ACTUALIZADO. El caso de «la Puebla de Cazalla». Las pruebas de ADN de las fosas comunes. ¡¡¡estancadas!!!

Demosles la palabra a quien realmente les corresponde. Las familias de los fusilados/asesinados por el franquismo.

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MARÍA CARMEN ESPAÑA RUIZ con DNI nº 33.917.840-Q y con domicilio a efectos de notificación en Calle La Amistad, nº 28 de Lantejuela CP 41630 (Sevilla), teléfono de contacto 658.538.733 y correo electrónico mesr0020@hotmail.com,

como nieta de MANUEL ESPAÑA GIL de Lantejuela, de 29 años de edad, de profesión jornalero,  detenido y conducido a la localidad de La Puebla de Cazalla donde fue ejecutado,  junto a 6 compañeros más: TEODOSIO CORNEJO CADENAS, VICENTE GONZALO ESCALONA CÁDIZ, FRANCISCO QUIRÓS FUENTES y JOSÉ QUIRÓS FUENTES (hermanos), “EL LORETO” y “EL PADRE DEL VIZCO” ,  la madrugada del 17/09/1936 a manos de falangistas y por aplicación del bando de guerra, tras el golpe militar de julio de 1936, según consta  en su partida de defunción expedida en diferido en fecha 18/05/1945 por orden del Juzgado de Instrucción de Osuna

y como Presidenta y en representación de la ASOCIACIÓN RMH “ROMANCE DE JUAN GARCÍA” con CIF nº G-91962837 que engloba a los familiares de las víctimas -procedentes de Morón de la Frontera, Villanueva de San Juan, Marchena, Lantejuela y la propia Puebla de Cazalla-  siendo algunos de ellos y ellas los que siguen: PEDRO ESCOBAR RAMÍREZ y su hijo JUAN ESCOBAR LUCENA, MIGUEL GARCÍA DURÁN, JUAN MENA MENA, ANTONIO PÉREZ CARVAJAL, MIGUEL RODRÍGUEZ ARROYO, JUAN RODRÍGUEZ NÚÑEZ,  JOSÉ PÉREZ TRIGUERO, JUAN SERRANO MORILLA, ALONSO VERA LUNA, MANUEL CORONA PARIENTE, JOSÉ CALDERÓN PAZOS, RAFAEL PORTILLO LÓPEZ, JOSÉ GÓMEZ CORREA, INÉS GONZÁLEZ ESPEJO, JESÚS CONTRERAS ANGORILLA, ANTONIO PORTILLO MEDINA, TERESA SÁNCHEZ ANDRADE, MANUEL RODRÍGUEZ RAYA, JOSÉ MELERO GORDILLO, MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ Y JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ (hermanos)-, todos ellos asesinados –tratándose de población civil, de entre 17 y 60 años, cuyos restos presentan tiros certeros a quema ropa, de 90º, en cráneos o tórax, además de lesiones perimortem en brazos, muñecas, dedos y mandíbulas por fuertes golpes o caídas- y  que junto con mi abuelo fueron sepultadas ilegalmente,  y hechas desaparecer durante el verano del 36 y hasta  febrero del 37 y que allí permanecieron durante más de 80 años,  en la profunda fosa –la más honda,  con  sus 5 metros, de toda Andalucía y España hasta la fecha exhumada, por haber sido una cantera de extracción de áridos reconvertida en  zona de enterramientos y posteriormente en vertedero de escombros- conocida además popularmente como  “El Carnero” y  situada en la zona civil del cementerio Municipal de San José de La Puebla de Cazalla (Sevilla), habiendo sido  intervenida ya en 4 fases y habiéndose exhumado de ella desde 2006 a 2014, 77 cuerpos, constando sendos informes técnicos de localización y actuación sobre la fosa y de extensas memorias científicas y antropológicas forenses de cada cuerpo exhumado, informes y memorias que, por otra parte, obran todos ellos en las oficinas de la extinguida Dirección General de Memoria, primero Histórica y luego Democrática,

            y como miembro también de la COMISIÓN POR EL DERECHO A LAS EXHUMACIONES constituida el 23 de febrero de 2019 y perteneciente a la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia,

            vengo en dirigirme a Vd. para

E X P O N E R:  

ANTECEDENTES: INTERVENCIONES  EN LA FOSA.

