ACTUALIZACIÓN. La cruz de los caídos y el señor obispo. OPINION. Aureliano Sáinz

La cruz de los caídos y el señor obispo

Hace ya cuarenta y cinco años (45) que falleció Francisco Franco, pero algunos siguen añorando su régimen dictatorial, de modo que continúan como si todavía existiera el nacionalcatolicismo, que era la estricta fusión entre el Estado y la religión católica, dado que estaba considerada la religión oficial, por lo que todos los españoles tenían que ser educados bajo esta fe si no querían quedar socialmente marginados.

A ellos de nada les sirve que en la Constitución aprobada en diciembre de 1978 y que en su artículo 16 se indique: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. 

Su aprobación fue un paso importante, ya que del texto se deducía que en términos de las creencias (religiosas o no religiosas) pasábamos a ser un país aconfesional, en el que todas se encontraban en nivel de igualdad anta la ley. Por otro lado, implicaba, aunque sólo fuera como declaración, que era posible acabar con la multitud de privilegios, reales y simbólicos, que la Iglesia Católica había obtenido del dictador por apoyar el golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la Segunda República Española.

Pero una cosa es la ley y otra es la realidad, porque la Iglesia Católica sigue teniendo multitudes de privilegios que se resiste a ceder, pues está construida sobre ellos. Desde este punto de vista, se entienden las amenazas veladas que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, el mismo que se ha vacunado inmediatamente contra la Covid-19, hizo en sus declaraciones durante la misa del domingo 17 de enero celebrada en Aguilar de la Frontera.

Esas amenazas estaban relacionadas con la retirada de la cruz de los caídos (de los caídos en el bando nacional), una retirada algo tardía ya que en la mayoría de las localidades españolas se llevaron a cabo a los pocos años del comienzo de la democracia. 

El señor obispo considera que bastó con que se quitara la lápida que había detrás en la que aparecía una relación de nombres. Por otro lado, se comprueba que a él los poderes civiles no le interesan mucho; imagino que, para él, el poder eclesiástico está por encima, ya que supuestamente es de origen divino. De nada le sirve que haya sido el Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera el que aprobara la retirada definitiva de la cruz de los caídos, siguiendo lo que se establece la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Al señor obispo conviene recordarle que los significados de los símbolos tienen una historia y un sentido que no desaparecen sólo porque la lápida de detrás se retirara. Para todos los vecinos de Aguilar de la Frontera ésa era la ‘cruz de los caídos’, la que había levantado el régimen franquista para ensalzar a quienes defendieron su causa. En cambio, los restos de muchos de los republicanos fusilados durante la guerra y la dictadura se encuentran aún enterrados en las cunetas de carreteras o en fosas comunes. Esto último parece que no le quita el sueño al señor obispo.

De todos modos, a pesar suyo y de todos los grupos integristas que se resisten a que caminemos hacia una verdadera democracia, es decir, hacia un Estado laico en el que el poder del Estado y el poder eclesiástico estén verdaderamente separados, nosotros aplaudimos la decisión del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en la eliminación de los símbolos franquistas que desgraciadamente todavía permanecen en nuestro país.

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Maeztu pide a los ayuntamientos y Diputación los “inventarios” de elementos contrarios a la memoria histórica

20M EPNOTICIA20.01.2021 – 19:02h

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha incoado una actuación de oficio en la que solicita a los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Sevilla con más de 20.000 habitantes y a la Diputación, que informen sobre si tienen “inventariados” los elementos contrarios a las leyes de memoria histórica que aún persistan en las localidades, “con independencia del quien sea el responsable de su eliminación”, así como las gestiones “arbitradas” para retirar tales elementos.
 

Según una resolución del departamento de Maeztu fechada este mes de enero y recogida por Europa Press, durante 2020 la institución ha recibido “quejas referidas a la existencia de elementos en calles y plazas de los distintos municipios de Andalucía”, contrarios a las leyes de memoria histórica y democrática.

A tal efecto, rememora la Ley estatal 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; así como la Ley autonómica 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuyo objetivo es la regulación de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, con la finalidad de garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía.

