85 años buscando a ‘El Jeringuero’, víctima del fascismo, en la Sierra Morena de Sevilla.

Manuel García Amorín, natural de Almadén de la Plata, se hizo popular con el apodo de ‘El Jeringuero’, y fue arrebatado de su familia el 27 de septiembre de 1936 y trasladado a las tapias del cementerio de Castilblanco de los Arroyos para su fusilamiento.
 
Juan Carlos Romero Márquez / 28 jul 2021 06:00

Las empinadas, vacilantes y precarias carreteras que conectan El Real de la Jara con Almadén de la Plata y Castilblanco de los Arroyos las conoce como la palma de su mano Carmen Fernández, que incansable las recorre con el propósito de reconstruir una historia de familia que ha enterrado ya a su madre y a su tía con el pesar de no haberla resuelto. Ahora que su jubilación le ha devuelto el tiempo que no tuvo en otras etapas como emigrante andaluza en Cataluña, esta vecina de El Real de la Jara se ha propuesto encontrar los restos de su abuelo Manuel García Amorín, apodado ‘El Jeringuero’, asesinado a los 38 años de edad. Les fue arrebatado a su esposa y a sus dos hijas —de ocho años y cinco meses, respectivamente— por miembros de la Guardia Civil en Almadén de la Plata un 27 de septiembre de 1936, quedó retenido una noche en el calabozo municipal y finalmente fue fusilado por falangistas en las tapias del cementerio de Castilblanco de los Arroyos. Esa es, al menos, la tesis que ha servido de guía a esta familia en su búsqueda.

“A mi abuelo se lo llevaron delante de mi abuela, de mi madre y de mi tía”, asegura Carmen Fernández, “mi madre era la mayor y recordaba ese día con bastante frescura en su mente”. La familia de ‘El Jeringuero’ hizo vida en Almadén de la Plata y se vio obligada a abandonar la Sierra Morena sevillana para emigrar a Cataluña pocos años después del fusilamiento. “Mi abuela siempre contaba que cuando se lo llevaron de casa pasó toda la noche en el cuartel de Almadén y, al día siguiente, desde el camión donde se lo llevaban para Castilblanco le tiró al aire su reloj de bolsillo, diciendo que creía que ya no se iban a volver a ver nunca más, mientras el vehículo se iba alejando”, relata la nieta temblando, consciente de la inquietud que acompañó a buena parte de sus familiares hasta su muerte. La misma inquietud que la ha alentado a ella y a sus primos en esta búsqueda.

Cuando a punto están de cumplirse 85 años de aquel suceso, Carmen Fernández sigue los pasos de aquel vehículo hasta el lugar donde creen que fusilaron a su familiar. Toma el testigo a su madre y a su tía, con vocación de localizar los restos de esta víctima del fascismo a la que ella solo conoce por alguna fotografía en tonos sepias y por los testimonios de terceros. Atrás quedan años de indagaciones en archivos y libros sobre la represión franquista en Andalucía, y entrevistas a veteranos de este triángulo de municipios serranos vinculados con la vida de ‘El Jeringuero’; un rastro que la familia sigue para arrojar luz sobre lo ocurrido en las 48 horas que cambiaron la historia de los suyos.

“Para mí esto conlleva una emoción muy grande, y estoy alegre de que las diferentes versiones van coincidiendo, espero que toda esta carrera de fondo investigando para dar con el paradero de mi abuelo pueda dar algún resultado”, confiesa. García Amorín nació un primero de febrero de 1898, estaba casado y tenía dos hijas al momento de su desaparición forzosa. A su esposa, como a otros familiares, la callaron en vida: “Por tu bien, mejor no preguntes más por él”. Las versiones que ha logrado reunir no se contradicen entre sí, eso le hace pensar que se aproxima a una certeza. El historiador Ramón Barragán, de la Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir, confirma que Ignacio Manuel García Amorín aparece en la página 249 del libro Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963) (Aconcagua, 2012), donde José María García Márquez, reconocido por su investigación sobre la justicia militar en Sevilla y Huelva durante la Guerra Civil y la posguerra, le alude como vecino de Almadén de la Plata “asesinado en aplicación del Bando de Guerra el 28 de septiembre de 1936”.

Entre el 18 de julio de 1936 y los meses de marzo-abril de 1937 no hay juicio alguno, solo aplicación del Bando de Guerra. “En solo un mes colman la fosa común de Pico de Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, con más de mil cadáveres de personas ejecutadas llegadas de otros lugares”, insiste Ramón Barragán, “una auténtica limpieza ideológica y de clase, porque la mayoría se trataba de obreros y trabajadores del campo”. Subraya que ejecuciones como la que sufrió ‘El Jeringuero’ fueron la norma tras el alzamiento militar, una forma de erradicar a la disidencia e instaurar el silencio “ejemplarizante” y el miedo que se reproducía en los municipios. “El Bando de Guerra no era más que la forma de dar visos de legalidad a algo que en ningún caso lo era; lo usaron Queipo de Llano y los sublevados para justificar el paso por las armas de todas aquellas personas que mostraran su oposición a la nueva situación que pretenden en ese momento instaurar”, apunta el historiador, y que “se trataba de ejecuciones extrajudiciales porque no hubo juicio para estas personas, eran puros asesinatos”.

