La violencia sexual se convirtió en una cruel arma de guerra en contra de las mujeres durante la Guerra Civil española. El historiador Paul Preston, en su libro El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, señala que este tipo de vejaciones fueron relativamente escasas en zona republicana, lo cual no quiere decir que no se produjeran (por ejemplo, aproximadamente una docena de monjas padecieron abusos sexuales). No obstante, su magnitud resultó muy inferior a la sufrida en la zona franquista. Según Preston, ello se debió a que el reconocimiento de los derechos de la mujer era uno de los pilares fundamentales del programa reformista de la Segunda República.

En este aspecto de la violencia sexual, nuestras investigaciones se han centrado en la localidad cordobesa de Baena, tomada el 28 de julio de 1936 por una columna militar sublevada que llevaba en vanguardia a legionarios y tropas moras de Regulares. Iba mandada por el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco. Ese día, además de rapiñas  y asesinatos, se produjo la violación por un marroquí de (al menos) una mujer que quedó embarazada.

El comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil de Baena, el teniente Pascual Sánchez Ramírez, de 36 años, estaba involucrado en la trama golpista desde antes del 18 de julio de 1936, y en previsión de lo que pudiera ocurrir había mandado a su mujer e hijos a Ceuta (al igual que Franco mandó la suya a Francia). A los pocos meses se le abrió un expediente informativo porque, mientras permaneció solo en Baena, se había hospedado en la casa de la familia que administraba la centralita telefónica y se había “amancebado” con la cocinera. Desconocemos si esa relación fue forzada o consentida, pero hemos de tener en cuenta la alta vulnerabilidad social, económica e incluso política de las mujeres que trabajaban en aquella época de criadas o sirvientas. Algo raro debió haber en esta historia porque Gonzalo Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur, ordenó de inmediato el traslado del teniente Pascual Sánchez a Puente Genil.

Los niños se convirtieron en el grupo social más desprotegido durante la guerra, ya que muchos quedaron huérfanos o abandonados tras el fusilamiento, el encarcelamiento o la huida de sus padres a zona republicana. Según un padrón de 9 de julio de 1937 del Ayuntamiento de Baena, existían 454 niñas y niños huérfanos o en situación de abandono en una ciudad de 23.000 habitantes. Sin la manutención que aportaban los padres con sus salarios, estos niños quedaron a cargo de sus madres —que en bastantes ocasiones no tenían una fuente de ingresos estable—, de otros familiares o atendidos por la beneficencia pública a través de los comedores de caridad. Esto originó situaciones de desamparo, mendicidad e incluso de explotación sexual por las propias fuerzas militares franquistas. Por ejemplo, el 21 de enero de 1939 la jefatura de la Guardia Municipal informó al alcalde de que una menor, Eulalia J. N., cuyos padres se encontraban huidos en “zona roja”, padecía una enfermedad venérea y “originaba constantes abusos en especial con números de las fuerzas militares” que guarnecían Baena.

La justicia franquista se mostró muy condescendiente en delitos sexuales cometidos por los militares contra menores hijas de republicanos fusilados, huidos o presos. En el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla hemos localizado una investigación judicial abierta por la violación de Consolación (o Consuelo) R.S., una niña de 13 años que había quedado embarazada. La niña y sus dos hermanos varones, Lorenzo y José, de 15 y 7 años, habían permanecido solos en la casilla de peones camineros en la que vivían, en la carretera de Baena a Córdoba, tras la detención de sus padres por la Guardia Civil en octubre de 1938. Con posterioridad, por orden de la autoridad militar, un cabo y seis soldados pertenecientes al Batallón de Policía Militar 902 se alojaron durante siete días en la misma casilla para realizar labores de vigilancia, por lo que tuvieron que convivir con los tres hermanos. La niña le comunicó a su prima que uno de los soldados la había forzado y esta se lo refirió a su madre (tía de la víctima), que fue quien cursó la denuncia. En su declaración ante el juez, la niña manifestó que Frasquito (el presunto violador) la había amenazado con que contaría, si ella decía algo, que la desfloración se la había causado su propio hermano mayor. Ese argumento alegó el acusado y los otros militares en sus declaraciones, así que el asunto quedó como un caso de incesto y se sobreseyó.

