Aunque no han sido inesperados, los cambios que la nueva Ley de Concordia incorpora a la hora de conceder subvenciones han generado molestar entre las entidades que defienden y promueven la memoria democrática en la provincia de Alicante. Con el cambio de la ley autonómica, impulsada por el Gobierno de Mazón y que substituye a la anterior del Botànic, se impide que las asociaciones puedan acceder directamente a ayudas para localizar cuerpos de represaliados o para descubrir u optimizar lugares relacionados con la represión de la dictadura que en algunos casos han justificado la instalación de centros de interpretación u otros enclaves similares.

La pasada semana, la Conselleria de Justicia y Administración Pública publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) las “bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actuaciones de apertura de fosas y exhumaciones de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura” para acceder a las subvenciones de este 2025. Se trata del “estreno” de la Ley de Concordia, aprobada hace un año y que hasta ahora no había sacado líneas de ayudas.

Dicha cantidad es insuficiente, según las entidades sensibilizadas con la causa. En 2023, el último año del gobierno del Botànic, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, liderada por Rosa Pérez Garijo (Esquerra Unida), contó con 6,7 millones de euros para “conseguir un territorio libre de fosas y vestigios de la dictadura”, y las líneas de subvenciones superaron los 3,5 millones de euros para diferentes finalidades, de los cuales 750.000 estaban previstos para exhumaciones y otras cantidades para asociaciones, puesta en valor de lugares de memoria, reconocimiento de víctimas o diferentes convenios con entidades, empresas y centros académicos. A escasos días de dejar el Consell para que accediera el ejecutivo liderado por Carlos Mazón, la conselleria adjudicó un contrato de 780.000 euros para excavar medio centenar de fosas en Alicante, Castelló de la Plana y Paterna (Valencia).

Aquellas ayudas llegaban a ayuntamientos, mancomunidades o asociaciones. Ahora estas últimas entidades han sido substituidas por las diputaciones provinciales, todas gobernadas por el PP en la Comunidad y a las que el anterior gobierno descartó de las subvenciones autonómicas porque estas instituciones disponían de líneas propias de ayudas en la materia (las de Valencia y Castellón estaban gobernadas por la izquierda en la anterior legislatura).

Protestas

El cambio normativo obliga a las entidades a presionar a los ayuntamientos para que soliciten subvenciones acordes con las necesidades de las asociaciones. María José Pérez, presidenta de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo Cementerio de Alicante, explica que contemplan establecer conversaciones con consistorios gobernados por la izquierda como Elda, Alcoy, Novelda o Aspe.

“Con el anterior gobierno autonómico podíamos pedir ayudas las asociaciones como tal y todo era más abierto. Y había más dinero. Ahora hay mucho menos y, además, la convocatoria complica las cosas por el escaso plazo de tramitación que se nos da. Encontrar cuerpos será más difícil”, dice Pérez, que recuerda que la Conselleria de Justicia concede veinte días naturales a las instituciones interesadas para presentar solicitudes y documentación. “Parece que no tengan la voluntad ni de cumplir su propia ley”, protesta, a la vez que desconfía de que las instituciones gobernadas por el PP se impliquen en la convocatoria. “La Diputación de Alicante, por ejemplo, no nos ha recibido en cinco años”, añade.

No es la única voz que discrepa de la manera en la que se han convocado las subvenciones. Alejandro Barber, presidente del Foro de la Memoria Histórica y Democrática en Cocentaina, considera que apartar a las asociaciones de las ayudas “es una barbaridad, porque dificulta el trabajo que llevan a cabo las familias desde estas entidades, muchas constituidas a través de ellas para encontrar a sus antepasados represaliados”.” Esto no puede depender del color político de un ayuntamiento”, señala, a la vez que pronostica que “PP y Vox no ayudarán”.

Encontrar a los familiares represaliados no puede depender del color político de un ayuntamiento

Por otra parte, el presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano, Ángel González, entiende que con la cantidad asignada por el Consell, de 200.000 euros para apertura de fosas y exhumaciones, “no se llegará ni de lejos a las más de 250 víctimas mortales que quedan por exhumar, por ejemplo, en el cementerio de Alicante”.

Según calcula, “el coste por identificar a una víctima no baja de 2.500 euros de media en condiciones normales”. Además, admite no fiarse “nada de las intenciones de PP y Vox”, y lamenta que el Consell “no ha ejecutado” la partida de 40.000 euros que figuraba en el presupuesto del año pasado a su entidad para “acciones de difusión, formación, asistencia y fortalecimiento del movimiento memorialista”.