Los ecos de cada fusilamiento, relatan desde la Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir, traían consigo un estigma para las familias de las personas represaliadas. Los efectos de la desaparición forzosa o fusilamiento impactaban directa o indirectamente al entorno de las víctimas con consecuencias que marcarían significativamente las posibilidades de subsistir o sostener cualquier tipo de actividad en adelante con unas administraciones controladas por autoridades impuestas en el período de la dictadura franquista.

Niños, testigos del terror

Los fusilamientos tuvieron una repercusión notable entre vecinos de poblaciones pequeñas y eminentemente rurales. La proximidad de la escuela de niños con el camposanto, y el zumbido de los disparos a manos de integrantes de Falange de Almadén de la Plata, hizo a los menores testigos inesperados de lo ocurrido. El nonagenario Manuel Hernández ‘El Almendro’, vecino de Castilblanco de los Arroyos, fue uno de los que presenciaron el terror de esta represión. El apodado ‘Jeringuero’ resonó desde entonces en su recuerdo de niñez, una estampa que revive en su memoria. “Aquella mañana, los chiquillos de siete y ocho años de la escuela de la calle Ancha sentimos unos tiros y echamos mano a correr la calle abajo hasta que llegamos casi a lo alto de los tres que acababan de matar, que estaban todavía moviéndose en el suelo”, recuerda ‘El Almendro’ ante las preguntas de la nieta, que atiende al relato conteniendo la respiración. “¿Y cómo siendo un chiquillo me puedo acordar? Imagina qué cuadro más bonito el que vimos, aquello se me quedó grabado”, añade.

Con la escena de los crímenes rodeada de niños impactados por el suceso, los represores trataron en vano de ahuyentarles. “Allí estaba el alguacil viejo que nos trató de sujetar para que no siguiéramos viendo lo que estábamos viendo… pero nos podía la curiosidad y las cosas de los niños, acabamos casi encima de los tres”, recuerda Manuel Hernández. Sostiene que los cadáveres “no se los iban a llevar a ningún otro sitio”, sino que fueron luego enterrados en el mismo cementerio, “pero no en nichos, hicieron zanjas junto a los muros y allí los dejaron”. Después del fusilamiento, explica, tuvieron constancia de que los represores “se fueron a tomar café y copas a la sede de Falange de Castilblanco”.

Estos hechos, ligados a la convulsión del alzamiento militar y la Guerra Civil, dejaron huella en esta localidad de la Sierra Morena de Sevilla, ocupada por los sublevados el 3 de agosto de 1936. El silencio que precedió a la masacre tras el alzamiento militar del general Francisco Franco se trasmitió de padres a hijos, y apenas en los últimos años se ha logrado ir sacudiendo los tabúes para que verbalizarlo no suene a susurro. Manuel Ruiz Lucas, alcalde de Castilblanco entre los años 1979 a 2007, recoge este mismo pasaje en su libro Los 28 años que cambiaron Castilblanco de los Arroyos (Punto Rojo, 2020), una información que recabó de boca de los vecinos más veteranos del municipio. “La escuela de niños estaba en la calle Ancha, en casa del Pañoleto, hasta allí llegaban los ruidos de los disparos de las personas que mataban en las tapias del cementerio y los niños salían corriendo a ver el espectáculo de los muros ensangrentados, como cuando habían matado a tres vecinos de Almadén que los habían traído los miembros de Falange de Almadén”, cita el ex alcalde en su libro.

Ruiz Lucas subraya que el modus operandi seguido por los represores sirvió para obstaculizar la localización de las víctimas. Una práctica que todavía hoy pone trabas a la investigación que lleva a cabo la familia de ‘El Jeringuero’. Así, de igual forma que las víctimas de Castilblanco fueron fusiladas en otras localidades, en el término municipal se represalió a personas traídas de los municipios vecinos como El Real de la Jara y Almadén de la Plata. “No conseguí saber qué habían hecho con los muertos, ni constaba en el Ayuntamiento la existencia de ninguna fosa común como tal en Castilblanco, y si la hay debe de estar simulada”, explica el ex regidor.

En materia de memoria democrática, señala algunas actuaciones que impulsaron cuando tomaron posesión las primeras corporaciones municipales: “Cuando entramos al ayuntamiento yo me había comprometido con una familia a exhumar los restos de una víctima del franquismo en Barranco Hondo, y así lo hicimos, el concejal Máximo García encontró incluso las balas con las que había sido fusilado”. Ruiz Lucas afirma que “fue posible porque esta familia había mantenido limpia y con piedras pintadas de blanco la zona donde se encontraban los restos”.

