La entrada de España en la Comunidad Europea significó, cuando menos, dos fenómenos de importancia histórica, aparte del fin del aislamiento o de la peculiar situación española en el viejo continente:
- En primer lugar, la necesidad de adoptar el acervo comunitario con la transformación subsiguiente de nuestra economía y nuestra sociedad de manera exponencial. Una forma de modernización que no tuvo mucho que ver con lo acaecido en el franquismo tardío. Es una dimensión que economistas, juristas, sociólogos y politólogos no han cesado de explorar. El resultado es claro: España ha seguido desde entonces una línea muy clara de homologación con los países de nuestro entorno en la Europa occidental.
- En segundo lugar, la posibilidad de exportar a la entonces Comunidad Europea una parte de nuestras ambiciones seculares. Es un tema menos conocido.
En todo caso hay que recordar, enfatizar y aclarar que la CE, y su sucesora la UE, se mantienen como un ejemplo avanzado de cooperación intensa entre Estados y sociedades en los que se da una feliz circunstancia. La posibilidad de compartir un modelo de pluralismo político, económico, social y cultural basado en la combinación de tres tradiciones, la liberal, la conservadora y la socialdemócrata.
España exportó, entre sus intereses, muchos relacionados con la dimensión exterior, en especial hacia América Latina, y reforzó la vertiente mediterránea del colectivo europeo. En lo que se refiere a la situación en el hemisferio occidental no es necesario recordar que era entonces muy preocupante, en particular en América Central y en Chile, bajo la dictadura de Pinochet, tras el derrumbe de la sangrienta dictadura argentina.
A quien esto escribe le correspondió incorporar este último interés a la acción comunitaria. Por supuesto no en solitario, sino con la aportación de los comisarios españoles, franceses, italianos y alemanes esencialmente y el Parlamento Europeo. A ello se añadió la posibilidad de exportar algunos aspectos de lo que la CE estaba entonces haciendo con los países de la Europa Oriental, llamados a incorporarse a la misma, y con una Unión Soviética en acelerado proceso de transformación en los tiempos de Gorbachov.
La ayuda a los refugiados y la introducción de cláusulas de protección de los derechos humanos fueron dos de los ángulos de tal actuación. La revalidé años después cuando se me encargó de la dirección de relaciones multilaterales, política de seguridad y derechos humanos.
Todavía me dio tiempo a ver los prolegómenos a la admisión de un grupo de países a principios del presente siglo que, desde 1945, habían compartido otro destino como integrantes de la órbita soviética o con otros modelos (caso de Yugoslavia). La UE se hizo más heterogénea, más diversa, más plural.
En el ámbito de la MH no es de extrañar que al repudio original y permanente de los regímenes nazi-fascistas se uniera el de los comunistas. Tal repudio se basó en un concepto difuso, y controvertido, pero propio de la guerra fría, como es el del totalitarismo.
Los historiadores llevamos discutiendo muchos años sobre si tal modelo es aplicable más o menos mecánicamente a todas las situaciones de excepción antidemocrática en la Europa central y oriental. Tiene la ventaja de que es cómodo y, en particular, desde el punto de vista político.
En la actual UE, el peso de los nuevos Estados miembros de la Europa central y oriental ha sido muy superior al que tuvieron, a su entrada, los mediterráneos no democráticos (Grecia, España, Portugal).
Tampoco es de extrañar que, consolidado rápidamente en estos últimos el sistema democrático, la atención se haya desplazado hacia el pasado del centro y del este de Europa.
Hoy el rechazo del franquismo, del salazarismo o de la dictadura (corta) de los coroneles griegos no levanta, en general, pasiones dentro de la UE. El rechazo del comunismo, sí. Se ha convertido en una nueva seña de identidad europea. Quizá también impulsada por la no democratización, con arreglo a los estándares de la UE, de Rusia y de Bielorrusia, y desde el comienzo de la guerra en Ucrania con la preocupación por la amenaza al sistema de seguridad europea e intercontinental que se mantuvo tras el final de la guerra fría.
Con todo, es obvio que, en términos históricos, con el rechazo del comunismo, en la UE sigue sólidamente implantado el repudio del nacionalsocialismo y del fascismo. Es imposible disminuirlo a la sombra trágica y perenne de la Shoah.
