El 24 de junio se rubricará el protocolo tras un pacto que se alcanzó hace 15 meses y para el que sólo el ayuntamiento no tiene presupuesto preparado, aunque garantiza que cumplirá con su parte
Lo más difícil se consiguió en marzo del año pasado, cuando dos administraciones del PSOE (Gobierno y Diputación) y dos del PP (Junta y Ayuntamiento de Sevilla) pactaron que se iba a excavar en el cementerio de San Fernando la fosa Monumento, la mayor de las que se abrieron en la capital con una previsión de hasta 2.600 víctimas franquistas. Pero desde entonces han pasado 15 meses sin noticias, primero cerrando el protocolo de turno y luego sin acuerdo para agendar una fecha y rubricarlo, algo que por fin se ha conseguido: será el próximo 24 de junio.
Ese día, las cuatro administraciones sellarán su compromiso, aunque con un documento que todavía no contendrá cláusulas de coste económico ni financiación. Eso queda para el convenio que vendrá a continuación, aunque todas las partes aseguran que ya tienen partida presupuestaria preparada. Todas menos el consistorio, que no obstante garantiza que cuando se concrete cuánto hay que poner y cuándo “allí estará el ayuntamiento para dar cumplimiento de las leyes en esta materia”.
El protocolo establece para los trabajos un plazo de tres años, aunque se puede prorrogar uno más. Y asume el que ha sido el principal caballo de batalla del Gobierno andaluz, que se incluya el pago de los trabajos genéticos, de los que hasta la fecha se hace cargo pero con la reclamación de que todos arrimen el hombro. De hecho, achaca a este desequilibrio el retraso que se produce en las pruebas de ADN.
El primer paso memorialista del ayuntamiento
Al acto de rúbrica está confirmada la presencia del secretario de Estadio de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que hace unos meses apuntaba a la Junta de Andalucía por los continuos aplazamientos que se estaban produciendo para la firma. De partida, y aunque los detalles están por concretar, la intención es copiar el modelo seguido para la exhumación de la fosa de Pico Reja, en la que los trabajos se completaron hace un par de años: el ayuntamiento asumirá la dirección del proyecto con una financiación a través de subvenciones nominativas.
Esto supondrá la primera gran actuación en materia memorialista del gobierno local de José Luis Sanz (PP), que en los dos años que lleva en la alcaldía ha aniquilado las partidas para políticas memorialistas alegando que es una “competencia impropia” del ayuntamiento. El argumento –que se mantiene desde el consistorio– es que se irá de la mano de lo que indiquen los gobiernos central y autonómico.
Esto le llevó a retirar la partida para Monumento que llegó a incluirse en el presupuesto municipal de 2023, el último que hizo PSOE. Y no constituyó hasta el pasado mes de noviembre el Consejo local de Memoria, pero sin incluir partidas económicas para ninguna actividad, lo que le ha valido el reproche continuo del colectivo memorialista. De hecho, este sábado (Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura) aprovecharán para denunciar una vez más sus “incumplimientos”.
El consistorio hispalense, por cierto, es el más expuesto políticamente con la exhumación de Monumento, ya que cuenta como aliado presupuestario con un grupo municipal de Vox radicalmente contrario a este tipo de iniciativas. En esta línea, hace unos días cargaba contra el PP por el “despilfarro” económico con las actividades del Mes de la Diversidad, amagando incluso con desatar una crisis que no ha pasado de meras palabras.
Cargos públicos de la ciudad y la provincia
Por lo que se refiere a Monumento, según el historiador Díaz Arriaza se enterraron aquí 825 fusilados por aplicación del bando de guerra, 229 por sentencias de consejos de guerra o 15 fallecidos por heridas de arma de fuego o metralla. Asimismo, hay 1.543 muertes sin especificar, entre los que se encontrarían un elevado número de asesinados sin que conste oficialmente la causa.
En este gran enterramiento colectivo puede haber unas 7.440 personas, de las que 2.613 serían víctimas del exterminio franquista. Esto es sobre el papel, porque el precedente de Pico Reja anima a tomas las cifras con prudencia: las previsiones hablaban allí de 850 represaliados, pero fueron 1.786 al final. No es descartable que algunos de los cuerpos que estaban en una se pasaran luego a otra, lo que alteraría unos cálculos que el trabajo en la fosa será el encargado de concretar.
Y si en Pico Reja se especulaba que pudiera estar enterrado Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza, así como el último alcalde republicano, Horacio Hermoso, en Monumento estarían los restos de cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, así como de funcionarios municipales. También se baraja que estén los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano en 1937 o Carmen Díaz, hermana del que fuese cuarto secretario general del Partido Comunista de España, José Díaz Ramos.
