ANDALUCIA. PROBLEMAS CON LAS PRUEBAS DE ADN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Comunicado de RMHSA_CGT.A
para TLN / 28/12/2022. RMHSA_CGT.A
Con indignación, pero no con sorpresa, tuvimos noticia hace días a través de la prensa ( https://www.eldiario.es/andalucia/convenio-identificacion-genetica-victimas-franquismo-andalucia-caducado-tres-meses_1_9789517.html ) de la caducidad del convenio entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada para la identificación de las víctimas del franquismo rescatadas de las fosas comunes.
Desde septiembre dicho convenio está extinto sin que se haya querido renovar, cuestión que dada la poca cuantía económica que supone en un contexto tan amplio como es el presupuesto de la Junta es sin duda una cuestión de voluntad y no de capacidad para hacerlo. Decimos que no nos sorprende, aunque viene de una Consejera que en las contadas ocasiones en las que se manifiesta acerca de la Recuperación de la Memoria Histórica lo hace en el sentido de afirmar que si bien las actividades de difusión de la memoria (congresos, publicaciones, etc.) no son su prioridad, las exhumaciones y la identificación de víctimas son cuestiones que no pararían ya que no dejaría a las víctimas y a sus familiares sin la reparación mínima de darles una sepultura digna. Vemos y comprobamos a diario que miente.
También comprobamos, esta vez con estupor, pero de nuevo sin sorprendernos, como esta cuestión no ha llamado la atención de los grupos de izquierda del parlamento de Andalucía. No tenemos noticia de que se haya preguntado por la extinción del convenio, mucho menos presionado para que se haga. En este caso no perdemos la esperanza de que esos grupos parlamentarios y sus partidos hagan algo por la memoria, ya que sabemos con toda certeza que cuando se acerquen las próximas elecciones (bien sean municipales, autonómicas o estatales) sacarán del baúl las reclamaciones sobre la Memoria y sus iniciativas sobre la cuestión, que de nuevo caerán al saco del olvido una vez recolectados los votos. De esto llevamos todo lo que va de siglo de experiencia acumulada.
Quizás la idea de que con una ley sobre la materia aprobada el problema de la Memoria Histórica está resuelto sea la responsable de esta dejadez por parte de muchos sobre la memoria. Si la ley dice que las víctimas se identificarán, ¿Qué sentido tiene reclamarlo?, es ley, por tanto, se hará…… conviene recordar que en su día clamamos en el desierto sobre nuestra desconfianza sobre este particular. Hoy en día se demuestra que la ley era imperfecta, demasiado, y sobre todo que el Estado y sus mandatarios pueden perfectamente promover y aprobar una Ley (recordemos que el partido de gobierno en Andalucía no votó en contra de nuestra ley de memoria) con el firme propósito de incumplirla. Una vez defenestrada la capacidad de acción del movimiento memorialista y su iniciativa (que ya advertimos que sería la consecuencia de esta norma) que objetivo primario de la Ley, el resto del articulado se queda en agua de borrajas.
Queremos llamar también la atención sobre el carácter individual que se le da al tratamiento de las identificaciones de las víctimas. Nos extraña sobremanera la abundancia de resultados negativos (¿Dónde está el fallo metodológico para que esto pase?), las comunicaciones de fallos negativos a las familias cuando nos consta que las muestras óseas no se han enviado a Granada y, por ende, la comunicación de los resultados exclusivamente a las familias, independientemente de quien haya promovido la exhumación. No nos cabe duda de que esto es una estrategia negacionista más de la masacre. Convertir la represión que azotó a todo un pueblo en una multiplicidad de dramas colectivos reduce la visibilidad de la gran magnitud que tuvo la represión fundacional del franquismo, despojando así a este fenómeno de su dimensión social y abonando por consiguiente el terreno para que las tesis reaccionarias, tan del gusto de este gobierno y sus socios preferentes, tengan campo de acción. Por tanto, demandamos que los resultados sean objeto de difusión pública, que los colectivos memorialistas y la sociedad en general tenga acceso a los datos de las identificaciones para que la memoria, ten necesaria, y el conocimiento de lo que pasó sea accesible a todo el mundo. A esto ayudaría que la Administración no se arrogue, como hace, la exclusividad en el control de la toma de muestras. Es evidente que la transparencia del proceso y de los resultados brilla por su ausencia, exigimos que esto cambie.
Por último, queremos referirnos a la ausencia de titular de la Dirección General sobre esta materia. En primer lugar, decir que esto deja claro el nulo interés del gobierno sobre la cuestión. Entendemos que dicha ausencia, además del desinterés, ha de deberse a la búsqueda de la persona idónea, por supuesto estarán calibrando quien “merece” más ese sueldo y no escrutando quien es la persona que más puede aportar a la Dirección General, dada la experiencia del nulo conocimiento, nula iniciativa y nulo interés de la persona saliente del cargo. No esperamos otra cosa que un perfil similar. Desde que se tomó la infausta decisión de elevar el comisariado a Dirección General hemos visto como se ha elevado el gasto en personal, y como el puesto de Director se ha vuelto apetecible dado su escandaloso sueldo aparejado, pero no como las actividades memorialistas de cualquier índole (exhumaciones, publicaciones, homenajes)…hayan seguido la misma senda, a más gasto menos actividad productiva. Por ello, invitamos a la Admón. a dejar vacante sine die ese puesto y dedicar el sueldo del Director General y sus ayudantes a lo realmente necesario: exhumar fosas y seguir contando lo que pasó desde el año 1936 hasta el final de la Transición.
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