Lo que antecede es ampliamente conocido.
Sin embargo, la UE no es hoy demasiado beligerante contra el franquismo. Lo fue, en su encarnación primitiva de la CE, antes de la Transición. No obstante, muchas voces han lamentado que, en los envites ideológicos y políticos del presente siglo, el recuerdo de la dictadura española se haya desvanecido en gran medida de la conciencia europea.
La evolución en España ha sido diferente. El resultado es que parece haberse creado una cierta asintonía entre la atención que el pasado de los regímenes nazi-fascistas y comunistas despiertan en Europa y los casos de España y Portugal, cuyas peculiaridades han dejado de estar presentes. No conozco lo suficiente el caso portugués, pero sí el español.
En los combates por la historia y la memoria que se han desarrollado en España durante los últimos años ha aparecido, en mi opinión, un fenómeno fundamental: el intento derechista de cobijar el franquismo bajo la amplia capa del anticomunismo.
¿Por qué?
Mi respuesta es porque las derechas españolas, que ganaron la Guerra civil, no tienen, en la encarnación de sus sucesoras, el menor interés —o no son capaces— de renunciar a los mitos que cultivaron durante la dictadura y a su amparo. Con ello han mantenido una asociación estructural de difícil ruptura. Cabe pensar que lo que está en juego es perpetuar una cierta interpretación de la historia que las legitimaría indefinidamente en el futuro.
En todo caso, han sido incapaces de mirar hacia atrás con nuevos ojos y asumir los resultados de la investigación llevada a cabo por tres generaciones de historiadores. Son quienes han ido desentrañando los motivos directos e indirectos, las causas inmediatas y mediatas, las condiciones necesarias y suficientes que provocaron la guerra civil y que, con ella, dieron paso a una dictadura de carácter militar y fascista. Que duró casi cuarenta años pero cuyo recuerdo ha ido difuminándose en el resto de Europa por mor de perentoriedades más urgentes.
Las derechas españolas, que ganaron la guerra civil, no tienen, en la encarnación de sus sucesoras, el menor interés —o no son capaces— de renunciar a los mitos que cultivaron durante la dictadura y a su amparo
Desde mi punto de vista, los rasgos fundamentales que tipifican tal postura de las variopintas derechas españolas son dos:
- La Guerra civil fue inevitable y la culpa de ella la tuvieron las izquierdas de la época.
- La Guerra civil salvó a España de caer en las manos del comunismo.
Desde el punto de vista europeo, el rasgo más importante siempre fue este último. Recientemente un egregio periodista no ha tenido inconveniente en acudir a manifestaciones de autores y políticos extranjeros, sabiamente descontextualizadas, que manifestaron su gratitud ante la figura de Franco.
Lo cierto es que la dictadura española, apadrinada desde 1953 por Estados Unidos, se convirtió en una pieza del dispositivo anticomunista no de forma directa sino indirecta a través de los Pactos de Madrid. Esto reforzó la capacidad de disuasión occidental sin tener que cargar con el coste político de dar un abrazo a la dictadura e integrarla en las organizaciones europeas. Durante los largos años del franquismo, los gobiernos de Madrid no pudieron congraciarse debidamente con la Europa institucionalizada.
Añádase hoy que el conocimiento de la historia de España, y en particular de la época franquista, es bastante limitado en los círculos políticos decisionales de la UE. España ha sido un miembro leal y cooperador (con mayor o menor intensidad, según el color de los gobiernos del momento) desde su adhesión hasta la actualidad.
Desde otro punto de vista, también cabe afirmar que España no ha hecho, por su parte, demasiado para que no se debilite en la UE la percepción del significado del sentimiento antifranquista.
Esto es, en parte, un resultado del hecho que, en general, la política española no ha sabido, querido o podido reconciliar el pasado de todos los españoles. Se ha mantenido siempre a distancia de lo que, por ejemplo, ha hecho —con cierto retraso— la RFA al enfrentarse con la sangrienta historia alemana durante los años nacionalsocialistas. U otros países occidentales europeos con respecto a los años de colaboración con el nazifascismo durante su ocupación.
