TEXTO Y FIRMANTES DEL MANIFIESTO
Las sociedades que ocultan e impiden la historia y la memoria de ciertos hechos son sociedades enfermas. Los pueblos sin historia, sin memoria y sin pasado dan lugar a países donde nada circula por sus venas y nada cuentan en el concierto de naciones.El derecho a la información sobre la represión franquista en Extremadura sólo es tal si se dispone en su integridad de la documentación sobre la misma. Aunque nadie duda de los avances experimentados durante los últimos años, quedan todavía varios fondos documentales cuya consulta supone una verdadera carrera de obstáculos para el investigador.
FaridaShaheed (relatora especial de la ONU), en su informe sobre los derechos culturales, apuntó que en algunos países, a pesar de tener libre acceso a archivos, se han impuesto algunos límites al acceso a los materiales de esos archivos y entre ellos indica «la restricción del número de unidades de archivo que los investigadores pueden tomar en préstamos cada día; o las prohibiciones injustificadas de fotocopiar, escanear o fotografiar los documentos o la fijación arbitraria de precios elevados por esos servicios».
Ejemplo de esta situación podría ser la dificultad para investigar en profundidad a los extremeños y a las extremeñas que sufrieron un juicio sumarísimo por la justicia militar franquista. La mayor parte de la documentación relacionada con esos juicios sumarísimos está depositada en el Archivo General e Histórico de la Defensa (Madrid). Las actuales normas de consulta y reproducción documental de este archivo suponen en la práctica un impedimento para la investigación. La falta de digitalización de esos documentos obliga a los investigadores a consultarlos directamente en el Archivo. Y eso exigeque, quienes viven fuera de Madrid,debanpasar largas temporadas en la capital o solicitar copias para su remisión por correo postal, con el consiguiente coste económico de ambas opciones.
La única solución para solventar este grave problema pasa por la pronta digitalización de este fondo documental, que después debería ser puesto al alcance tanto de investigadores como defamiliares, facilitando su consulta en varios archivos de la región, así como por Internet en la página de algún organismo público. Con ello no haríamos sino seguir la ruta ya abierta por otras comunidades autónomas que nos podrían servir de ejemplo.
Por ello, los abajo firmantes −historiadores e investigadores sobre la II República y la Guerra Civil− solicitamos a la Junta de Extremadura que contemple como prioritaria esta medida en sus futuros planes relacionados con la «memoria histórica» en nuestra región.
Extremadura, 31 de octubre de 2016.
FIRMAN:
Francisco ESPINOSA MAESTRE.
José HINOJOSA DURÁN.
José María LAMA HERNÁNDEZ.
Paloma AGUILAR FERNÁNDEZ.
Mercedes ALMORIL CALERO.
María Dulce ANTUNES SIMÕES.
Rafael BARRIENTOS VEGA.
Felipe CABEZAS GRANADO.
Ángel CALLE GRAGERA.
Moisés CAYETANO ROSADO.
Jesús FIGUEREDO BORREGO.
José Ramón GONZÁLEZ CORTÉS.
Ángel HERNÁNDEZ GARCÍA.
Manuel LIMA DÍAZ.
Juan Carlos LÓPEZ DÍAZ.
Antonio Julio LÓPEZ LEITÓN.
Antonio LÓPEZ RODRÍGUEZ.
Hortensia MÉNDEZ MELLADO.
Agustina MERINO TENA.
Antonio ORIHUELA PARRALES.
Manuel PINTOR UTRERO.
Sergio RIESCO ROCHE.
César RINA SIMÓN.
Jesús Carlos RODRÍGUEZ ARROYO.
José Jerónimo RODRÍGUEZ CARRASCO.
José Ignacio RODRÍGUEZ HERMOSELL.
Francisco Javier RODRÍGUEZ JIMÉNEZ.
Desiré RODRÍGUEZ MARTÍNEZ.
Juan Ángel RUIZ RODRÍGUEZ.
Francisco VILLENA DÍAZ.
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Digitalizacion-Extremadura-Archivo-Defensa-Madrid_0_581642760.html
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Han pasado 80 años y el acceso a los sumarios y la información sobre los consejos de guerra sigue teniendo sus ‘sombras’ a la hora de consultar los archivos militares
Denuncian que las normas de consulta y reproducción documental del archivo militar suponen en la práctica un impedimento para la investigación
El acceso a los archivos es libre, pero hay límites que dificultan la labor investigadora, y mucho.
Lo han denunciado de manera repetida y ahora piden a las administraciones que intervengan. Historiadores e investigadores sobre la II República y la Guerra Civil en Extremadura se han unido en un manifiesto en el que denuncian que la consulta de varios fondos documentales “supone una verdadera carrera de obstáculos para el investigador”.