Y es que aunque la ley autonómica de 2017 determina que “en el plazo máximo de doce meses” a partir de su entrada en vigor “deberá procederse a la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere el artículo 32”, referente a “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, en conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 y del franquismo”, diferentes entidades memorialistas “han trasladado los incumplimientos de la Ley”.

EL CASO DE LOS “EDIFICIOS PRIVADOS”

Dicho artículo 32 de la ley andaluza, según se precisa, también determina que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Todo ello cuando la citada ley andaluza determina que en caso de que el periodo inicial de un año desde la aplicación de la misma no hubiesen sido retirados tales elementos, “la Consejería competente en materia de memoria democrática incoará de oficio el procedimiento previsto en el mismo artículo para la retirada” de los mismos.

Es por ello que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha resuelto “tomar mayor conocimiento en relación a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 2/2017 referido a los elementos contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática que aún no hayan sido retirados o eliminados en la provincia de Sevilla”.

LOS INVENTARIOS

Por ello, pide a los ayuntamientos de los municipios de la provincia de Sevilla con más de 20.000 habitantes, como los de la capital hispalense y Dos Hermanas, por ejemplo, que informan sobre si tienen inventariada “la relación de elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática conforme al contenido del artículo 32 de la Ley 2/2017, con independencia del quien sea el responsable de su eliminación”.

También les pide información sobre “las actuaciones y procedimientos arbitrados en los municipios para determinar su eliminación y si tienen previsto el destino de los elementos eliminados o a eliminar”, así como si se “ha notificado o requerido a la Consejería competente en la materia, actual Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, apoyo o asesoramiento para tal finalidad”.

En el caso de Sevilla capital, recordémoslo, persiste el caso de la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano que conserva la basílica de la Macarena, frente al acuerdo del Ayuntamiento hispalense que solicita que el templo deje de acoger los restos del citado militar a cuenta de los fusilamientos perpetrados bajo su mando.

Las mismas peticiones cursa la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz a la Diputación de Sevilla, con relación a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

https://www.20minutos.es/noticia/4551247/0/maeztu-pide-a-los-ayuntamientos-y-diputacion-los-inventarios-de-elementos-contrarios-a-la-memoria-historica/

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La alcaldesa asegura que el símbolo se ha suprimido porque “entorpece la visibilidad de un monumento histórico”

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera finalmente ha retirado la Cruz de los Caídos del convento de las Descalzas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Los trabajos han comenzado a media mañana de este martes a pesar de que la medida contaba con el rechazo de Vox y de las cofradías de este municipio de la Campiña Sur. La cruz se encontraba ubicada el Llanito de las Descalzas, perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Monasterio de San José y de San Roque, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983. 

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores (IU), no ha querido hacer declaraciones a pesar de la polémica generada y se ha remitido a la rueda de prensa que ofreció el lunes, en la que aludió al procedimiento establecido para ello, como la elección de la persona encargada, que “ha recibido acoso este fin de semana”, mientras que él “ha aceptado trabajo”. Según Flores, esta situación “ha precipitado las cosas”.

En esa misma comparecencia, la regidora municipal recuerda que el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica es “un mandato legal”, a pesar de que otros equipos de gobierno han recibido requerimientos y no los han llevado a cabo. “Este equipo de gobierno, intenta, siempre, en todos los asuntos, ser consecuente, responsable y actuar”, subraya.

Flores, además, señala que nada más llegar a la Alcaldía se reunió el Consejo Sectorial de Memoria Histórica, que es un órgano de carácter consultivo, y quitaron “el yugo y las flechas de la barriada de El Carmen” y anota que están pendientes “de la retirada de honores y distinciones a Franco, que está reglamentado en la Ley de Memoria Histórica, algo que llevará su procedimiento”. La otra actuación prevista era la retirada de la citada Cruz de los Caídos, “por las connotaciones que tiene”.

La primera edil hace referencia al programa de embellecimiento de la localidad para llevar a cabo estos trabajos y añade que, para ello, plantearon a Cultura que hiciera “un informe para la retirada de la cruz porque todo lo que se haga cerca de un Bien de Interés Cultural tiene que estar autorizado por Cultura”. 

