Critican al Gobierno por difundir el número de cuerpos exhumados de víctimas del franquismo y esconder el de identificados
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia que el ejecutivo todavía no ha puesto en marcha un costoso programa para hacer un banco de adn
“El objetivo de la búsqueda de desaparecidos es identificarlos, que sus familias puedan conocer lo que les ocurrió y enterrarlos dignamente
Redacción
1.10.2025
Critican al Gobierno por difundir el número de cuerpos exhumados de víctimas del franquismo y esconder el de identificadosa Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
La ARMH lamenta que el Gobierno haga triunfalismo con el número de personas que ha exhumado con subvenciones en fosas comunes cuando oculta la verdadera cifra importante que es la del número de personas que han sido Identificadas genéticamente y entregadas a sus familias para que puedan darles una sepultura digna.
Redacción
01.10.2025
La ARMH ha llevado a cabo varios intentos para conocer la cifra de víctimas de la represión franquista que han sido identificadas en las exhumaciones que ha financiado el Gobierno pero ese dato no es accesible. “En una respuesta por el portal de transparencia llegaron a decirnos que no podían darnos esa información porque se encontraba en un formato de difícil acceso cuando es tan sencillo como pedirle un total a una columna de una base de datos, explica Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de la primera víctima desaparecido por la represión franquista que ha sido identificada genéticamente en España-
El número de exhumaciones o de personas exhumadas no tiene nada que ver con el número de personas que han sido identificadas y de lo que se trata es de buscar desaparecidos y devolverles la identidad. “El problema parte de que el Gobierno no ha querido abrir una oficina que atienda a las familias de los desaparecidos porque esa debería ser la forma de poner en marcha el proceso de búsqueda y no que una empresa dedicada a la arqueología reciba subvenciones del Gobierno cuando no ha investigado debidamente y encontrado a las familias”, añade Silva.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició las exhumaciones científicas de desaparecidos en España en el año 2000. El próximo 21 de octubre se cumplirán veinticinco años de la primera que se llevó a cabo con técnicas arqueológicas y forenses. En la actualidad la ARMH lleva a cabo exhumaciones e identificaciones genéticas con sus propios recursos, sin ninguna subvención y exigiendo al Gobierno que “los derechos humanos no se subvencionan, los derechos humanos se garantizan.
España es el único país del mundo que pretende resolver con subvenciones la búsqueda de personas desaparecidas por violencia política. No hay otro caso de otro país que por muy frágil política o económicamente que sea haya elegido esta forma que discrimina entre familias de víctimas que acceden a los recursos y las que no acceden a ellos.
“El Gobierno ni siquiera ha puesto en marcha el banco estatal de ADN que se creó con la ley de memoria democrática, que va a cumplir tres años”, continúa Silva. “Además hace más de dos años que compró un costoso programa informático de manejo de perfiles genéticos, el Bonaparte, y todavía no lo ha encendido», concluye.
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El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática prepara el II Plan Cuatrienal de Exhumaciones para dar continuidad al proyecto
Imagen de archivo de la fachada principal de la basílica del Valle de Cuelgamuros. / Fernando Villar / EFE
Ana Cabanillas/ Madrid
La exhumación de Francisco Franco del Valle de Cuelgamuros fue uno de los iconos con los que Pedro Sánchez echó a andar su Gobierno. Un año después de llegar a Moncloa con la moción de censura, en octubre de 2019 el Ejecutivo sacaba al dictador del enclave. La imagen marcaba la senda que siguió después, con el impulso de un plan de exhumaciones de la guerra civil y el franquismo, y el alumbramiento en 2022 de la ley de memoria democrática, destinada a reparar a las víctimas. El balance de estas políticas se traduce en 8.200 exhumaciones y 200.000 concesiones de nacionalidad a descendientes de exiliados.
La norma, que se publicó en el BOE el 19 de octubre de 2022, hereda el espíritu de la ley de memoria histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, que reguló por primera vez el reconocimiento a las víctimas del franquismo y la guerra civil. Ya aquella norma fue muy cuestionada por el PP, al considerar que rompía el espíritu de consenso de la Transición tras la dictadura franquista. Y las críticas se han reavivado a raíz de la nueva ley de memoria democrática.
Varias comunidades autónomas del PP como Castilla y León, Aragón o Comunidad Valenciana han desafiado al Gobierno central y aprobaron el pasado verano las llamadas “leyes de la concordia” para tratar de neutralizar los efectos de esta norma. Unas normas muy cuestionadas por evitar las referencias a la dictadura vivida durante el franquismo. El Gobierno recurrió estas contrarreformas al Tribunal Constitucional, que en algunos casos las ha suspendido parcialmente.
Muchas de las actuaciones de 2024 y 2025, detallan fuentes gubernamentales, se están ejecutando aún y sus resultados por tanto están pendientes de validarse en informes oficiales. De estas exhumaciones, se han producido 220 identificaciones, aunque la mayoría de las muestras extraídas están en proceso de identificación. En el valle de Cuelgamuros, el número de solicitudes de familias para exhumaciones es de 202, y se han producido 19 identificaciones de represaliados.
Desde 2020 hasta la actualidad las exhumaciones que están dentro del plan de exhumaciones son las que se realizan con subvención directa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través del Conferencia Sectorial a las comunidades autónomas y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los Ayuntamientos. Además, se han concedido subvenciones nominativas directas a Ayuntamientos que tienen grandes fosas como Sevilla, Córdoba, Huelva, Jaén o Manzanares (Ciudad Real). Además, este año se ha abierto una línea de subvenciones directas de 100.000 euros para cada una de las Diputaciones y Cabildos que han mostrado interés en realizar exhumaciones.
200.000 concesiones de nacionalidad
Otro de los aspectos más llamativos de la ley es que reconoce el derecho a reclamar la nacionalidad a los hijos o nietos nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos españoles que tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas, creencia u orientación e identidad sexual. La propia disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática establece que el mencionado plazo de dos años se inicia con la entrada en vigor de la ley, por lo que su vigencia terminaba el 22 de octubre de 2024. El Gobierno aprobó el año pasado una prórroga por la que amplía el plazo hasta dentro de unas semanas, el 22 de octubre de 2025.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmó este lunes que España ha concedido hasta el momento 237.145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos en virtud de esta ley de memoria democrática. El número de solicitudes de nacionalidad concedidas hasta la fecha representan el 27% de todas las presentadas, que son 876.321.