            Primero) Que el colectivo de familiares de las víctimas de la fosa de La Puebla de Cazalla, constituidos primero en agrupación y a partir de 2011 en la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica “Romance de Juan García”, firmó en el Salón del Plenos del Ayuntamiento de Lantejuela un Manifiesto el 14 de febrero de 2006, por el que se fijaban cuatro puntos fundamentales que eran: 1º Limpieza del lugar en el que se situaba la fosa; 2º Localización de la misma y señalización adecuada; 3º Intervención en la fosa y exhumación de los cuerpos allí encontrados y 4º Identificación de los cuerpos mediante las pruebas de ADN necesarias y traslado a sus respectivos cementerios de sus localidades de origen. El Manifiesto constituía un documento abierto al que se han ido sumando más familiares durante estas décadas.

            Segundo) Que los 77 cuerpos exhumados en 2006, 2008, 2009 y 2014 se encuentran depositados en la antigua Sala de autopsias del mismo Cementerio San José de La Puebla de Cazalla con la autorización y bajo custodia del Ayuntamiento de la localidad, individualizados en cajas mortuorias a los efectos, a la espera de los resultados en la investigación genética,  para poder ser identificados y posteriormente poder ser trasladados definitivamente algunos de ellos a sus localidades de origen a fin de ser enterrados dignamente junto a sus familiares –los de Lantejuela, los de Morón de la Frontera, y los restos de Mª Teresa Sánchez Andrade de Marchena- y el resto para ser depositados bien junto a sus familiares de La Puebla de Cazalla o bien para ser depositados en la cripta que contiene el Monumento memorialista construido por el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla en el lugar donde estaba la fosa y a los efectos de su recuerdo.

            Tercero) El habitáculo en el que se encuentran las 77 cajas es estrecho y seco, cerrado al público y bajo llave, con condiciones adecuadas en cuanto a que no existen humedades que podrían afectarles. En 2014 las cajas de plástico fueron sustituidas por las mencionadas cajas de madera. Sin embargo, su ubicación actual es indudablemente y, a todas luces, provisional. El pasado invierno se produjo un robo en el Cementerio municipal: se llevaron herramientas del enterrador municipal; entraron también en esta Sala pero no se llevaron nada ni hicieron destrozo, después de abrir algunas cajas.

            Cuarto) La metodología arqueológica empleada en las fosas de La Puebla de Cazalla (y podemos hablar de fosas en plural puesto que primero se halló en 2006 una pequeña fosa que fue denominada Fosa I, y la fosa grande se dividió técnicamente en dos en las fases siguientes, dada su complejidad, siendo éstas las Fosas II y III) se rigió bajo las directrices contenidas en el Decreto 334/2003, para la coordinación de actuaciones en torno a la Recuperación de la Memoria Histórica, de 2 de diciembre, que posteriormente fue desarrollado en la Orden de 7 de septiembre de 2009 por la que se aprobaba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones, siendo éste y de manera ulterior regulado por la Ley de Memoria Histórica 52/2007.

            Quinto) La fosa de La Puebla de Cazalla ha sido uno de los procesos más largos debido a los 12 años que se han necesitado para poder terminar su intervención al completo, a consecuencia de tres cuestiones fundamentales: la ya mencionada inusual profundidad que era mucha y obligaba a entibar continuamente los perfiles de la misma para evitar su derrumbe, su forma de embudo, con 43 m2 de diámetro por la parte más ancha y apenas 3 m2 por su parte estrecha, que hacía difícil los trabajos de limpieza de los restos óseos y su extracción y,  especialmente y de forma rotunda, la presencia del gran obstáculo, el bloque de nichos de osario (140 columbarios) que había sido construido en época democrática y que estaba encima del perfil norte de la fosa, y que se encontraba en muy mal estado, e hizo retrasar la última intervención que no se pudo producir hasta 2014 porque la fosa continuaba debajo  y era imposible salvar este obstáculo hasta que se derribó y los columbarios fueron trasladados a otros nichos de nueva construcción, tras un largo trabajo administrativo por parte del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla para localizar a los familiares a fin de que autorizasen dicho traslado.

            Se suma  a estas características peculiares y en su dilatación en el tiempo, la condición que tiene el proceso de intervención en  la fosa de La Puebla de Cazalla y su tratamiento: se ha constituido como una actuación pionera en la Memoria Histórica, coetánea a la intervención en el Cementerio San Rafael de Málaga con 2.480 víctimas exhumadas de la mano de su alcalde D. Francisco De La Torre, anteriores ambos procesos a la existencia de la Ley de Memoria  Histórica, la 52/2007 y la Ley Andaluza 2/2017.