Como historiador, solo puedo decir que los investigadores, esencialmente españoles pero también extranjeros, hemos aportado nuestro granito de arena a la mejor comprensión de nuestro pasado. Pero solo de forma limitada hemos tenido éxito a la hora de interpelar al poder político, particularmente durante los largos años de gobiernos del PP. En la actualidad hay gente que celebra con fruición el que en los años Rajoy no se aboliera la LMH pero dejara de llevarse a la práctica (¡qué listos!). Ya se anuncia que, de ganar las próximas elecciones, se eliminará la reciente LMD aprobada en octubre por el Parlamento. Cabe preguntarse, a la mayor gloria ¿de quién?
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El Parlamento Europeo, la memoria histórica y el caso español (II): las “otras dictaduras”
Lo que sigue continúa la primera parte de una versión ligeramente modificada de mi intervención vía Zoom en un seminario organizado por AMESDE (Asociación de la Memoria Social y Democrática) y dirigido esencialmente al profesorado de enseñanza media a finales de noviembre.
Evidentemente, no hay que desanimarse. Hay temas que salen de la mesa de negociaciones en la UE pero que tienen una cierta resiliencia y, con voluntad política, siempre vuelven a ella, si no por la vía de la Comisión (que en teoría sigue detentando el monopolio de la iniciativa operativa) sí por la del Parlamento. En este sentido, una resolución que ha pasado un tanto desapercibida ofrece una cierta orientación. Me refiero a la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa.
La Resolución se encuentra fácilmente en Internet.
En principio cabe observar la utilización en su título del concepto de “memoria histórica”, ese que en los partidos de la derecha y ultraderecha españoles ha provocado tantos sarpullidos y al que le dotan de un significado risible cual es el de “social-comunista”. (Con lo que ya demuestran el sesgo “histórico” que quieren dar al gobierno de coalición salido tras la negociación que siguió a las últimas elecciones generales y su ignorancia profunda de la significación e implicaciones de los gobiernos de coalición, bastante comunes en la actual UE).
Me apresuro a señalar que, ciertamente, en su texto la Resolución no menciona específicamente el caso español. Cabe imaginar las razones. Al fin y al cabo, las derechas españolas también están presentes, y con fuerza, en el Parlamento Europeo. En mi tiempo en Bruselas siempre colaboré con el que, en ciertos asuntos, iba ya en ocasiones por delante de los Estados miembros y de la propia Comisión. Aprendí a leer entre líneas.
Así, por ejemplo, puede hacerse con el Considerando D que especifica que “tras la derrota del régimen nazi y el fin de la SGM, algunos países europeos pudieron reconstruirse y acometer un proceso de reconciliación, pero otros siguieron sometidos a dictaduras”.
No hay reconciliación posible si no se conoce la verdad y si no se mantiene encendido el fuego de la memoria. ¿Acaso, por ventura, no es esto aplicable a todas las dictaduras, incluida la española?
Esto es la evidencia misma para los casos de España y Portugal, aunque no ignoro que dicho considerando continúa especificando que otros países cayeron “bajo la ocupación o la influencia directa de la Unión Soviética”. El hecho es, en cualquier caso, que “durante medio siglo, continuaron privados de libertad, soberanía, dignidad, derechos humanos y desarrollo socioeconómico”. Esta precisión puede aplicarse a las dictaduras ibéricas, con independencia de que, España, en una situación límite, tuviera, en 1959, que abrir la economía para atraer recursos extranjeros con que desarrollarla (algunos dicen que es el gran mérito histórico del inmarcesible “Caudillo”).
El Considerando E es no menos sugerente. Señala que “mientras que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Núremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos”. Cabe, naturalmente, preguntarse cuáles son esas “otras dictaduras”, no identificadas. La Resolución se refiere a Europa. No a ninguna otra parte del mundo. ¿Hubo otras dictaduras en Europa que no fueran nazi-fascistas o comunistas? ¿Sería rizar el rizo pensar que entre esas otras dictaduras es posible excluir los casos de Portugal y de España?
El Considerando H tampoco es menos sugestivo: “Deben mantenerse vivos los recuerdos del trágico pasado de Europa, con el fin de honrar la memoria de las víctimas, condenar a los autores y establecer las bases para una reconciliación basada en la verdad y la memoria”.