Con las cantidades asignadas no se llegará ni de lejos a las más de 250 víctimas mortales que quedan por exhumar en el cementerio de Alicante

Otra entidad afectada es la Comisión Cívica por la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante, que ha impulsado proyectos dirigidos mayoritariamente a publicaciones divulgativas, guías e itinerarios a través de subvenciones. Óscar Llopis, uno de sus portavoces, considera que el decreto es “una burla, una ofensa a las asociaciones que día a día luchan por encontrar y recuperar a sus seres desaparecidos”.

Sin afectación, pero con quejas

Otras entidades e instituciones admiten que el cambio en la convocatoria no les afecta. Desde el Ayuntamiento de Aspe, gobernado por Antonio Puerto (IU), uno de los más implicados en estas tareas durante los últimos años (el cuerpo del último alcalde de la República en esta localidad fue exhumado el año pasado en el cementerio de Alicante), indican a través de la concejala Aroa Miralles que “en principio” no entorpecerá “el proyecto de excavación para encontrar a 22 aspenses”, ya que se formalizó en el ejercicio de octubre a 2021 a enero de 2022. “Estamos a expensas de la identificación de gran parte de ellos por parte de Fisabio, la institución encargada”, apuntó.

El decreto es una burla, una ofensa a las asociaciones que día a día luchan por encontrar y recuperar a sus seres desaparecidos

Por último, Felipe Mejías, director de los trabajos arqueológicos del campo de concentración de Albatera, comenta que “paradójicamente” la resolución del DOGV no les afecta en cuanto a la entidad solicitante, ya que las subvenciones excluyen a las entidades memorialistas y su proyecto consigue fondos a través del Ayuntamiento de San Isidro. Mejías admite que no esperaba una línea de subvenciones para exhumar fosas, y aunque considera que la cantidad es insuficiente, solicitarán ayudas. Sin embargo, muestra malestar con la desaparición de la línea de subvenciones sobre investigación de espacios de la memoria, un hecho que afectará “notablemente al desarrollo de los trabajos” en el campo de concentración, y recuerda que los fondos llegarán a través del ayuntamiento citado, gobernado por el PSOE. “Otros ayuntamientos no quieren saber nada”, dice en referencia a los gobernados por el PP y por Vox.

Las subvenciones las tramita el Ayuntamiento de San Isidro, otros no quieren saber nada

Y el Instituto de la Memoria Democrática…

Más allá de la resolución publicada en el DOGV, en Alicante el cambio de la ley de Memoria Democrática a la de Concordia se ha hecho especialmente visible en el frenazo que ha experimentado la implantación del Instituto de la Memoria Democrática. Este espacio, previsto por el Botànic en el antiguo edificio de Sanidad Exterior del Puerto de Alicante, aspiraba a albergar funcionarios dedicados a esta disciplina y a convertirse en el lugar central de la memoria histórica de la Comunidad en una parcela de 630 metros cuadrados tras una inversión de 1,5 millones de euros. La previsión era que el lugar estuviera habilitado esta misma legislatura.

Sin embargo, la llegada de PP y Vox al Consell ha hecho cambiar los planes. Desde la Conselleria de Justicia, liderada por Nuria Martínez, competente en los asuntos de “concordia” (antes “memoria democrática”), explican que en este lugar se creará “un espacio expositivo y administrativo, de uso multidisciplinar, destinado a promover el consenso democrático y la visibilización de cuantas personas y colectivos hayan sido víctimas de algún tipo de violencia”.

Los trabajos de adecuación del espacio, que se adjudicaron en junio de 2023, arrancaron en agosto, con un plazo inicial de nueve meses para la ejecución de las obras. Sin embargo, en febrero de 2024, se amplió el plazo ante hechos imprevistos durante la actuación, como detectarse grietas en la construcción o que partes del edificio se encontraban en peor estado del previsto. Esos cambios supusieron ampliar el plazo tres meses más, hasta el 4 de diciembre de 2024, y el coste de 174.274 más, hasta los 1.343.213 euros, según figura en el Portal de Contratación.

En una última resolución, se incluye que “por resolución del Subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior de fecha 28 de noviembre de 2024 se acordó una nueva ampliación de plazo de la obra hasta el día 5 de mayo de 2025”. Desde la conselleria apuntan que las obras acabarán, según apuntan, este 2025, sin más detalles.