            La fosa de La Puebla de Cazalla ha presentado más dificultades técnicas. No sólo por la acumulación de cuerpos (hasta 7 niveles de enterramientos y 22 grupos de fusilados), sino también por el afán de ocultamiento de la misma: el empleo de huesos de osario provenientes de otros enterramientos más antiguos y que fueron arrojados entre medio de los cuerpos de los ejecutados; el empleo de la cal y del fuego para hacer desaparecer los cuerpos de los ejecutados; el empleo de tierras de diferentes colores que hacía difícil precisar los límites de la fosa; la mezcla también con enterramientos de niños y de otros fallecidos, siendo utilizada la zona como cementerio civil para personas de otras religiones diferentes a la católica o por acción de la beneficencia.

            La fosa de La Puebla de Cazalla también ha presentado dificultades políticas. Los familiares hemos tenido que trabajar con cuatro diferentes Comisarios de la Memoria Histórica y con dos Directores de Memoria Democrática; con un alcalde socialista que no quería saber nada de la intervención en la fosa y, en conjunto, con una débil estructura que aguanta todo lo que se ha venido en llamar la guerra civil. En todo ello ha habido tres pilares fuertes: el equipo de gobierno que entró en La Puebla de Cazalla a partir de 2006 que nos ha ayudado en todo lo que ha podido, los excelentes equipos de arqueología y antropología  y el papel de los familiares como parte activa y como única forma de curar nuestras heridas, haciendo posible cerrar una página dolorosa de nuestras familias que está incompleta y en la que sólo se podían leer las difíciles y complejas líneas de las consecuencias que acarrean la desaparición o desapariciones forzadas de personas.

            Por añadidura, el caso de la fosa de La Puebla de Cazalla ha sido a la vez un elemento catalizador del propio movimiento de la Recuperación de la Memoria Histórica en 2008, cuando fue inminente otro nuevo cierre de la intervención con un enterramiento a la vista, el nº 11          -caracterizado por el horror de cuerpos entremezclados entre sí, arrojados desde arriba y deslizados por uno de los perfiles de la gran fosa- y que debía ser sepultado por falta de presupuesto. Se decidió por parte de todo el movimiento memorialista realizar una concentración en la Plaza de la Gavidia (Sevilla). Desde entonces, sigue este acto realizándose cada sábado final de mes.

SOBRE LA IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE LOS RESTOS

            Uno) El caso de la fosa de La Puebla de Cazalla está sin concluir. Nos faltan los resultados de la investigación genética, que ya fue iniciada en 2012.

            Dependientes -en todo momento-  los familiares vivos del ritmo de las subvenciones para abordar los ingentes trabajos pendientes, supliendo funciones de un Estado que no asume sus deberes para con los desaparecidos, nuestra Asociación mediante subvención de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales en el año 2012 firmaba contrato con la empresa de genética NBT (Newbiotechnic, S.A.) de Bollullos de la Mitación (Sevilla), empresa a la que nos deriva la propia Junta de Andalucía por cuanto el convenio con la Universidad de Granada para realizar pruebas genéticas, tantas veces vendida la idea por el segundo y tercer Comisario de la Memoria Histórica, permanecía todavía en el aire. Éramos los primeros en abordar el ADN y pagamos el precio de no existir previsión o cobertura alguna para todo ello. El importe total de los trabajos fue de 15.239,95 €. El 26 de junio de 2013 la Asociación emitía un comunicado sobre el inicio de los trabajos de identificación de 49 víctimas en aquel entonces completa o parcialmente exhumadas en 2006, 2008 y 2009. Además, entre julio y agosto de 2013, los familiares pasamos de ser aprendices de Arqueología a funcionar como auxiliares en el proceso científico de identificación. A la ausencia de un banco genético, actuamos como asistentes y nos encargamos nosotros solos de organizarnos y de recogernos las muestras bucales. En primera plana de “El Mundo”, en fechas de 27 de junio y de 12 de agosto de 2013, por el periodista Eduardo del Campo se publicaban las noticias de la recogida de muestras a los familiares vivos. Durante el verano de 2013, ésta vez en mi domicilio particular, seguí recibiendo las muestras de los hisopos de más familiares que seguían apareciendo y sumándose a la búsqueda: de Ibiza, de Málaga, de Marbella, de Lora del Río, de Barcelona, …Un jeroglífico, como la propia historia de la desmemoria.

