Este lunes 2 de marzo, se cumplen 52 años de la ejecución de Salvador Puig Antich (Barcelona, 1948–1974), uno de los últimos ajusticiados por el franquismo y el último caso más emblemático del garrote vil en España. Tenía 25 años cuando lo mataron en la prisión Modelo de Barcelona, el 2 de marzo de 1974, tras un consejo de guerra cuya legitimidad ha sido discutida durante décadas. Cabe destacar que en el año 2024, el Gobierno declaró nula su condena y le reconoció oficialmente como víctima del franquismo.

Quién fue Salvador Puig Antich y qué representó

Puig Antich fue un militante anarquista y antifascista que formó parte del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), una organización clandestina anticapitalista vinculada a la agitación obrera y a la resistencia contra la dictadura en los últimos años del régimen.

Su caso se convirtió en símbolo no solo por la ejecución, sino por el contexto. Una dictadura en fase terminal que quería exhibir fuerza. El eco de su muerte atravesó fronteras y alimentó movilizaciones y protestas en Europa, además de una memoria popular que no se ha apagado.

Puig Antich fue detenido el 25 de septiembre de 1973 en Barcelona. En el operativo murió el subinspector Francisco Anguas Barragán, y él fue acusado de su homicidio. El proceso posterior —juzgado en jurisdicción militar— ha estado rodeado de controversia histórica por presuntas irregularidades y por el modo en que se construyó la versión judicial de los hechos.

Durante décadas, su nombre ha sido citado como ejemplo de un sistema represivo que utilizó la justicia militar como herramienta política en los últimos compases de la dictadura.

El garrote vil y el “doble” final: Puig Antich y Heinz Chez

La mañana del 2 de marzo de 1974, Puig Antich fue ejecutado en Barcelona mediante garrote vil. Ese mismo día, y también por garrote, fue ejecutado en Tarragona Heinz Chez, alias de Georg Michael Welzel, un caso que siempre acompañó al de Puig Antich por la coincidencia temporal y por el intento del régimen de repartir el foco mediático

El 16 de octubre de 2024, el Gobierno formalizó un acto de reconocimiento y reparación con su familia y declaró nulos el tribunal y la sentencia que lo condenaron. Fue un paso decisivo dentro de las políticas de memoria democrática, y consolidó institucionalmente algo que para muchos ya era evidente: que su caso no puede leerse como un expediente judicial normal, sino como una pieza de represión política.