucionaliza”.
“La Transición no comienza con la muerte de Franco”, advierte Moreno, quien asegura que en la historia, como disciplina científica, es habitual “establecer fases o periodos cronoculturales en los que se intenta buscar una fecha de inicio y otra de final”. En este sentido, mantiene que la muerte de Franco supuso “el inicio de una nueva etapa; pero obviamente la libertad no empezó el 20N, muchas cosas no acabaron automáticamente con su muerte”.
En palabras de la comisionada del programa, Carmina Gustrán, durante la presentación del mismo celebrada el pasado mes de enero, esta conmemoración “mira también hacia el futuro, especialmente a los jóvenes, para transmitirles el valor de la democracia”. Al respecto, Moreno subraya que “el pasado capilariza en diferentes intensidades”.
Así pues, el pasado reciente debe explicarse de forma diferente “a unas generaciones, que mantienen un distanciamiento emocional y personal evidente con el pasado y para quienes es distópico que les digas que a finales de los años 60 y principios de los 70 estaban pasando en España las cosas que pasaban o que en septiembre de 1975 aún se fusiló a cinco personas por motivos políticos”.
Mientras que, por otra parte, “quienes lo han vivido en primera persona y se sienten agraviados como víctimas o como familiares de víctimas necesitan otros elementos de reparación, ya no estrictamente una divulgación científica para dar a conocer el pasado, sino acciones prácticas y políticas públicas efectivas“.
Andrea Moreno toma prestadas las palabras del historiador Ricard Vinyes para alertar de que “las políticas públicas de memoria y la memoria no son profilácticas, porque solo conociendo el pasado no estamos a salvo de que se repita”.
“Desafortunadamente, los movimientos fascistas y totalitarios renacen o se reactivan porque no se han ido nunca“, vaticina, y, a este respecto, se muestra segura de que “las garantías de no repetición solo tienen una función activa cuando, a través de estas políticas públicas de memoria y de mucha educación, se le ofrece a la ciudadanía herramientas para identificar estos escenarios en los que los derechos, las garantías y las libertades democráticas se ponen en peligro”.
“50 años de impunidad”
Según Moreno, la programación de España en Libertad. 50 años no se centra en acciones de reparación política y jurídica para las víctimas directas, sino en “socializar los relatos y memorias de nuestro pasado a la sociedad, pues las políticas públicas de memoria también trabajan desde la educación, programas artísticos, culturales y de divulgación científica hasta la propia coparticipación de los agentes y los grupos colectivos sociales, para intentar poner el foco en la comunicación pública de la actualidad y valorar críticamente un pasado no tan lejano”.
Sin embargo, este tipo de acciones “son solo una de las patas de las políticas públicas de memoria que deben ser integrales e intergeneracionales“. La historiadora reconoce que cuando echas la vista atrás “y ves la evolución que ha sufrido el Estado español en 50 años hay mucho que celebrar en consolidación de garantías y derechos democráticos”.
Pero entiende que, “ante las vulneraciones de derechos humanos, la represión y la violencia, incluso más allá de la muerte de Franco, esta celebración sea parcial para muchos colectivos, que todavía se sienten agraviados por un silencio, también administrativo y judicial, lo que se acrecienta por el hecho de que algunas administraciones se declaran insumisas a la hora de implementar las políticas públicas de memoria”.
¿Dónde queda entonces la acción estatal en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las personas represaliadas? Todavía no ha llegado. Así lo confirma Lucila Aragó, quien fue detenida y torturada por la Brigada Político Social en septiembre de 1975, a sus 20 años: “No tenemos ninguna duda en que este tipo de iniciativas pueden ser interesantes, pero me parece falto de rigor democrático celebrar 50 años de libertad, mientras no estamos poniendo todos los medios para que las víctimas tengan derecho a la tutela judicial”.