            Dos) Por fin, en febrero de 2014 se pudo derribar el bloque de nicho de osarios mediante un convenio entre el Ayuntamiento de  La Puebla de Cazalla, Diputación y Junta de Andalucía. El derribo de aquel gran obstáculo  significaba que estaba ya cerca el inicio de lo que iba a ser la 4ª fase de intervención en la fosa. Como antesala a los trabajos, el 25 de marzo de 2015 se declaraba la fosa común del cementerio como Lugar de Memoria Democrática. De la ejecución de la 4ª fase, entre junio y agosto de 2014, fueron exhumados 33 cuerpos más, hallados, excavados y exhumados, dando por finalizada la búsqueda por haberse terminado la fosa y tras la constatación de su no continuación en todos sus perfiles, siendo incorporados también al mencionado laboratorio mediante la extracción de piezas dentales o trozos de fémures o tibias, de lo que se encargó igualmente Juan Manuel Guijo, antropólogo forense, técnico integrante del equipo de Arqueología y siendo directora del mismo la arqueóloga Elena Vera Cruz. A la vez, venían personándose más familiares vivos.

            Tres) En fecha 20 de agosto de 2015 NBT remite informe de la prueba biológica de ADN antiguo a la Asociación, sin los análisis de los restos hallados en 2014. El informe es, por consiguiente, incompleto.

            Cuatro) Se vio entonces desde la Dirección de Memoria Democrática la necesidad de realizar un acuerdo que incluyese nuevos perfiles tanto de las nuevas familias recién incorporadas como de los 33 nuevos restos óseos que se sumaban a los ya enviados. Además había que aclarar también la cuestión de si el análisis era sólo nuclear o si además incluía el mitocondrial y cromosoma, más complejo pero de mayor precisión y fiabilidad para la identificación. El propio antropólogo forense Juan Manuel Guijo hizo de intermediario y de elemento clarificador entre los familiares, la Dirección de Memoria Democrática y el Laboratorio NBT, en el que también se habían producido cambios de personal.

            Durante el verano de 2016, desde la Asociación estuvimos pendientes de la elaboración de un nuevo presupuesto por parte del laboratorio NBT y de su envío a la Dirección General de Memoria Democrática que dice va a encargarse de la nueva fase. El nuevo Director D. Francisco Javier Giráldez Díaz, había manifestado su voluntad de terminar el caso de esta fosa que, para todos, se había demorado durante demasiado tiempo.

            Cinco) El 22 de junio de 2016 ve la luz por fin el “Convenio Marco entre las Consejerías de Cultura y de Salud, de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada por el que se establecen las Bases de Colaboración en las actuaciones a realizar en Andalucía en relación a las personas desaparecidas durante la guerra civil española y la postguerra”, que tiene como objeto “aunar esfuerzos y establecer los lazos de colaboración y coordinación necesarios para realizar las actuaciones necesarias que puedan derivarse del proceso de identificación de las personas víctimas de la Guerra Civil Española y la Postguerra”, siendo que “estas acciones  irán dirigidas a intervenir en los procesos de custodia de los restos óseos y muestras biológicas así como a realizar las pruebas que se requieran para la identificación de las víctimas, incluyendo los análisis genéticos tanto de los restos de las víctimas localizadas como de los familiares y que puedan dar lugar a la creación de un Banco de Datos de ADN en Andalucía. Dichas actuaciones requerirán de convenios específicos donde se determinen, entre otros, el plan de trabajo, las fases del mismo y la cronología”. Se constituía al amparo de este Convenio Marco una Comisión Mixta para el cumplimiento eficaz del Acuerdo.

            De esta manera, en el BOJA nº 1532, de fecha 10 de agosto de 2016, aparece el Anuncio definitivo de 21 de junio de 2016 de la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente esta vez de la Consejería de Cultura, por el que se publicaban actuaciones específicas en materia de Recuperación de la Memoria Histórica en diferentes municipios al amparo de la Orden de 7 de septiembre de 2009, del Protocolo Andaluz de actuación de exhumaciones. En la relación de actuaciones propuestas por el Comité Técnico de Coordinación previsto en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, se incluye la Identificación genética de los restos encontrados en las fosas de La Puebla de Cazalla, entre otros proyectos; ninguno con una duración mayor de dos años desde la exhumación; el nuestro con 10 años de esperas a nuestras espaldas.

            Después de un fallido presupuesto con NBT y del encuentro infructuoso en las oficinas de la Dirección General en Sevilla el 20 de septiembre de 2016, el 14 de noviembre NBT comunica que ha realizado un reajuste de servicios, siendo el del análisis de ADN antiguo uno de los que van a dejar de ofrecer a partir de ahora. La Asociación junto a los técnicos Juan Manuel Guijo y la arqueóloga Elena Vera Cruz, se pone manos a la obra para realizar y contrastar sendos informes dirigidos a la Dirección General de Memoria Democrática a fin de que se impulse en unos días, y de manera urgente, que definitivamente las muestras de todos los restos y muestras  de familiares vivos víctimas de la fosa de La Puebla de Cazalla se trasladen a la Universidad de Granada, a su Departamento de Medicina legal, en concreto, al laboratorio de investigación genómica. La Dirección General de Memoria Democrática da la autorización para poder realizar la investigación en el laboratorio de la Universidad de Granada.