Critican que las normas de consulta y reproducción documental del archivo militar suponen en la práctica un impedimento para la investigación.
Los principales problemas residen en los documentos que más información aportan para esclarecer la represión en Extremadura: los juicios sumarísimos. La mayoría permanece en el Archivo General e Histórico de la Defensa de Madrid, y otros en el archivo de Sevilla.
Son documentos clave para entender la historia reciente de Extremadura, con información no solo de los juicios sumarísimos practicados. También contienen detalles de interés científico sobre los represaliados y su entorno. Incluso objetos personales.
Han pasado 80 años y el acceso a los sumarios y la información sobre los consejos de guerra sigue teniendo sus ‘sombras’. Hay restricciones “injustificadas” a la hora de consultar y fotocopiar ciertos documentos, y la imposición de tasas por copia vuelve la labor científica sobre la historia de España una misión imposible.
A modo de crítica hacen r eferencia los investigadores a las palabras de la ONU, que señala que en la promoción de la verdad, los archivos juegan un papel central y son una herramienta indispensable para la realización del derecho a la verdad.
Las estimaciones de historiadores de Julián Chaves o Francisco Espinosa hablan de al menos 14.000 víctimas del Franquismo documentadas en Extremadura, y de otras 1.000 víctimas de derechas. Miles de estas personas pasaron por consejos de guerra, de modo que el acceso a esta información es básico.
Peticiones a la Junta
Piensan que es el momento de que las propias administraciones actúen y han remitido el manifiesto tanto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y a la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Cultura.
Solicitan al Ejecutivo regional que contemple la pronta digitalización de este fondo documental, para ser puesto a disposición tanto de investigadores como de familiares.
Desfase entre provincias
Existe un desfase claro si se tiene en cuenta por ejemplo el caso de la provincia de Huelva, donde el material está digitalizado y con acceso libre para los familiares. La institución provincial onubense conserva un volumen de más de 200.000 digitalizaciones, con procedimientos y documentación de más de 6.000 procesados.
En el caso de Extremadura la Junta solo ha digitalizado 900 sumarios, lo que supone la ‘punta del iceberg’ del grueso de acontecimientos que se produjeron en Extremadura durante la guerra y el franquismo según relata el historiador José Hinojosa.
Un manifiesto con profesionales
Explica el historiador José Hinojosa que las personas firmantes son profesionales que han trabajado de manera directa estos temas. Entre otros está el historiador Francisco Espinosa, junto con José María Lama, José Hinojosa o Mercedes Almoril. María Dulce Antunes, Cayetano Rosado y Manuel Lima son otros de los expertos que se adhiere al manifiesto, junto a Hortensia Méndez, Ángel Calle y Desiré Rodríguez, entre otros.
Se trata de personas con una destacada trayectoria en la investigación de la memoria democrática de Extremadura. Profesionales que han centrado sus investigaciones sobre las fosas comunes en la región o las relaciones entre España y Portugal y la represión. Otros han estudiado los campos de concentración y las cárceles, o la represión franquista desde el punto de vista de las mujeres. Es decir, profesionales que tienen experiencia y saben de lo que hablan.
Trabas a una labor científica
Relata José Hinojosa en primera persona sus experiencias en el archivo militar de Madrid, donde hay que solicitar los expedientes a consultar a las nueve de la mañana, aunque son entregados a las 10,00 (el archivo cierra a las 13,00). Se permiten consular tres archivos, con un máximo de 30 fotocopias, y el problema reside en que hay algunos de ellos pueden tener más de un centenar de páginas. El coste de casa copia es de 30 céntimos.
A la hora de recuperar el sumario de su abuelo, de 250 páginas, tuvo restricciones en cuanto al número de páginas que podía copiar. Suele gastarse una media de 100 euros mensuales en recuperar la memoria democrática de las personas que sufrieron la represión franquista en su localidad, Granja de Torrehermosa.
Hace las solicitudes vía correo, que tardan un mes en llegar a casa, a lo que se suman constantes viajes a Madrid. Hay restricciones de páginas, o impedimentos en algunos documentos bajo el argumento de que se encuentran muy deteriorados. Al mismo tiempo no se les permite hacer fotografías a la documentación.
Teniendo en cuenta el ritmo de investigación que le autorizan, calcula que para recuperar la memoria de los 200 sumarios de víctimas del franquismo en Granja de Torrehermosa necesita 10 años de trámites y unos 8.000 euros de inversión.
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Historiadores-extremenos-dificultades-investigar-franquista_0_581642285.html