Del silencio a la pira en el corral del Consistorio

El ex alcalde de Castilblanco se detiene en la dificultad que tuvieron los concejales democráticos tras el franquismo para arrojar luz sobre la etapa anterior porque, asegura, nadie estaba dispuesto a hablar de los fusilamientos, de los verdugos y de las víctimas. “Cada familia, aunque no se hablase, sí había tenido una idea o seguía la pista de dónde estaban sus muertos, y algunas mantenían señalizada la zona”, confirma el ex regidor, lo que permitió realizar las primeras exhumaciones y entregar los restos a las familias en los albores de la democracia. Reconoce que “si hubiera habido víctimas del propio pueblo, hombres y mujeres represaliados en Castilblanco y enterrados aquí, sí se habría sabido algo más”. Si bien, añade que toda la documentación relativa a las personas represaliadas por el fascismo ardió en una pira en el patio trasero de la casa consistorial unos años más tarde, durante las alcaldías franquistas. “Quedaban legajos de siglos pasados, pero del siglo XX no quedó documentación municipal alguna”, rememora Ruiz Lucas. “Nada más entrar al ayuntamiento, en 1979, encargamos a profesionales de documentación de la Universidad de Sevilla que organizasen el archivo municipal, y se sorprendieron porque no había rastro de esa etapa, solo quedaban actas capitulares que en ningún caso reflejaban nada de estos temas”, abunda.

En una instancia elevada por Carmen Fernández al registro municipal del Ayuntamiento de Castilblanco el pasado 21 de enero de 2021, a la que ha tenido acceso este medio, la familiar de ‘El Jeringuero’ requiere a las autoridades municipales actuales información sobre la localización “de los restos mortales que fueron extraídos de sus enterramientos tras las distintas remodelaciones que se han llevado a cabo en el cementerio municipal”. Lo motiva en su intención de dar con los restos de su abuelo. El cementerio de Castilblanco alberga numerosos nichos y osarios —la mayoría de reciente construcción— que aparecen referenciados en las lápidas como ‘Sin nombre’ o ‘Desconocido’. Esta excepcionalidad invita a pensar a la familia de ‘El Jeringuero’ que puedan tratarse de restos mortales localizados y exhumados a instancias de las autoridades locales en el recinto funerario que, por situaciones anómalas, durante las reformas y la construcción de nuevas infraestructuras del camposanto, no fueron debidamente identificados.

En el requerimiento de la familia al Ayuntamiento, del que no ha obtenido respuesta medio año después de sellarlo en el registro municipal, Carmen Fernández detalla que “sus dos hijas crecieron sin él y han muerto sin conocer el paradero de su padre”. Y sentencia: “Su nieta, que soy yo, seguirá intentándolo localizar hasta el final”.

No obstante, la vía formal no ha sido la única que ha explorado. En dos ocasiones ha tratado de abordar de manera informal su caso con el concejal responsable del cementerio municipal, Fernando López, con la intención de exponerle su historia y concretar una cita que, lamenta, no se ha producido hasta el momento. “Por tanto, ante el silencio que rodea a esta historia, mi infructuosa búsqueda, y la impotencia que siento al no haber sido informada hasta ahora como ciudadana a pesar de mi insistencia, solicito una respuesta a esta Administración sobre el destino de esos restos”, concluye la nieta de esta víctima del genocidio franquista en Andalucía.

La Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir llama a esta familia a seguir adelante, con el amparo de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y pone en valor que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con competencias en materia de memoria democrática, aprobó el pasado 24 de abril la apertura de 43 fosas en la comunidad, mientras que en estos momentos se trabaja en la exhumación de 144 cadáveres en la fosa común de La Algaba, en la provincia de Sevilla. Las actuaciones contemplan el estudio de lugares donde se produjeron fusilamientos, sacan los restos a la luz, realizan un estudio de ADN y, una vez identificados, se entregan a las familias para que sean enterrados dignamente. 

Desde la fortaleza del monumental castillo de El Real de la Jara, acompañada de sus dos nietas saharauis y con la mayoría de sus seres queridos nacidos y viviendo ya en Cataluña desde el trágico asesinato de su abuelo, Carmen Fernández y su familia sigue pugnando para que se apliquen en este caso los principios de verdad, justicia y reparación que mandata Naciones Unidas para las situaciones de violación de derechos hacia las víctimas del fascismo. Aguarda con impaciencia una respuesta oficial del consistorio de Castilblanco, gobernado por José Manuel Carballar (PSOE). Ha puesto también a disposición de las asociaciones memorialistas de la provincia de Sevilla la información que atesora sobre su abuelo, todo con el ánimo de vincular a profesionales que puedan facilitar las respuestas que le faltan, soñando próximo el momento de brindar la sepultura que jamás pudieron darle a Manuel García Amorín para pasar una página que estigmatizó a tres generaciones de su familia.

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