Personalmente subrayaría todo el considerando. No hay reconciliación posible si no se conoce la verdad y si no se mantiene encendido el fuego de la memoria. ¿Acaso, por ventura, no es esto aplicable a todas las dictaduras, incluida la española?
En tal dirección se mueve el Considerando I, sobre la necesidad de “recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios “a efectos de reconocer “ y divulgar el legado común europeo de los crímenes cometidos por las dictaduras comunista, nazi y de otro tipo [hay que subrayar esto de otro tipo]” ¿Con qué fines? Tales tareas son “de vital importancia para la unidad de Europa y de los europeos, así como para consolidar la resiliencia europea frente a las amenazas externas actuales“. ¡De cajón!
No me parece posible pasar por encima la referencia a las dictaduras que no fueron comunistas o nazi. Un comentarista no demasiado inquieto incluiría, sin duda, también a las dictaduras fascistas, pero ¿en qué países de Europa figurarían estas? Aparte de Italia, solo hay dos candidatos: España y Portugal. Pero sobre todo la primera de ambas. ¿No hemos leído nada acerca de las pequeñas, pero gritonas, manifestaciones del 20 de noviembre reivindicando la herencia fascista, falangista y joseantoniana? (No olvidemos que el Excmo. Sr. D. José Antonio Primo de Rivera suscribió en su totalidad la petición monárquica de apoyo financiero a Mussolini a principios de junio de 1936 para “untar” a ciertos mandos del Ejército que parecían un tanto reticentes a sumarse al golpe de Estado en preparación).
El Considerando L también describe como de vital importancia la necesidad de “recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios y autoritarios”. El régimen franquista no es fácilmente encasillable entre los primeros (salvo quizá en sus primeros años de tentación nacionalsocialista) pero no cabe la menor duda de que produjo cuantiosas víctimas y que era, cuando menos, autoritario. ¿O lo negará la derecha española que declaró la guerra a la LMH y ahora lo sigue haciendo con la reciente LMD?
En consecuencia, no extrañará que, en la parte dispositiva, Punto 3, dicha Resolución del 19 de septiembre de 2019 condene “en los términos más enérgicos”, como afirma, “los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios”. Aquí el exégeta se queda un poco con la boca abierta porque, ¿cuáles fueron los regímenes europeos que no se caracterizan de comunistas, o como nazis (y que desde Alemania se desbordaron hacia los territorios ocupados en el resto de Europa) pero que, en los términos mencionados, fuesen “totalitarios”?. ¿Solamente el régimen de Mussolini? ¿No podría considerarse también el de Franco, al menos durante un cierto período histórico? Porque de lo contrario el Punto 3 pierde mucho de su sentido y no creo que los eminentes diputados europeos que lo negociaron y votaron fueran indigentes intelectuales o históricos.
El Punto 4 “pide a todas las instituciones y agentes de la Unión que hagan todo lo posible para asegurarse de que los atroces crímenes totalitarios contra la humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos sean recordados y llevados ante los tribunales, y que garanticen que estos crímenes no vuelvan a repetirse jamás”. ¿Algo que objetar? ¿Podría afirmarse que tales afirmaciones supuran “revanchismo”?
Específicamente la Resolución del Parlamento “hace hincapié en la importancia de mantener viva la memoria del pasado, puesto que no puede haber reconciliación sin memoria” ¿No es esto una reivindicación permanente de una parte de la sociedad española que apoyaba la LMH y ahora apoya la LMD? Que haya mayores o menores divergencias, naturales en una sociedad democrática, no debe hacernos olvidar la importancia de la afirmación: SIN MEMORIA NO PUEDE HABER RECONCILIACIÓN.
El Punto 7 de la Resolución condena el revisionismo histórico; expresa la preocupación ante la creciente aceptación de ideologías radicales y la regresión al fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en la Unión Europea. Subraya la inquietud que suscita la colusión entre, por un lado, líderes políticos, partidos políticos y fuerzas de seguridad, por un lado, y movimientos radicales, racistas y xenófobos, por otro. ¡Que no se diga que el Parlamento se refería tan solo a la Francia lepenista! ¡O a ciertos otros partidos que ya descollaban en Italia!
