El acceso a los fondos documentales de la represión del Régimen
franquista ha estado en nuestro país plagado de obstáculos legales y materiales, que
la Ley 52/2007 de Memoria Histórica no supo (o quiso) allanar. Por su parte, la nueva
Ley 20/2022 de Memoria Democrática, si bien es continuista en algunas cuestiones,
en otras contiene novedades significativas derivadas, principalmente, del
reconocimiento del derecho a la verdad, no solo a las víctimas, sino a la sociedad
general, con consecuencias directas en relación con la actividad de investigación
histórica.