A su juicio, “el Gobierno no solamente debe hacer actos para dar a conocer hechos importantes, sino que tiene que establecer políticas públicas que sirvan para acabar con la impunidad y aseguren los derechos a la memoria, la justicia, la reparación y la verdad”, y, por este mismo motivo, se indigna al afirmar que “han pasado 50 años desde la muerte de Franco, pero la barrera que impide alcanzar la justicia es enorme y ahí estamos golpeando para romperla”.
Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua), de la que Aragó forma parte, están preparando la campaña 50 años de impunidad para reclamar, entre otros aspectos, que “se aborden los crímenes franquistas desde la perspectiva de que son crímenes contra la humanidad y, por tanto, el Estado debe establecer los mecanismos necesarios para interpretarlos como tales y que puedan juzgarse, ya que no son ni prescriptibles ni amnistiables”.
Defienden que “este aniversario sería un momento excelente para esclarecer cuál es la voluntad real [del Estado]”, tras cinco décadas con la ley de amnistía “actuando como barrera en la que se sustenta una impunidad, que continúa y continúa hasta la actualidad”. Por ello, exigen que se modifique o se derogue el texto legislativo, aunque lamentan que “no ha habido ninguna voluntad gubernamental” para tumbar “el pacto de silencio y el compromiso establecido en la transición para dejar intocados los crímenes y no hablar de responsabilidades”.
Paralelamente, denuncian que el muro de la normativa del olvido obliga a las víctimas y sus familiares a acudir hasta Argentina, donde se encuentra la única causa abierta en todo el mundo contra los crímenes del franquismo, “para encontrar en la justicia internacional la justicia que aquí se nos niega”.
“En España no se pueden juzgar los crímenes ocurridos durante el franquismo porque han prescrito y están amnistiados por el principio de legalidad y, por tanto, se han estado cerrando las puertas”, explica Aragó, quien tilda de “bochornoso” el hecho de “tener que desplazarse 10.000 kilómetros para denunciar ante los juzgados los crímenes ocurridos en este país durante la dictadura y la transición”.
La memoria está llena de olvidos
Moreno asevera que es habitual que, en cuestiones de nuestro pasado reciente, “se aluda a espacios de perpetración o de memoria que tienen que ver con la memoria española en otros países, como con la visita a campos de concentración nazis, pero se pasa de puntillas –o no se pasa– por referentes locales y propios, por lo que la gente puede perder esta perspectiva”, apunta.
“La gente no sabe que en su pueblo hay un espacio de perpetración donde, si hablamos de Paterna, de 1939 a 1956 la dictadura franquista fusiló al menos a 2.237 personas; se sorprende cuando dices que en un paisaje árido, lleno de corteza salina y de bancales de árboles de granados, se ubicó uno de los campos de concentración más terroríficos del franquismo como es Albatera o cuando conoce que la dictadura franquista habilitó más de 300 campos de concentración en territorio peninsular, por eso es crucial trabajar la memoria con referentes y relatos desde local para crear una identidad propia”, continúa la antropóloga.
En esta línea, aunque desde el equipo organizador de la conmemoración se insiste en que al más de un centenar de actividades programadas se sumarán “muchas más”, por el momento es inevitable identificar algunas ausencias, algunos descuidos, algunos –otra vez más– olvidos.
María Navarro es la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 126 de Paterna –donde se lanzaron los cuerpos de más de 230 personas fusiladas tras acabar la guerra– y, como ella misma se define, “una nieta que busca justicia”.
Critica que desde el Gobierno nadie ha contactado con alguna de las organizaciones de familiares de víctimas para poner en marcha un acto de homenaje en el segundo cementerio con más fusilados durante la dictadura en el Estado español. “Hace 50 años que murió el asesino dictador fascista, pero mientras no se ha solucionado nada. Sinceramente, creo que hay que solucionar muchas cosas antes de hacer estas celebraciones, que hay que hacerlas; pero no podemos olvidar un hecho tan trágico en la historia de este país, en nuestras familias, con, en el caso de Paterna, 2.238 personas inocentes asesinadas“, manifiesta.