El Punto 8 requiere a todos los Estados miembros que “sensibilicen a la nueva generación con respecto a estas cuestiones, incluyendo la historia y el análisis de las consecuencias de los regímenes totalitarios en los planes de estudios y los libros de texto de todas las escuelas”. También que apoyen la documentación del turbulento pasado de Europa. ¿No es esto uno de los objetivos de la LOMLE?
Son los Puntos 10 y 12 los que me parece que ameritan una glosa extensa y profunda, en la que aquí no puedo entrar, pero que sin duda muchos de los expertos en derecho y en memoria democrática pueden fácilmente ampliar. En el primero, el Parlamento Europeo “pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, la resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia….” Nótese la referencia a otros regímenes autoritarios del pasado. ¿Cuáles podrían ser? Sin duda la Francia de Vichy, ¿pero, por ventura, no lo serían el español y el portugués?
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Parlamento Europeo, la memoria histórica y el caso español (y III): contra las manipulaciones
El Punto 12 de la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 “pide a la Comisión que preste apoyo efectivo a los proyectos que promueven la memoria histórica”. Poco después se hace una referencia que afecta directamente a España.
La pregunta es: ¿cuáles son los países en los que esto ocurre? Porque, aunque no cita a ninguno en particular, cuesta trabajo no pensar que en España no se dan casos parecidos.
En definitiva, el Parlamento insta a los Estados miembros a que hagan frente (Punto 20) “a las organizaciones que difunden discursos de incitación al odio y a la violencia en los espacios públicos y en línea, y que prohíban efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo o cualquier otra forma de totalitarismo, dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacionales”.
De esta somera referencia personalmente derivo dos conclusiones:
La primera es que el Parlamento, en aplicación de los Tratados y las líneas políticas establecidas, llama la atención genéricamente contra lo que suele, en el lenguaje común, caracterizarse como reminiscencias de las dictaduras europeas. La española forma parte de ellas por derecho propio. En razón de su origen y de su largo período de ejercicio.
La segunda conclusión es que el Parlamento reclamó, en términos políticos, una acción efectiva para luchar contra las distorsiones del pasado, favorecer el desarrollo de la memoria histórica y promover su enseñanza. El caso español no puede ser uno de los ausentes. A no ser, claro, que se demuestre legislativamente y en la práctica que los largos Gobiernos del PP se atuvieron, incluso ex ante, a tales recomendaciones.
Por el contrario, parece difícil desconocer que las nuevas Leyes de Educación (LOMLOE) y de Memoria Democrática son un intento de abordar seriamente la posibilidad de poder extender al conjunto de la sociedad española los frutos de la investigación histórica relacionados con el sistema de excepción absoluta que, en términos de democracia pluralista, fue el franquismo. A no ser, claro, que el PP, C´s y Vox puedan demostrar que la inefable “democracia orgánica” del segundo franquismo ya atendía, por la gracia de Dios y del “Caudillo”, a tales exigencias.
Parece difícil desconocer que las nuevas Leyes de Educación (LOMLOE) y de Memoria Democrática son un intento de abordar seriamente la posibilidad de extender al conjunto de la sociedad española los frutos de la investigación histórica
España es un caso un tanto particular (no directamente comparable a las dictaduras que se establecieron en la Europa central y oriental) pero que encaja perfectamente en el inventario de situaciones derivadas del fenómeno expuesto en la resolución mencionada del Parlamento Europeo:
- Amplios sectores de la juventud desconocen la historia de la democracia española y lo que fue o significó la dictadura franquista.
- Una parte de la sociedad española está, sin embargo, movilizada recordando la represión que conllevó su implantación en la guerra civil y su subsistencia tras la caída de los fascismos europeos.