            Se formaliza además contrato adjudicado por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática a propuesta de la Dirección General de Memoria Democrática por la que se realizaban los trabajos de toma de muestras de los restos de las víctimas en la localidad de La Puebla de Cazalla, que fueron aprobados por Orden de la persona titular de la Consejería de Cultura el 29 de noviembre de 2016, BOJA nº 234 de 7 de diciembre de 2016.

             Durante 2017 se siguen enviando documentos que nos solicita la Dirección General de Memoria Democrática y se vuelven a repetir la toma de muestras a los restos óseos exhumados y a todos los familiares vivos.

            Seis) Por otra parte, con fecha 30 de enero de 2018 se publica en BOJA (nº 25, de fecha 05/02/2018) el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se aprueba la formulación del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022 por el que se asienta un marco de referencia orientativo para el desarrollo de las políticas públicas de memoria democrática en Andalucía.

            Siete) Para lograr el cumplimiento del 4º punto del Manifiesto de 2006, es clave para las víctimas de La Puebla de Cazalla la fecha del 1 de febrero de 2018, fecha en la que  se formaliza la entrega de las muestras de los restos de las víctimas  así como las muestras biológicas de sus familiares a la Universidad de Granada, firmando el documento administrativo o acta de entrega por triplicado D. Juan Carlos Álvarez Merino en calidad de representante de la Universidad y Dª Elena Vera Cruz en calidad de representante de la empresa de su mismo nombre. Se nos dice a los familiares allí presentes que los trabajos de investigación genética durarán 1 año hasta poder tener resultados.  

            A partir de entonces y durante todo 2018 se siguen enviando las muestras de los familiares vivos, así como un listado de familiares, víctimas, parentescos, direcciones y teléfonos de contacto a los técnicos de la Dirección General de Memoria Democrática.

            Ocho) Con fecha 11 de septiembre de 2018, se firmaba -a propuesta de la Comisión Mixta- el Convenio específico entre la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, la Consejería de Salud, la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de Salud, para la Recuperación e Identificación de  las víctimas de la guerra civil española y la postguerra, al amparo y según establecía el Convenio Marco firmado el 22 de junio de 2016. El Convenio específico tiene por objeto la realización de los procesos de identificación de las personas víctimas, incluyendo el análisis genético de los restos de las víctimas localizadas. Recoge también como se realizará la entrega de muestras a la Universidad de Granada, que se levantará el acta de entrega por triplicado ejemplar, que irá acompañado del consentimiento del familiar, etc… requisitos todos que han cumplido tanto las familias de las víctimas de la fosa de La Puebla como la Universidad.

            Este convenio específico representa para la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática la adquisición de compromisos financieros por importe máximo de 1.087.500 € con cargo al programa presupuestario 311. Se indica además que por parte de la citada Consejería  además de coordinar y supervisar el trabajo, aportará una cantidad económica destinada a cubrir una parte de los costes que se generan a la Universidad, en particular los dirigidos a sufragar los gastos derivados de los reactivos y el material fungible que  son necesarios para comprobar cualquier tipo de relación de parentesco, incluyendo igualmente los marcadores genéticos de tipo STRs autosómicos, análisis de SPRS  de cromosomas sexuales y el ADN mitocondrial en los casos en los que sea necesario. Por cada una de las pruebas y análisis que se realice a cada familiar se estiman 250 € y por los trabajos llevados a cabo para el análisis de cada uno de los restos de las víctimas, la cantidad de 750 €.

            En el punto quinto del citado Convenio específico se establecía el siguiente calendario de pagos con cargo a la partida presupuestaria  0100010000G/31l/609.05/00, cantidad que se ejecutará anualmente por los importes siguientes:

Año 2018: 180.000 €

Año 2019: 363.000 € 

Año 2020: 302.500 €

Año 2021: 242.000 €

            Asimismo se constituiría una Comisión de Seguimiento. La vigencia del Convenio específico es de cuatro años, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las partes.

            La noticia del acuerdo es conocida por todos cuando se publica en la prensa el 11 de septiembre de 2018. Dª Susana Díaz, anterior Presidenta de la Junta de Andalucía preside la firma de este convenio y se dice expresamente que es un Convenio por el que se concretan las bases de colaboración para la identificación genética de las víctimas.

