POR EL DERECHO AL PLENO ACCESO A LOS ARCHIVOS MILITARES DE LA GUERRA CIVIL Y DE LA DICTADURA FRANQUISTA.
Un grupo de abogados y periodistas registrará en las 8 regiones militares, una solicitud de pleno acceso a los archivos castrenses para determinar el lugar donde se hallan cientos de represaliados por el franquismo.
Junto a esta solicitud de apertura pública y, por tanto, de posibilidades para la investigación histórica, se suma la petición de consulta de esos archivos por periodistas e informadores.
El escrito que solicita esa apertura se basa en el derecho de petición que garantiza el pleno acceso a esos registros de los tribunales militares y también de lo que antiguamente se conocían como “gobiernos militares”, instituciones enclavadas en las provincias españolas.
Esta solicitud fija seis puntos para cumplir el mandato de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica. Y son los siguientes:
1º. El pleno acceso a los Archivos Militares, relacionados con la instrucción de expedientes, con especial tratamiento de lo juzgado en el Tribunal de Orden Público (TOP), así como la publicación de los archivos referidos a Memoria Histórica, superiores a 25 años de antigüedad, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
2º. El acceso de todos los archivos pertenecientes a defensa, comandancia de la Guardia Civil, y Cuerpos de Seguridad del Estado comprendidos entre 1929 y 1977.
3º. Envío de copia compulsada al Archivo Histórico Nacional, creado por Real Decreto de 28 de marzo de 1866, y al Centro Documental de la Memoria Histórica.
4º. Suscripción de convenios de colaboración con universidades, de los que el Ministerio de Defensa siempre fuera parte, bajo el esclarecimiento de la Verdad y las Garantías de No Repetición.
5º. El requerimiento de remisión de archivos de Guerra Civil y Dictadura, custodiados en México, Argentina, Cuba y Rusia.
6º. Digitalización y acceso público, de los archivos pertenecientes a Falange Española de las JONS, así como de los archivos pertenecientes a la Fundación Nacional Francisco Franco.
En total va ser presentadas mañana martes, 30 peticiones para desarrollar la Ley de Memoria Histórica con lo que se debería garantizar el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos,
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EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
Piden el acceso a los archivos militares para las víctimas del franquismo
El abogado Eduardo Ranz y el periodista José María Calleja solicitan a Defensa el “pleno acceso” a los archivos por su interés público.
Coincidiendo con el 150 aniversario del Archivo Histórico Nacional (29 de marzo), el abogado Eduardo Ranz y el periodista José María Calleja presentan este martes una petición al Ministerio de Defensa para el “pleno acceso” a archivos militares referidos a la memoria histórica, por “su interés público”. Igualmente serán presentadas un total de 30 peticiones ante instituciones militares, así como en embajadas españolas.
Según los promotores de la iniciativa, lo que se pretende “es el camino a la verdad de las propias familias, además de facilitar el trabajo de exhumación, es decir, reparación”.
En los escritos se solicita el acceso a los archivos relacionados con la instrucción de expedientes, con especial tratamiento de lo juzgado en el Tribunal de Orden Público (TOP), así como la publicación de los archivos referidos a Memoria Histórica, superiores a 25 años de antigüedad, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
También se solicita el acceso de todos los archivos pertenecientes a defensa, comandancia de la Guardia Civil, y Cuerpos de Seguridad del Estado comprendidos entre 1929 y 1977; la suscripción de convenios de colaboración con universidades, de los que el Ministerio de Defensa siempre fuera parte, bajo el esclarecimiento de la Verdad y las Garantías de No Repetición; y el requerimiento de remisión de archivos de Guerra Civil y Dictadura, custodiados en México, Argentina, Cuba y Rusia.
Asimismo se solicita la digitalización y acceso público de los archivos pertenecientes a Falange Española de las JONS, así como de los archivos pertenecientes a la Fundación Nacional Francisco Franco.
Y todo ello conforme a la aplicación del art. 22.1 de la Ley de Memoria histórica, por el cual se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos, y la aplicación del Principio general de libre acceso a los documentos conservados en archivos militares, recogido en el Reglamento de Archivos Militares 1998, y al Principio general de Libre Acceso a los documentos conservados en archivos militares (art. 64 Reglamento de Archivos Militares).
“Los archivos y su tratamiento se realizan gracias a los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas, entre ellos, las víctimas del franquismo que aún hoy buscan su reparación. El acceso a archivos es básico para esclarecer el concepto de la verdad”, señalan los firmantes.