Resalta que detrás de estas víctimas “hay 2.238 familias, con una afectación transversal a todas las generaciones: desde madres, padres, mujeres, parejas, hasta sus hijos y sus nietas”. Unas familias que, denuncia, han tenido que “luchar y continuar luchando solas”: “Ahora nos dejan sacarlos [de las fosas] y que los identifiquemos, pero nos ha costado mucho y debería ser la Administración la que, desde el minuto cero que estamos en democracia, hubiera movido todo y hubiera venido a tocar a las puertas de las familias, a pedirles perdón y a traer sus cuerpos”, sostiene Navarro, quien se muestra convencida de que si esto hubiera ocurrido “las mujeres de estos hombres asesinados no se hubieran muerto con un sentido de culpa tan grande, calladas“.
Finalmente, Pilar Iglesias y Soledad Luque coinciden al resaltar la importancia de actos como la presentación de Amiga date cuenta, un proyecto de Herstóricas centrado en la documentación, geolocalización y creación de un mapa interactivo que visibiliza espacios vinculados a la Memoria Democrática de las mujeres.
Sin embargo, a este respecto, Iglesias lamenta que “la reparación de la represión contra las mujeres ha ido siempre quedando más invisibilizada”. Si existió un organismo que confirme sus palabras este es sin duda el Patronato de Protección a la Mujer, un entramado que la investigadora feminista lleva años estudiando. “El Patronato ha quedado en tal silencio, en tal olvido durante décadas, que debe ser una de las instituciones franquistas a las que es imprescindible mirar ya”, asevera.
Esta institución que –en estrecha colaboración de la Iglesia católica– controló los comportamientos, las actitudes y los cuerpos de todas aquellas niñas y adolescentes que trasgredieron el modelo único de mujer impuesto por el régimen, extendió su actividad hasta 1985. No obstante, es inexistente cualquier inclusión en la programación de algún homenaje o acto de reparación para las miles de mujeres encerradas en el organismo.
“Vamos con un terrible retraso”, censura Iglesias, quien identifica “una obligación absoluta del Estado español de aprovechar este año, no solamente para difundir y hacer actos para que se conozca más, sino también de poner en marcha comisiones de investigación oficiales, pero independientes, para llevar a cabo un esquema de verdad, justicia y reparación, como se ha hecho con instituciones similares en otros países, por ejemplo en la República de Irlanda e Irlanda del Norte”.
Uno de los reformatorios más crueles del Patronato de Protección a la Mujer fue la maternidad de Nuestra Señora de la Almudena o maternidad de Peñagrande de Madrid, en funcionamiento entre 1955 y 1984, donde “tuvieron lugar múltiples adopciones forzadas y secuestros o desapariciones de bebés”.
Precisamente, Soledad Luque, presidenta de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños, critica la “ausencia” en el programa de cualquier homenaje o acto divulgativo respecto a los bebés robados, algo que califica de “sangrante” después de todos los años de lucha. “Una de las cuestiones que podrían hacer un éxito todas estas celebraciones es dar un paso adelante para aprobar la ley de bebés robados, que lleva ya siete años (tres legislaturas) en el Congreso”, propone.
“Qué mejor cosa que aprobar esta ley para realmente hablar del triunfo de la democracia”, reitera, pues asegura que, “aunque no hay ninguna duda de que siempre es positivo celebrar la democracia, falla la forma en la que se está celebrando el programa y la iniciativa en sí“.
“La democracia no surge hace 50 años. Y la celebración del éxito de la democracia debería pasar inevitablemente por el éxito en la investigación de los crímenes del periodo del franquismo y del enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad de la dictadura. Eso sí habría sido un éxito, y eso sí es digno de celebrar”, concluye Luque, que comenzó en 2011 a buscar a su hermano mellizo robado, Francisco, que -a pesar de estos 50 años de libertad-, todavía no ha encontrado.