La sorpresa, continúa, “llega cuando conocen que la cruz no está vinculada con el tema de Memoria Histórica porque se quitó la placa”. A pesar de ello, desde el Ayuntamiento deciden retirar la cruz porque “entorpece la visibilidad de un monumento histórico catalogado como Bien de Interés Cultural” y que “no se sustituya por ninguna otra cosa”, si bien, Flores asegura que se pensó en sustituirla por otra Cruz “para no herir sensibilidades”, si bien, finalmente desde Cultura les dijeron que no podía instalar nada.

Flores también indica que ha habido buena relación con la Iglesia en Aguilar de la Frontera y afirma que respetan “los sentimientos religiosos”, pero ve “intrusismo en el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, cuando viene con amenazas para interferir en la institución” que representa y “pierde toda autoridad, y no representa sentir de todos los feligreses del pueblo”.

En esta línea, la alcaldesa lanza duras críticas hacia el prelado y asegura que “no ha aparecido aquí, en Aguilar de la Frontera, para interesarse por problemas de subsistencia, como si fuese dueño del voto y decisión de feligreses, es un insulto a la democracia e inteligencia; en el poder que él representa no existe esa democracia”.

Querella de la Asociación de Abogados Cristianos

La Asociación Española de Abogados Cristianos, por su parte, ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Córdoba en funciones de guardia contra la alcaldesa por el derribo de la citada cruz. La entidad ya había pedido al juzgado medidas cautelares para paralizar el derribo, al que se han opuesto vecinos.

La organización de juristas acusa a la primera edil de la supuesta comisión de delitos de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio y pedirá también su inhabilitación para ejercer cargo público, según informa la entidad en una nota, en la que detalla que ya ha iniciado además acciones por la vía contenciosa por “las numerosas irregularidades cometidas”.

Así, denuncia que “la decisión de destruir el monumento no se ha aprobado en Pleno, ni cuenta con el proyecto competente para actuar en un entorno BIC, por lo que es completamente ilegal”.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, explica que “la propia alcaldesa ha reconocido que desde Cultura les han dicho que no pueden demoler la cruz amparándose en la Ley de Memoria Histórica, lo que evidencia que la decisión de derribo del monumento parte de la discriminación y animadversión de la mandataria hacia los cristianos”.

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Ayuntamiento-Aguilar-Frontera-retira-cruz-caidos_0_1539446314.html

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La ‘Cruz de los Caídos’ de Aguilar de la Frontera (Córdoba) será derribada “por la vinculación con el franquismo”, según la alcaldesa, Carmen Flores

Juan Miguel Baquero /18 de enero de 2021 16:07h/ 11/

“Ojo con tocar los sentimientos religiosos, ahí quedará la respuesta en su momento”, es la amenaza del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, aludiendo a la próxima demolición de la ‘Cruz de los Caídos’ franquista en Aguilar de la Frontera. “Mantenemos el derribo por la vinculación que ha tenido siempre con el franquismo”, asegura por su parte la alcaldesa del pueblo cordobés, Carmen Flores.

La polémica por las retiradas de este tipo de símbolos de apología del fascismo y enaltecimiento de la dictadura está llena de episodios controvertidos. Con el paradigma del Valle de los Caídos que mantenía la momia del dictador, Francisco Franco.

Uno de los últimos casos, como ejemplo, está en Cáceres (Extremadura). Ahí el Gobierno de España insta al Ayuntamiento a desmantelar la Cruz de los Caídos que “contribuye a perpetuar el recuerdo del odio y el enfrentamiento entre españoles en contra del modelo constitucional de convivencia”. Del otro lado, la ultraderecha de Vox sigue buscando el ‘indulto’ para el monumento franquista incluso con una iniciativa en la Cámara Baja que solo apoyó el PP.

La Ley de Memoria Histórica estatal requiere que las Administraciones retiren “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, según el artículo 15, sobre símbolos y monumentos públicos. En términos similares, la legislación andaluza extiende la “exhibición pública” al “callejero” y “elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública”.

“Que se atengan a las consecuencias”, advierte

“Ahí están los sentimientos religiosos, por eso que nadie los toque. O si los toca, que se atenga a las consecuencias. Los cristianos no somos violentos, pero tomamos nota. Cuando lleguen las próximas elecciones tenemos en cuenta si han respetado nuestros sentimientos religiosos o no. Ojo, que eso queda ahí”, declaró el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, durante la misa del domingo 17 de enero de 2021, retransmitida en directo por Canal Sur Radio y Televisión.

