Grupos de ultraderecha buscan que la presidenta de la Comunidad de Madrid declare el complejo como “Bien de Interés Cultural”, lo que permitiría boicotear los planes del Gobierno en ese espacio.
La ultraderecha franquista le reza a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la gran ilusión de lobbies franquistas y ultraconservadores que pretenden frenar a toda costa la resignificación de Cuelgamuros en la que trabaja el Gobierno. Es la última carta, e intentarán jugarla.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) no escatima esfuerzos ni papel a la hora de elaborar sus informes. Esta organización de extrema derecha, nacida y sostenida con el único fin de atacar las leyes de memoria y tratar de salvaguardar los símbolos de apología de la dictadura, cuenta con un voluminoso estudio de 420 páginas con el que busca fundamentar que Ayuso, si quiere, puede “salvar” Cuelgamuros.
El documento incluye distintos informes de arquitectos en activo y trabajos de fin de grado de estudiantes universitarios que analizaron las características de Cuelgamuros, incidiendo especialmente en su valor monumental.
Con ese estudio sobre la mesa, la asociación franquista alega que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está legalmente capacitada para declarar el Valle como Bien de Interés Cultural (BIC), una medida que permitiría boicotear la reconversión de ese gigantesco símbolo de la dictadura en un espacio de la memoria democrática.
Los ultras tienen razones para la esperanza. En septiembre pasado, el Gobierno de Ayuso otorgó la categoría de BIC a la escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1958 por los monjes benedictinos y compuesta en la actualidad por 40 niños de entre 8 y 16 años de edad.
“Su repertorio abarca desde la monodia medieval, especialmente el canto gregoriano e hispano-mozárabe, hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música”, afirmó la Comunidad de Madrid.
El director general de Patrimonio Cultural del Gobierno autonómico, Bartolomé González Jiménez, negó entonces que el reconocimiento otorgado a la escolanía contribuyese a la “protección integral del conjunto monumental del Valle”.
No obstante, la extrema derecha, tanto dentro como fuera de la Asamblea de Madrid, consideró que se trataba de un paso significativo hacia el objetivo de evitar la resignificación de ese espacio que promueve el Gobierno.
En las últimas semanas, La Moncloa avanzó en esa dirección con el aval del Vaticano y de la Conferencia Episcopal, lo que ha provocado ataques de grupos franquistas y falangistas contra los obispos.
“Una obra impresionante”
El estudio promovido por la ARVH para intentar que Ayuso proteja Cuelgamuros define ese espacio de apología de la dictadura como “una obra impresionante que, objetivamente hablando, constituye un conjunto magnífico, de importancia internacional”.
“Esta importancia, rebajada en los últimos años por cuestiones ajenas a sus valores culturales y religiosos, es la que se pretende recuperar con la catalogación de Bien de Interés Cultural que se propone en este informe”, explica el documento.
A lo largo del informe se detallan aspectos históricos y arquitectónicos de los distintos elementos que componen el complejo levantado por la dictadura en el término municipal de San Lorenzo del Escorial. Entre otros datos -y junto a un amplio número de imágenes-, se destaca, por ejemplo, que la cruz del Valle pesa “200 millones de kilos”.
El informe sostiene que el conjunto monumental debe ser declarado como BIC por el Gobierno de la Comunidad de Madrid debido a su interés histórico, artístico, paisajístico y etnográfico. Entre otras cuestiones, alega que cuenta que “la cruz más alta del mundo y la Iglesia católica más larga, siendo toda ella enterrada” o que se trata de un espacio creado para “servir de panteón a la reconciliación”.
Respecto a la cruz, sostiene que fue “construida en un momento en que no se disponía de los medios actuales y que además fue especialmente difícil para España que acababa de salir de una Guerra”.
El estudio indica además que la catalogación como Bien de Interés Cultural “debería ser extendida a todo el Valle de Cuelgamuros, a los accesos, a los impactos que al paisaje tanto desde como hacia pudiera haber, como a las rutas naturales y al Vía Crucis”. “Su catalogación como BIC garantiza el correcto mantenimiento y la conservación del inmueble en buenas condiciones higiénicas y de ornato y seguridad”, subraya.
El documento de la ARVH defiende que “si a esto se le añaden otros valores como son las bibliotecas de la Hospedería y del Monasterio, así como los recorridos naturales en el entorno, hacen obvio que el Complejo y el entorno del Valle de Cuelgamuros debe ser preservado como Bien de Interés Cultural en su categoría de Monumento para preservar los valores expuestos y especialmente para garantizar que se trasmitirá a las futuras generaciones como testigo de un momento en la historia de España“, apunta.
“Juzgar su significado y simbolismo es objeto de otros profesionales y de otros momentos esperemos más desapasionados”, añade.
Hazte Oír y Abogados Cristianos
El lobby ultraderechista Hazte Oír apoya esta campaña de la ARVH para presionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Ayuso podría acabar con todo esto en un segundo. Con declarar el Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural, tanto la Cruz como El Valle estarían a salvo“, afirmó el grupo que dirige Ignacio Arsuaga en un mensaje publicado el pasado 31 de marzo en sus redes sociales.
“Ayuso podría acabar con todo esto en un segundo”, afirma Hazte Oír
Hazte Oír ya había difundido una campaña de recolección firmas para exigirle a Ayuso que actuase en esa dirección. “Señora Ayuso: Como usted bien sabrá el Gobierno ya ha comenzado a trabajar para desmantelar el Valle de los Caídos y convertirlo en un museo de los horrores en el que reescribir la historia a su favor”, señalaba la carta lanzada por el lobby con el objetivo de recabar 100.000 firmas, y que hasta este miércoles acariciaba las 70.000.
“Si queremos salvarlo nos queda muy poco tiempo y una única opción: que la Comunidad de Madrid lo declare Bien de Interés Cultural y lo proteja de las garras de los social-comunistas”, dice la nota.
Abogados Cristianos lanzó una iniciativa similar para presionar a Ayuso. “Es la Comunidad de Madrid quien tiene la competencia para realizar este trámite y como tal debe actuar“, sostiene la organización de juristas ultraconservadores.
La campaña de este grupo, que a día de hoy ronda las 30.000 firmas, sostiene que “la declaración como Bien de Interés Cultural supondría una protección especial de la cruz y su entorno; protección con la que actualmente no cuenta a pesar de su destacado valor arquitectónico”.