- Otra parte, al menos por lo que reflejan la mayoría de los medios de comunicación social, y que comparten nuevas formaciones políticas (Vox) y amplios sectores del PP, se niega a aceptar las consecuencias políticas y educativas que de aquella dictadura se desprenden (De C´s es mejor no hablar: todo hace pensar que va a remolque y que corre peligro de extinción)
Naturalmente no ignoro que en los medios españoles la Resolución fue ampliamente desfigurada y presentada en el marco del rechazo a la política de Putin. Es algo que, desde luego, se desprende de su texto. Pero no es lo único que cabe desprender del mismo.Dado que sus promotores fueron un amplio abanico de fuerzas políticas e ideológicas europeas (Wikipedia señala que entre sus proponentes figuraban populares, socialdemócratas, liberales e incluso ciertos conservadores) cabe pensar que representó algo más que un consenso dirigido exclusivamente contra Putin y el estalinismo (citado varias veces en el texto)
En todo caso, es penoso leer o escuchar lo que sigue repitiéndose a manera de papagayos en España: A saber,
Primero. Los sublevados de 1936 salvaron a la Patria de caer en manos comunistas.
Segundo. La República estaba deslegitimada por no haber puesto coto a la violencia política, dirigida contra la Iglesia y las derechas, en particular en la primavera de 1936 (las referencias a la revuelta en Asturias en octubre de 1934 no han desaparecido).
Tercero. La guerra civil evitó la sovietización de España y quienes se levantaron en armas contra la República prestaron con ello un inmenso servicio a Europa y a la civilización occidental.
Tales estupideces siguen teniendo recepción en algunos sectores de la opinión pública española e incluso de la UE, en particular en los antiguos países del Este, en la medida en que son claramente anticomunistas. También, curiosamente, en ciertos movimientos sociales de los países fundadores, en la medida en que los medios de comunicación hacen una curiosa disociación entre la condena del nazismo y del fascismo y la del franquismo, que obviamente no padecieron.
Me cabe el honor de haberme dedicado durante años y con creciente intensidad a investigar una parte de la dinámica inmediata que condujo a la guerra civil, es decir, al mayor giro en la evolución política, económica, social, humanitaria y cultural de la historia española en el pasado siglo.
Lo he hecho apelando a los instrumentos esenciales del historiador: no lo que han escrito otros (que tampoco he desdeñado cuando así ha sido preciso, por lo que he citado obras relevantes en seis o siete idiomas en las que me he apoyado o de las que he diferido) sino fundamentalmente acudiendo a evidencias primarias relevantes de época. Es decir, a una amplia gama de archivos públicos y privados en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia y Rusia. También he aportado documentación de origen norteamericano y portugués.
Me he concentrado en los orígenes de la guerra civil y en el marco internacional en que se sustanció y que configuró, en gran medida, su desarrollo.
No es el momento, creo, de resumir mis tesis, pero sí de destacar mínimamente algunos puntos.
- Es falso de toda falsedad que las izquierdas pretendieran hacer una revolución en España. No hay la menor documentación primaria que lo demuestre y sí mucha, y abundante, que va en contra de este postulado derechista (que en aquellos tiempos afirmaba era inminente).
- Es falso de toda falsedad que la revolución, para matar la cual las derechas se sublevaron, fuera a ser de carácter comunista.
- Por el contrario, fueron las derechas las que se sublevaron con falsos pretextos. Tras una conspiración que duró casi cuatro años, sus líderes monárquicos, alfonsinos y carlistas lo que querían era restablecer la Monarquía por la fuerza de las armas y con ayuda extranjera. No de la Alemania nazi, no, sino de la Italia fascista.
Sus propósitos (aplicando el principio básico de “proyección” que ya expuse enLa otra cara del Caudillo), para tener posibilidad de éxito, estribaron en acentuar dos pautas de comportamiento: en primer lugar, crear la sensación de que España se encontraba en un estado de necesidad. Lo hicieron mediante atentados selectivos, provocaciones a las izquierdas (que cayeron en la trampa) y publicidad de la supuesta situación límite mediante una prensa lacayuna que dominaban. Para la realidad cabe consultar obras especializadas como la de Rafael Cruz (En el nombre del pueblo) o la de Eduardo González Calleja (Cifras cruentas). ¿Cuántos cantamañanas de la frondosa publicística derechista (on line y en periódicos digitales y no digitales) las han desautorizado?
En segundo lugar, también lo hicieron mediante la intoxicación de las fuerzas armadas, no solo en su cúpula (algo superconocido) sino igualmente en los frondosos cuerpos de oficiales y jefes, en muchos casos descontentos con las reformas militares impulsadas por Azaña en el primer bienio; en otros mediante agitación ad hoc en las filas, algo que no escapó a los servicios de información gubernamentales.
