El tiempo ahoga el debate por la Memoria Democrática de Aragón: “Igual en 10 años no quedan familiares”
De entrada, se antoja complicado. Charata, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (Armha) y la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), que abarca las otras dos asociaciones, más otras 17, lo miran con escepticismo, pues a su juicio viene de los mismos partidos que van a derogar la norma que supuso un primer apoyo, aunque tampoco contentara a todos. Desde el fin de la dictadura franquista hasta ahora, dice Enrique Gómez, de Armha, se habían puesto en marcha “pequeñas leyes”. “Hasta eso se quiere eliminar”, añade.
Sin Ley ni dotación presupuestaria, a falta de ver qué ocurre con los fondos de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, canalizados por la DGA; se suma a la urgencia de recoger muestras genéticas de los descendientes vivos de los represaliados. A estas alturas, explica el secretario de PAMA, Adolfo Barrena, la mayoría son “de tercera o cuarta generación”. Según Barrena, es uno de los deberes del nuevo Plan, ya que las asociaciones llevaban tiempo, hasta su puesta en marcha por parte del cuatripartito, reclamando la creación de un Banco de ADN. Eso sí, y nada más lejos de la realidad, ese proyecto que ahora quedaría en el limbo tampoco estaba respondiendo a sus demandas como les gustaría.
“Nunca ha sido tal porque costaba mucho dinero, hicieron una colaboración público-privada con un laboratorio (Citogen)”, recuerda Gómez, sobre Memoria Genética de Aragón, que a fecha del pasado mes de mayo contaba con unos 200 registros, todos ellos a petición de las familias.
ACOMPAÑAMIENTO PRESUPUESTARIO “DÍA A DÍA”
“Las reivindicaciones siguen siendo las mismas”, opina Javier Ruiz, de Charata, quien incide en la urgencia y la necesidad de un acompañamiento presupuestario “día a día” por parte de la administración. Así, cinco años después de la aprobación de la Ley aragonesa y uno tras la estatal, “muchas promesas ni han empezado”. En este sentido, Ruiz apunta que no se ha habilitado un canal directo entre los descendientes y la administración, sino que siempre se ha optado por derivarlas hacia las asociaciones. También insiste en que el tiempo apremia: “Igual en diez años ya no tenemos familiares”.
En el contexto aragonés, dejando a un lado los fondos estatales, los últimos meses colocan a Diputación de Zaragoza ante el reto de ser uno de los principales apoyos de los memorialistas de la provincia. Ya en la investidura este verano, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero guardó un hueco en su discurso para las políticas de la memoria. En los primeros días del mandato, la corporación provincial aprobó una partida de más de 80.000 euros para siete asociaciones, entre ellas Armha, con el objetivo de financiar la exhumación de fosas en distintos puntos de las Cinco Villas e impulsar proyectos de “dignificación” de las víctimas.
PP-VOX Y LAS LÍNEAS DE “CONCORDIA” EN CASTILLA Y LEÓN
Antes de la intervención de la consejera en el Pleno, el Gobierno de PP-Vox en Castilla y León puede ofrecer alguna pista. Hace ahora tres semanas, la Junta aprobó una línea de ayudas de 233.000 euros y en boca del portavoz del Ejecutivo ya surgió la palabra clave, “concordia”. Esta cantidad está dividida en dos subvenciones, 124.500 euros para tres asociaciones que solicitaron los fondos, con un total de diez proyectos, y algo más de 108.000 para divulgación. Eso sí, el texto difundido a través de sus canales oficiales omite mencionar de forma expresa conceptos como “Guerra Civil” o “Dictadura”.
Si Tomasa Hernández opta por esa dirección, se sabrá una vez suba a la tribuna del hemiciclo. De entrada, el orden del día habla de un “Plan de concordia, reconciliación, recuerdo y reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia, por razonas políticas, ideológicas o de creencia religiosa”. Centrará los focos del último Pleno ordinario de 2023, donde no intervendrá el presidente Jorge Azcón. Además de la comparecencia a petición propia, Chunta Aragonesista ha registrado otra pregunta, ya para el viernes, “relativa a la derogación de la Ley de Memoria Democrática”.
Fuera de los muros de la Aljafería, las urgencias de tiempo y dinero rodean un debate sobrevolado por datos inexactos. De acuerdo al registro de Fosas del Gobierno de Aragón, hay 598 en la Comunidad, aunque las asociaciones difieren. Podrían ser más. O no se han abierto pese a tener constancia de su localización, concluye Javier Ruiz, o no aparecen en los datos tras años de investigación.