            Nueve) Desde que se entregaron las muestras tomadas a las víctimas ha transcurrido un año y medio. Durante esta espera, se han producido tres llamadas telefónicas al laboratorio de Granada por parte de la que suscribe: el 12/01/2019, el 08/03/2019 y el 29/06/2019. En las dos primeras llamadas se me informa que el proceso de análisis ha comenzado y que todo sigue adelante en su primera fase; que se han analizado ya los hisopos de las muestras biológicas de los familiares vivos. En todo momento se nos había comunicado que no existía problema alguno con la financiación y que el millón de euros estaba abonado. Las conclusiones de la tercera llamada han sido preocupantes porque parecen dejar entrever la incertidumbre de un paréntesis demasiado extenso, demasiado largo y sin una conclusión concreta en el tiempo para la entrega de los resultados de la investigación genética.  

            En la última llamada se nos dice que hay pendiente una reunión con el Viceconsejero. No sabemos si el no avance de los trabajos o la gran demora que está sufriendo la identificación genética del caso de la fosa de La Puebla de Cazalla, responde a esta reunión pendiente o que aún no se ha agilizado el apartado relativo a la financiación de los kits necesarios o material fungible.

            Los familiares de La Puebla de Cazalla volvemos a sufrir las consecuencias de un cambio político y si no es así, así nos lo parece. Seguimos a la espera tras la toma de posesión de D. Juan Manuel Moreno como Presidente de la Junta de Andalucía, y tras la firma de un pacto con Ciudadanos y con Vox, acuerdo en el que se recogía que la Ley de Memoria se iba a cambiar tras el compromiso entre PP y Vox para promover una “Ley de Concordia” que sustituya a la ley de Memoria Histórica.

            Por todo lo anterior, concluyo

            Primero) Los restos humanos llevan en la sala de autopsias entre 13 y 5 años y esta situación no puede demorarse más. El proceso  de La Puebla de Cazalla, desde que se localizó la fosa el 21 de noviembre de 2006 es un proceso dilatado en el tiempo en exceso y los familiares estamos ya agotados de tanta lucha, de tanta incertidumbre y de tanta espera. Algunos de los hijos e hijas que buscaban a sus padres y que formaban parte de nuestro colectivo de familiares han fallecido sin haber podido recuperar sus cuerpos, a pesar de estar tan cerca: nuestro propio Presidente de la Asociación D. Antonio Mena Lebrón, D. José Pérez Barrera, D. José Antonio Palomo, D. Juan Antonio Quirós Vega y Dª Isabel Quirós Vega. Otros son muy mayores, cada vez más,  como la hija de Miguel Rodríguez Arroyo y, como ella, todos esperamos con impaciencia. Los que quedamos llevamos esta carga añadida como podemos.

            Segundo) Nuestro Manifiesto se ha cumplido en sus tres puntos primeros, faltándonos el cumplimiento del cuarto y la conclusión de todo: la resolución de la identificación mediante las pruebas de ADN, la entrega a cada familiar de su ser querido y el entierro digno en cada una de las localidades de procedencia.

            Tercero)  La esencia del asunto, tal y como expresa el coordinador de su gobierno, el Consejero de la Presidencia D. Elías Bendodo es el dolor de nosotros como familias y nuestras reivindicaciones de dignidad. Nada más importa. Nada menos también. “Esto no es un tema de partido, es un tema de humanidad. Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos. Esto no es de PP, ni de PSOE ni de Vox, ni de nadie, es de humanidad”, es lo que ha dicho Vd. como Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y recogido por la prensa el 23 de junio pasado. Es una cuestión de humanidad y de cumplir con las normas más básicas del Derecho Internacional en materia de desapariciones forzadas, de que las leyes existentes se apliquen por el bien de las familias y de la sociedad. Estamos hartos de los vaivenes políticos de este país, y hartos de que se utilice el movimiento de Memoria Histórica que es un movimiento cívico-social que tiene como columna vertebral a los familiares para cuestiones políticas y electorales. Tanto desde la izquierda como desde la derecha políticas, nos han enseñado en este país que si nosotros –los familiares- hubiésemos olvidado en nuestras casas a nuestros seres desaparecidos, todo estaría perdido para ellos y ellas.  

            Cuarto) El camino correcto es apostar por las exhumaciones y las pruebas de ADN. El camino correcto  pasa por una política pública de Estado que aborde el problema de los 150.000 desaparecidos de corazón, de verdad y poniendo todos los recursos de los que somos capaces a disposición de este grave problema en nuestra verdad histórica y actual.  Y quiero recoger aquí el fragmento de la entrevista que Jordi Évole le hizo al Papa Francisco en La Sexta y en la que afirmaba: “Siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasa, a una sepultura digna, a encontrar los cadáveres. Es un derecho, un derecho de la familia y de la sociedad. Los muertos son para ser enterrados, individualizados en los cementerios, pero no para ser escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido”.