El brigada de la Guardia Civil Fidel Sánchez Valiente de la Rica, de 43 años, era comandante militar de Baena el 19 de agosto de 1937, fecha en la que se presentó una grave denuncia contra él ante el gobernador civil de la provincia. Iba firmada por los jefes de la Falange y el Requeté, al abogado y teniente jurídico habilitado Manuel Cubillo Jiménez y un teniente de Infantería. Entre otras acusaciones se le imputaba lo siguiente:

– Es público y notorio que mantiene relaciones ilícitas con una prostituta, llamada Rafaela Rojas Castro, con escándalo público, habiendo intervenido su esposa, y dando lugar a escenas vergonzosas. A la citada prostituta le ha hecho regalos, y las pruebas escritas de esta afirmación las tenemos a la disposición de V. E., o del juez que designe.

– Es público igualmente que del depósito de muebles de las casas abandonadas [por los vecinos republicanos huidos] constituido en esta ciudad, ha regalado cosas a las prostitutas y a sus queridas, que además de la oficial han sido varias.

– Es público y notorio que ha violentado con amenazas la voluntad de las viudas de algunos fusilados, hasta tener con ellas comercio carnal.

La comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ordenó una investigación de los hechos cuyo expediente se conserva en el Archivo del Tribunal Militar Territorial II de Sevilla. Sobre la agitada vida sexual del brigada, que a la vista del sumario también compartían buena parte de los mandos militares de la localidad o de paso por ella, los denunciantes proporcionaron abundante información. El más explícito fue el abogado Manuel Cubillo, que aportó como prueba cuatro cartas originales enviadas por el militar a la prostituta Rafaela Rojas Castro a finales de octubre de 1936. Además, realizó, con todo lujo de detalles, esta declaración:

Más de una vez ha reunido a las prostitutas en una casa determinada contra su voluntad y a una conocida por la Charlot Grande la oyó decir el declarante que las reunía muchas veces con sus amigos, abusaba de ellas y no les pagaba. En la actualidad hay una jovencilla en casa de la Matilde, conocida por la criada de Pedro Luque, que está recién echada a la vida y hace cuatro o cinco noches estuvo paseando [con ella] por las tabernas de la plaza Vieja.

Las palabras de Manuel Cubillo y de los otros denunciantes las corroboraron también otros testigos, como el capitán de Regulares Adolfo de los Ríos Urbano, destinado accidentalmente en Baena, que compareció voluntariamente a declarar. Este señaló que el brigada Fidel Sánchez “con frecuencia se excede en la bebida y esto da lugar a que en ocasiones sostenga altercados en las casas de las prostitutas con algunas personas (…) pues uno de los altercados lo sostuvo en una ocasión en una casa de lenocinio con un sobrino del declarante”, ya que el brigada consideraba que al “ser el salvador de esta localidad había que tolerarle después las vejaciones y atropellos que viene cometiendo”.

El celo del juez instructor por conocer los devaneos adúlteros del brigada Fidel Sánchez llegó tan lejos que llamó a declarar a Dolores Torres Torres, dueña de la casa de prostitución conocida por la Niña de Priego, que expuso que el brigada Fidel Sánchez “en la actualidad va de tarde en tarde” por su casa, si bien antes “la frecuentaba algunas veces más”, y que incluso su esposa fue una vez allí a buscarlo. También compareció la presunta amante del brigada, la prostituta Rafaela (o Rafaelita) Rojas Castro. Manifestó que “tenía que acudir siempre que este la llamaba y con preferencia por tratarse de quien es” y “en una ocasión poco después de la iniciación del Movimiento, la invitó a una amiga suya y a ella a comerse un chivo en casa de la Niña del Cristo [también de profesión prostituta], y allí se presentaron la señora de un brigada y de un sargento” para buscarlos.

La estrategia defensiva del brigada Fidel Sánchez consistió en negar las acusaciones que se le hacían, tanto en este asunto como en todos los demás. Así, y a pesar de las evidencias, en sus declaraciones desmintió sus “relaciones ilícitas con ninguna mujer de vida pública”. También, rechazó que su esposa hubiera ido a buscarlo a algún prostíbulo, y alegó que debieron confundirla con la del sargento Chamizo y la del brigada Ricardo Zafra Martínez “que en una ocasión subieron por la Caba [calle donde había prostíbulos] en busca de sus maridos”. Que Fidel Sánchez mentía quedó de manifiesto no solo por los testimonios de denunciantes y testigos, sino también por su hoja oficial de castigos. En ella se indicaba que había sido arrestado el 17 de mayo de 1937 durante cuatro días, por “concurrencia a casas de mala nota o fama”, ya que un día se le encontró “en una casa de lenocinio acompañado de varios oficiales de Regulares y un paisano y mujeres de vida airada”.