Ambos aspectos los he abordado en dos libros: ¿Quién quiso la guerra civil? y El gran error de la República.
En ellos se explica la dinámica de actuaciones personales y colectivas que llevaron al golpe de Estado de julio de 1936. Podemos olvidar ciertos mitos: el asesinato de Calvo Sotelo o la supuesta cautela de Franco y su famosa carta al presidente del Consejo y ministro de la Guerra Santiago Casares Quiroga.
El golpe de Estado no triunfó, entre otras razones, porque el Gobierno no se cruzó de brazos, porque en ciertas regiones los sublevados no pudieron imponerse y porque, no en último término, el Gobierno armó al pueblo. Todo ello fue insuficiente (y bastante amateur) porque para el mes de septiembre de 1936 la República había perdido la partida, tras aparecer en el horizonte un nuevo elemento.
El Gobierno no lo había contemplado. Los conspiradores sí. Me refiero al lavado de manos a lo Poncio Pilatos por parte de las potencias democráticas más relevantes: Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Establecieron la no intervención y no permitieron que el Gobierno español se abasteciera ni en arsenales nacionales ni privados radicados en ellas. Incluso cuando se constató que, desde las primeras semanas, las potencias nazi-fascistas habían acudido en auxilio de los rebeldes (en el caso de Italia desde antes de que estallara el golpe de Estado).
Ni Stalin había estado demasiado interesado en la República antes del 18 de julio ni su estrategia se atuvo a la sovietización de España. Tampoco la guardó para sí.
Lo que salvó temporalmente a la República fue la intervención, dos meses después, de la Unión Soviética. Y esto pareció dar la razón a los sublevados por un lado y a las potencias democráticas por otro.
Pero ni Stalin había estado demasiado interesado en la República antes del 18 de julio ni su estrategia se atuvo a la sovietización de España. Tampoco la guardó para sí. En diciembre de 1936 y febrero de 1937 la explicó a los republicanos. Se atuvo a ella. Lo que han escrito al respecto eminentes historiadores anglonorteamericanos en los últimos años es absolutamente erróneo y espero demostrarlo, una vez más, en mi próximo libro.
En algún momento la perspectiva de los investigadores genuinos, españoles y extranjeros, habrá que introducirla en los curricula escolares en España porque, con la conspiración que estalló en julio de 1936, lo que se quebró fue una evolución que, de por sí, no conducía necesariamente a la guerra.
España se hubiese ahorrado muchos sinsabores si la República hubiera podido cortar la conspiración (posibilidades hubo) y si el signo monárquico, militar y fascista de la misma no hubiera estado tan asentado.
¿Y Franco? No estaba predestinado por Dios para llegar a ser el “salvador de España”. Su potencial papel creció como la espuma a consecuencia de tres factores: el asesinato de Calvo Sotelo (futuro jefe del Gobierno en caso de triunfo del golpe), la muerte en accidente aéreo del general Sanjurjo (jefe militar de los conspiradores) y la condición del rechoncho general de voz atiplada de haberse convertido en receptor de la prevista ayuda fascista y de la no prevista ayuda nacionalsocialista.
Todo lo demás son, en mi modesta opinión, cuentos malabares. Como ha demostrado Ferran Gallego, fue bajo Franco, en el fragor y las tensiones de la guerra civil, cuando se forjó y desarrolló a tope el fascismo español. Todavía sufrimos las consecuencias.
Naturalmente, no sé si los parlamentarios españoles no populares en el Parlamento Europeo podrán hacer algo o no a los tres años de aprobada la Resolución. Quizá traducir a todas las lenguas del Parlamento la LMD y las partes relevantes de la LOMLE no sería mala idea. Y dar la lata. No se ganó Zamora en una hora. Volver a insistir en las fechorías del franquismo es recuperar la voz de a quienes se la arrebataron. Como hacen los descendientes de quienes sufrieron bajo el nacionalsocialismo, el fascismo y el comunismo. Un caso, cuando menos, de mera dignidad.
FIN de la serie (Aquí puedes consultar artículos anteriores).