            Quinto) El 17 de junio pasado comparecieron Usted y el Sr. Bendodo en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y en la misma explicaron que han establecido con el Consejo Andaluz de Memoria Democrática, dos grandes cuestiones, la exhumación y la identificación genética, “que son las cuestiones que realmente consuelan a las familias”. Si esto es así como lo sienten realmente, activen la reunión con los representantes de la Universidad de Granada y agilicen los procesos que permanecen estancados y activen igualmente la información y la transparencia de su evolución porque las familias tenemos derecho a ello y,  es cierto, que la resolución del ADN y el poderlos enterrar dignamente es lo que queremos al final de  esta la larga espera que he querido relatar para que quede constancia de muchos de los momentos más importes que hemos vivido desde 2006. Es hora ya de que todo quede resuelto. Cuestiones o pormenores que nos les queden claros en esta exposición, se los aclaro o les aporto la documentación que consideren necesaria.

            Por todo lo anterior, venimos en

            S O L I C I T A R:

            Que en cumplimiento con la normativa en materia de transparencia y acorde siempre a las disposiciones en materia de protección de datos (Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía; Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información y bien gobierno, el Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía), se informe por escrito y con celeridad a esta Asociación por medio de mi representación desde la Consejería, Viceconsejería y Comisión de Seguimiento del Convenio específico antes mencionado de lo siguiente:

PRIMERO) Si se ha producido o no la reunión entre los representantes de la Universidad de Granada y el Viceconsejero de Cultura y cuáles han sido las conclusiones en la medida en que éstas afectan a nuestros seres queridos y a todos nosotros como familiares.

SEGUNDO) Si existe o no alguna cuestión no resuelta en relación a la financiación de las pruebas genéticas, ya sea en el tema del calendario de pagos especificado en el punto 5º del citado Convenio específico, o bien en relación a cada una de las pruebas y análisis que se realicen a cada familiar y a cada uno de los restos de las víctimas.

TERCERO) Sobre el proceso de análisis de las muestras y su cotejo, qué es lo que se lleva realizado hasta la fecha, qué es lo que falta por realizar, en qué fase se encuentra la investigación, y cuánto tiempo queda hasta obtener los resultados definitivos, rogando expliquen si hay voluntad por parte de la Consejería de Cultura y del gobierno andaluz de conseguir resultados finales y disminuir trámites burocráticos que parecen ser el impedimento actual.

CUARTO) Si desde la Consejería y el gobierno andaluz se asegura la financiación de las pruebas genéticas pendientes (La Puebla de Cazalla, Benamahoma, Setenil de las Bodegas, Cádiz, Córdoba, Tocón de Íllora, Cazalla de la Sierra, Huelva, Castro del Río, El Madroño y Puerto Real) en cumplimiento del Convenio específico y al amparo del Convenio Marco y si se asegura también la financiación de los kits necesarios para las pruebas y análisis de cada familiar y de cada uno de los restos de las víctimas.

            Por último, dejar constancia que muchos de los familiares estaríamos dispuestos a abonar el coste de esos Kits.

            Nuestro mayor deseo es recuperar los restos de nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías. Nosotros somos junto a nuestros seres queridos la columna vertebral de la Memoria, lejos de cualquier consigna política, control legislativo o ceguera judicial. No vamos a parar hasta ver el proceso de identificación terminado.

            El pasado 6 de julio fuimos recibidos varios familiares por el Alcalde de Málaga D. Francisco De La Torre. Bajo su gobierno se exhumó desde 2006 a 2009  la mayor fosa rescatada hasta la fecha en España. El pasado 30 de abril de este mismo año, una representación de familiares acompañamos a los periodistas del programa “Vidas enterradas” de Javier Del Pino de  la Cadena Ser, premiados con los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España. Pudimos hablar con S.M. sobre el Decreto 334/2003  al que Felipe VI se refirió y nos expresó que la voluntad primera  era la de exhumar todos los cuerpos tirados en las fosas de España. Es una cuestión de Derechos Humanos. Es una cuestión de cumplir la legalidad internacional en esta materia.

            Sin más, a la espera de sus respuestas a las cuestiones planteadas, reciba un cordial saludo en Lantejuela (Sevilla), a 12 de Julio de 2019.-

Fdo.: María Carmen España Ruiz

 

“He cuidado sus zapatos, sus botones, sus hebillas, sus peines, sus lapiceros (…).           