El afán del juez militar instructor por verificar las continuas infidelidades conyugales del brigada con prostitutas, a las que a veces forzaba o no les pagaba, contrastó con el desinterés por averiguar si también había violentado sexualmente a viudas e hijas de fusilados republicanos, a pesar de que uno de los denunciantes, el teniente de Infantería Francisco de Lasheras, declaró que eso afirmaba el “rumor público”. Por otro lado, el abogado Manuel Cubillo resaltó la dificultad de que las mujeres afectadas testificaran sobre este asunto por la vergüenza personal y pública que suponía:

Es de difícil prueba porque choca con el propio pudor de las interesadas. Pero que sabe de rumor público que ha perseguido con tal fin a una tal Encarnación, viuda de un fusilado conocido por el Sordo Sales y que vive en la Almedina (…), además le consta que ha perseguido con este fin a la hija de Galisteo, un empleado de la Bolsa de Trabajo que fue asesinado en San Francisco, la que muy confidencialmente se lo dijo al declarante en el cine una de las últimas noches de invierno, añadiendo que las traía fritas a ella y a una tal Rosarillo.

Aunque Manuel Cubillo identificó a estas mujeres concretas como posibles víctimas del acoso del brigada, en ningún momento se las llamó a declarar o se inició una investigación al respecto. Esto se debió a que, como norma general, los delitos de violación cometidos por los derechistas contra republicanas o mujeres familiares de republicanos solían ser ocultados, exculpados o muy poco castigados por la justicia militar franquista, que los consideraba una falta menor. De hecho, el general jefe del Ejército del Sur, Gonzalo Queipo de Llano, el 23 de julio de 1936, a los cinco días del golpe de Estado, en una de sus famosas charlas radiofónicas había dejado muy claro el castigo que recibirían las mujeres republicanas:

Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen.

Téngase en cuenta este discurso de Queipo de Llano, porque será su autor, la máxima autoridad militar en Andalucía en aquel momento, quien precisamente le imponga el correctivo de solo un mes de arresto militar al brigada Fidel Sánchez Valiente de la Rica por los delitos anteriores.

Aunque a través de la documentación archivística podamos desentrañar en parte la tragedia que supuso la dictadura franquista, nunca conseguiremos acercarnos a la intrahistoria de la represión a no ser por los testimonios de los testigos, de las víctimas o de sus descendientes. Esto es aplicable de manera más intensa a las formas de represión sufrida por las mujeres, y que rara vez padecieron los varones, como la violencia sexual. Por ese motivo, es de enorme importancia que hace bastantes años saliera a la luz en la prensa nacional un desgarrador testimonio de esta represión oculta, publicado en el periódico El Mundo el 18 de julio de 2006. Relataba la odisea vivida por Trinidad Gallego Prieto, enfermera militar en Madrid durante la guerra. En 1939 había sido encarcelada junto a su madre y su abuela, de 87 años. Tras pasar por varias cárceles, en mayo de 1943 la liberaron de la prisión maternal de Carabanchel, donde había ejercido como matrona. A partir de ese momento, Trinidad Gallego narró su calvario en la clínica de un conocido ginecólogo de la siguiente manera:

Entonces me enteré de que un cirujano que conocía había montado una clínica en Baena, Córdoba. Era una clínica buena, con quirófano y consulta. Su hermana vino a mi casa a preguntarme si quería ir. Dije que sí, y me llevé a mi madre, porque mi abuela ya había muerto. Fue la peor época de mi vida. Ese doctor abusó de mí en la clínica muchas veces y yo no tenía a quién quejarme. ¡Quién iba a creer a una expresa comunista y no a un doctor de familia de derechas! ¡A quién denunciabas! Yo no estaba colegiada y no me podía trasladar. Aguanté allí tres años, metiéndome luego la cucharilla [para abortar] cuando hacía falta, odiándole, preguntándome dónde ir y sin contárselo a nadie. Acabé con anemia perniciosa. A pesar de todo, conseguí colegiarme como matrona en Jaén y me fui a un pueblo a ocupar mi plaza.