En un acto de homenaje a las víctimas del exilio de la Segunda República, celebrado en Alicante, con motivo del 85 aniversario de la partida del Stanbrook, el último barco lleno de republicanos que zarpó desde España en marzo de 1939, llevando a más de 2.600 personas con destino al puerto de Orán (Argelia), el presidente del Gobierno fue muy claro: “Las leyes antimemoria son un ataque al derecho internacional, un atentado contra nuestra democracia”.

El presidente fue categórico al señalar que “España tiene memoria y tiene ley”, al advertir que el Gobierno pondrá “todos los medios del Estado de derecho para proteger la memoria democrática” y al enfatizar que tres relatores de la comisión de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han criticado con contundencia en un informe las normas planteadas por el PP y Vox bajo la denominación de leyes de “concordia”.

Uno de los territorios en los que la derecha promueve ese tipo de norma es precisamente la Comunitat Valenciana, donde el bipartito que preside Carlos Mazón reaccionó con nerviosismo al informe de Naciones Unidas. “Parece que ni es una resolución ni es de la ONU”, alegó el jefe del Consell en un principio. En esa línea, el PP y Vox optaron por tratar de deslegitimar el informe de los relatores de la ONU. Un informe que indica que esas normas impulsadas como contrarreforma a las leyes sobre Memoria Democrática en vigor vulneran la legislación internacional sobre la preservación de la memoria histórica, “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre graves violaciones de derechos humanos”, “pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas” y “omiten nombrar o condenar” el régimen franquista como lo que fue, una dictadura.

Laura Martínez ha explicado los frentes abiertos de la ley valenciana contra la memoria democrática del PP y Vox, frentes abiertos con los relatores de Naciones Unidas, las plataformas de memoria histórica, el Gobierno central, los expertos en derechos humanos y también los historiadores. Así, los departamentos de Historia Contemporánea de las universidades de València, Castellón y Alicante criticaron en una declaración conjunta las “graves carencias científicas” de la proposición de ley que apoyan el PP y Vox en las Corts Valencianes.

En medio de este ambiente, Pedro Sánchez quiso dejar claro en Alicante que la maniobra de la derecha para suprimir las acciones a favor de la memoria democrática y para blanquear la dictadura del general Franco no pasará el filtro del marco legal estatal. En definitiva, el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes contrarias a la memoria histórica del PP y de Vox. Ante el intento de “revisionismo histórico”, señaló el presidente, “no podemos ser cómplices de la amnesia. Recordar es una obligación… La memoria de nuestro pasado es regeneración democrática”.

Contra las leyes antimemoria (eldiario.es)