Yo no estaba preparado para esto.                                                                               

Tampoco ellos.                                                                                                                                  

Se me cayeron dentro, sin quererlo”

Manuel Rivas en “El antisepulcro”.

 

Dª. PATRICIA DEL POZO

ILMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA  Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

PALACIO DE ALTAMIRA                                                                                            

CALLE SANTA MARÍA LA BLANCA, 1

41004-SEVILLA

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Las pruebas de ADN en fosas casi se estancan por su lentitud

En casi un año se han hecho análisis a sólo 57 restos óseos y hay otros 70 en proceso, a lo que se unen los realizados a 337 familiares

Antonio Morente / Andalucía / Publicado: 14/07/2019 ·

    El ritmo lento contrasta con la magnitud de la tarea, ya que hay unas 45.000 víctimas

    La mayor fiabilidad genética la dan los hijos, que ya tienen entre 80 y 90 años

    Reclaman que el SAS se sume a estos trabajos, como se acordó en marzo

La identificación de restos óseos en fosas comunes en Andalucía avanza de una manera formal, aunque a un ritmo tan lento que en la práctica casi podría hablarse de un estancamiento. Así lo señalan al menos los últimos datos aportados por la Consejería de Cultura: desde que en septiembre se suscribió un convenio con la Universidad de Granada para esta cuestión, sólo se han analizado 57 restos óseos y hay otros 70 que están en proceso.

Las cifras contrastan con la magnitud de todo lo que hay por delante. Sólo la semana pasada, por ejemplo, se licitaban los trabajos en la fosa de Pico Reja, en Sevilla, una fosa común en la que podrían descansar los restos de 1.103 represaliados del franquismo. La propia Junta de Andalucía calcula que, en la actualidad, se tiene conocimiento de 708 fosas en las que enterraron a más de 45.000 personas.

Los datos de este bajo ritmo son los últimos que ha aportado la Consejería de Cultura, que tiene las competencias en materia de memoria democrática. La consejera, Patricia del Pozo, añadía el dato de que también se le han hecho pruebas a 337 familiares vivos, para así cotejar los resultados con los que se obtienen de los restos óseos.

El problema de estas magras cifras no es sólo que “no sabemos hasta qué milenio vamos a tener que esperar” para terminar, como apunta con ironía la parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Naranjo, que es la que ha requerido estos datos a Cultura, sino que el tiempo juega en contra. “Sólo los hijos de las víctimas aportan un 95% de adecuación genética, y todos tienen ya entre 80 y 90 años”, lamenta Luis Naranjo desde la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo. Ambos reprochan la “falta de voluntad política”.

La partida para memoria histórica en el presupuesto de la Junta para 2019 es muy similar al que había, 1,6 millones de euros, un dinero con el que se van a priorizar tanto exhumaciones como identificaciones genéticas. Por lo que respecta al convenio con la Universidad de Granada para las pruebas de ADN, la cuantía es de poco más de un millón de euros hasta 2021, un trabajo que ya ha permitido cinco identificaciones positivas en las fosas de La Puebla de los Infantes, Moclín, El Madroño, Marmolejo y Cádiz.

La encargada de las pruebas es la Universidad granadina porque, frente al sector privado, ofrece unos precios asumibles. En concreto, y según Cultura, el coste de las pruebas a cada familiar se estima en 250 euros, que en el caso del análisis a los restos de las víctimas se eleva hasta los 750 euros.

Extender la red

Pero al margen del precio, el otro gran factor determinante es el del tiempo. Ana Naranjo pone el ejemplo de la fosa de Santaella, en Córdoba, que se exhumó hace más de una década “y todavía no se ha empezado a identificar”. ¿La solución? Aquí hay coincidencia: que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) empiece a hacer estas pruebas, tal y como se comprometió en marzo la consejera de Cultura, lo que permitiría multiplicar los análisis que se hacen y que además se puedan realizar en centros cercanos a los familiares de las víctimas.

Lo que también falta es publicidad, dar a conocer que pueden hacerse estas pruebas unos familiares que en muchos casos puede que ya ni vivan en Andalucía. Así lo denuncia Luis Naranjo, y es que este desconocimiento ha llevado a que, por ejemplo, sólo se hayan realizado los análisis los allegados de 190 de las 4.000 víctimas de la fosa de San Rafael, en Córdoba. Y eso que la propia Del Pozo admite que estos trabajos de identificación “son importantísimos” porque “de nada sirven las exhumaciones si luego no sabemos quién es quién”.

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