La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado la “doble moral” del Gobierno por investigar los crímenes de guerra ocurridos en Ucrania y no los acaecidos en España durante la Guerra Civil. La organización, pionera en la puesta en marcha de exhumaciones de represaliados por el franquismo, ha criticado la postura del Ejecutivo tras conocerse que este ha mandado unidades de la Guardia Civil a Ucrania mientras, según denuncian en un comunicado, “no atienden a familias de los desaparecidos por la represión franquista, que tardan años en conocer el paradero de sus seres queridos”.
“Solo con que la Guardia Civil llegase a los pueblos a preguntar por el tema, con su autoridad y sus técnicas de investigación, sería mucho más fácil averiguar el paradero de los desaparecidos y se atendería a familias que no han sido cuidadas ni reparadas durante 45 años de recuperada democracia”, ha declarado este lunes Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba de ADN en España.
La Asociación ha remitido un escrito dirigido tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el que piden que “el Gobierno tome las decisiones oportunas para que la Guardia Civil investigue las fosas de desaparecidos por la represión franquista y no se deje esta tarea en los hombros de las familias que a veces tardan décadas en conocer el paraderos de sus seres queridos, después de vivir situaciones complicadas y dedicar a ello numerosos recursos”.
La ARMH lo ha hecho tras tras aparecer en los medios de comunicación que miembros de la Guardia Civil se encuentran en Ucrania investigando y recogiendo pruebas sobre posibles crímenes de guerra y que el Gobierno ha dado las órdenes pertinentes y ha dispuesto los recursos para que se desplacen allí y, con medios sofisticados, estudien casos y recojan información para futuras acciones judiciales internacionales.
“La presencia y los métodos de la Guardia Civil podrían ser especialmente efectivas, acortar los plazos y terminar con la discriminación que padecen las víctimas del franquismo que tienen que ver cómo un cuerpo que financian con sus impuestos investigar crímenes a miles de kilómetros y mira para otro lado cuando se trata de algo tan humanitario como ayudar a las familias a conocer el paradero de sus seres queridos y enterrarlos dignamente del modo y en el lugar que decidan”, señalan desde la ARMH.
Para Silva, “seguimos viviendo en un apartheid entre víctimas dentro del Estado español”. “Las del terrorismo interesan políticamente y tienen acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación”, continúa el presidente de la ARMH, “y las del franquismo que ni han visto juzgar a un solo responsable de la desaparición de al menos 114.226 civiles, ni han sido indemnizadas y han visto morir a miles de familiares ignorados totalmente por los gobierno de la recuperada democracia”.
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