El prelado fue el encargado de presidir la eucaristía para honrar la devoción al Niño Jesús de Praga tan arraigada en Aguilar de la Frontera. Y en su homilía, “el pastor de la Diócesis recordó la importancia que tiene hoy defender los sentimientos religiosos justamente cuando el ayuntamiento de la localidad ha ordenado la demolición de la cruz del convento de las Carmelitas Descalzas de Aguilar en aplicación de la ley de Memoria Histórica”, como destaca en su web la Diócesis de Córdoba.

“Hay quienes piensan que los sentimientos religiosos no cuentan y no es así. Claro que cuentan. Un claro ejemplo es que esta misa en Canal Sur está dando unas cifras de audiencia magníficas porque el pueblo andaluz es un pueblo religioso”, en palabras del obispo de Córdoba. “He puesto el ejemplo de la misa, podía poner otros ejemplos que también suceden en Aguilar en estos días”, remató.

El origen de la Cruz, “un símbolo fascista”

“Para mí lo que diga el obispo de Córdoba no va a misa”, afirma la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores (Izquierda Unida), en declaraciones a elDiario.es Andalucía. “Mantenemos el derribo –de la Cruz de los Caídos– por la vinculación que ha tenido siempre con el franquismo”, en palabras de la primera edil.

“La cruz se demolerá, aunque no está terminado el procedimiento”, subraya. “En el recorrido para retirarla aplicando la Ley de Memoria vemos que no es posible, por determinadas circunstancias” que la alcaldesa no ha querido desgranar por “toda la polémica que se está generando”. En todo caso, dice, un “informe de Cultura señala que no debe haber nada cerca de la iglesia, que es un BIC (Bien de Interés Cultural), e impida contemplar ese edificio sin obstáculos alrededor”.

“El origen es un símbolo fascista, por mucho que le quiten placas, que se adornen, que se blanqueen o lo que sea, sigue siendo la Cruz de los Caídos y no tiene otra lectura, está identificada con el golpe de Estado”, explica Cecilio Gordillo, coordinador de Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A). El grupo de trabajo ha iniciado una campaña para confeccionar un catálogo sobre la pervivencia de las llamadas ‘Cruces de los Caídos’ en los espacios públicos.

“Aunque se niegue o reduzca su importancia, la ocupación simbólica de los espacios públicos es una cuestión de especial importancia en la vida ciudadana y en la conformación cultural de nuestra sociedad”, sostiene el colectivo memorialista. Las llamadas ‘Cruces de los Caídos’ son “elementos discriminatorios y revanchistas que proclamaban y remachaban la victoria de quienes se sublevaron mediante las armas el verano de 1936 contra el régimen constitucional de ese momento”, apunta RMHSA.

La “descontextualización” del símbolo franquista

“Sin embargo, todavía hoy, continúan adornando y ocupando el espacio público en muchos lugares de nuestro país” y, en muchos casos, con la excusa de su “descontextualización” una vez retirados “algunos de sus elementos más hirientes simbólicos o blanqueándolos con textos generalistas e inclusos ridículos como por ejemplo “a todas las víctimas de las guerras de España”, subrayan.

“Es mentira lo que dice este hombre”, señala Cecilio Gordillo en alusión al obispo de Córdoba. Y continúa: “No hay ofensa a los elementos religiosos, eso no es un símbolo religioso porque los franquistas también fusilaron a muchos cristianos, y como es un símbolo de odio, de apología del golpe de Estado, el primer interesado en quitar esas cruces debía ser la propia Iglesia para separarse del franquismo”.

“El problema”, prosigue, “es que pasados 40 años de la muerte de Franco el único análisis que hacen los alcaldes es que “si quito la cruz, pierdo votos’, y esta situación deja con el culo al aire la formación de muchos políticos”. Hay múltiples ejemplos, “están en Cáceres, en Córdoba capital y muchas más”, apunta. Y en muchos pueblos como en el que, adelanta a este diario, van a presentar una iniciativa para retirar un símbolo franquista similar: “La semana que viene pedimos el desmantelamiento de cruz de los caídos de Peñaflor” (Sevilla).

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